TR-9. Extinción de la deuda I: pago y aplazamiento

La deuda tributaria se extingue por los medios previstos legalmente. El pago, la compensación, la deducción y la condonación liberan solo por la cantidad satisfecha o extinguida; aplazar o suspender no borra el principal. En un expediente deben separarse la deuda originaria, los importes ingresados y los conceptos que siguen pendientes, sin confundir un movimiento contable con la extinción jurídica.

Puede pagar un tercero aunque el obligado lo ignore, pero no adquiere por ello sus derechos frente a la Administración. El ingreso debe realizarse ante un receptor competente o autorizado. Un recibo privado de un intermediario no habilitado no libera, aun cuando acredite una entrega real de dinero. De ahí la importancia de identificar deuda, receptor, importe y justificante.

El pago en efectivo comprende dinero de curso legal y los medios autorizados con sus condiciones. Una orden al banco no equivale por sí sola al ingreso. El justificante validado por entidad autorizada libera por su fecha e importe, salvo prueba fehaciente de inexactitud. En la transferencia se atiende a la entrada del importe en la entidad de caja.

El cheque del servicio de caja requiere nominación al Tesoro, cruzado y conformidad o certificación. Su eficacia liberatoria queda condicionada al cobro, con efectos desde la entrega cuando se hace efectivo. La tarjeta debe estar admitida y respetar los límites aplicables; no puede simultanearse con otro medio para un mismo documento ni minorarse el ingreso por descuentos comerciales.

En la domiciliación el momento de pago es el cargo en cuenta. Existe la posibilidad de cuenta ajena si lo autoriza su titular y se cumplen las condiciones administrativas. Si el cargo falla por una causa no imputable al obligado, no se le exigen recargos, intereses ni sanciones derivados de ese fallo, sin perjuicio de intereses a la entidad responsable.

Los efectos timbrados satisfacen la deuda al utilizarse reglamentariamente, no al comprarse. El canje de papel inutilizado por errores exige ausencia de firmas u otros indicios de haber surtido efecto. Los propios efectos debidamente inutilizados justifican el pago. Además, el deudor puede pedir certificación administrativa del ingreso, aunque disponga ya de otro justificante.

Una ley debe autorizar expresamente el pago en especie. No es admisible para deudas inaplazables del artículo 65.2. La petición identifica deuda y obligado e incorpora valoración e informe del órgano competente sobre el interés de aceptar los bienes, o justificación de haberlos solicitado. El plazo de resolución es seis meses y el silencio permite recurrir la desestimación presunta.

La aceptación es motivada y su eficacia depende de entregar o poner a disposición los bienes en forma y plazo. Ordinariamente la entrega se realiza en diez días desde el siguiente a notificar la aceptación, salvo entrega anterior. Cumplida esa condición, los efectos extintivos se sitúan desde la solicitud, pero se devengan los intereses previstos hasta la entrega o puesta a disposición con conocimiento administrativo.

Las autoliquidaciones siguen el plazo propio del tributo. En liquidaciones administrativas, las notificadas del uno al quince vencen el veinte del mes siguiente; las notificadas desde el dieciséis hasta fin de mes, el cinco del segundo mes posterior. El inhábil se desplaza al inmediato hábil siguiente. Las deudas colectivas y periódicas tienen calendario supletorio de septiembre a noviembre y un mínimo de dos meses si se modifica.

El obligado elige la imputación de sus pagos voluntarios entre deudas autónomas. En ejecución forzosa acumulada e insuficiente se aplica la antigüedad por exigibilidad, con las preferencias legales, no por la fecha que el contribuyente prefiera. Cobrar una deuda posterior no extingue otras anteriores. La consignación, en cambio, exige analizar su causa para atribuir efectos suspensivos o liberatorios.

La consignación se efectúa en la Caja General de Depósitos u órgano equivalente y puede comprender deuda y costas procedentes. Al impugnar, suspende la ejecución desde la consignación si se cumplen las normas reguladoras del recurso o reclamación. Esta modalidad no prejuzga que el acto sea inválido ni extingue por sí misma el objeto del litigio.

Cuando un receptor autorizado no admite el ingreso debiendo hacerlo o no puede recibirlo por fuerza mayor, la consignación comunicada a recaudación libera desde su fecha y por el importe depositado. Debe quedar acreditado el rechazo o impedimento. Depositar fondos en una cuenta privada o presentar una mera oferta de pago no sustituye este mecanismo reglamentario.

El aplazamiento y el fraccionamiento afrontan dificultades transitorias. Antes de valorar garantías se comprueba que la deuda sea aplazable. Son exclusiones relevantes los efectos timbrados, retenciones e ingresos a cuenta, créditos contra la masa, recuperación de ayudas, determinadas resoluciones firmes antes suspendidas, tributos repercutidos salvo cuotas impagadas acreditadas y pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades.

La solicitud debe justificar liquidez, capacidad futura y garantía o dispensa. La subsanación ordinaria es de diez días, pero la falta de autoliquidación previa o simultánea determina inadmisión. Durante la tramitación se pagan las fracciones propuestas o del calendario provisional. En ejecutivo la petición debe preceder a la notificación del acuerdo de enajenación; puede continuar apremio, suspendiéndose las actuaciones de enajenación en los términos legales.

La protección de una solicitud en voluntaria tiene una excepción relevante: si ya se denegó otra solicitud de aplazamiento, fraccionamiento, compensación, suspensión o pago en especie de la misma deuda en voluntaria, abriéndose otro plazo sin ingreso, las nuevas solicitudes contempladas en el artículo 161.2 no impiden el inicio ejecutivo. No debe encadenarse solicitudes suponiendo que cada una renueva indefinidamente la protección. Esta regla legal es distinta de la inadmisión reglamentaria de peticiones reiterativas sin modificación sustancial.

La cobertura voluntaria suma deuda e intereses y añade el veinticinco por ciento; la ejecutiva incluye el recargo correspondiente e intereses y añade el cinco por ciento. No debe confundirse cobertura con base de intereses: el recargo ejecutivo no integra esta última. El aval o seguro de caución por toda la deuda permite el interés legal; no se fija aquí ningún tipo anual supuesto como vigente.

La garantía se formaliza en dos meses y el aval debe exceder al menos seis meses del vencimiento garantizado. Los plazos concedidos se fijan en días cinco o veinte; pedir cambiarlos no los suspende. El silencio a seis meses es negativo. En el incumplimiento importa el período originario y si la garantía es conjunta o parcial independiente: las fracciones ajenas a una garantía independiente afectada conservan su acuerdo.

El artículo 82 permite exigir aval solidario bancario o de sociedad de garantía recíproca, o seguro de caución. Si se justifica imposibilidad de obtenerlo o grave compromiso de viabilidad, pueden admitirse hipoteca, prenda, fianza personal y solidaria u otra garantía suficiente. La dispensa total o parcial depende de los supuestos legales: cuantía fijada normativamente, insuficiencia patrimonial con efectos productivos, laborales o graves quebrantos para Hacienda, y otros previstos. No se presupone aquí un umbral monetario vigente; para aplicarlo debe identificarse la normativa específica y su ámbito.