TR-10. Extinción de la deuda II

La compensación requiere crédito reconocido administrativamente a favor del mismo obligado y se acuerda de oficio o a instancia suya. No equivale a descontar cualquier expectativa de devolución ni un crédito de otra sociedad del grupo. La LGT admite un sistema reglamentado de cuenta corriente, sin habilitar un saldo informal creado unilateralmente por el contribuyente.

Solo se extingue la cantidad concurrente. El exceso de deuda sigue el régimen ordinario y puede recibir compensaciones sucesivas con créditos posteriores. El exceso de crédito se abona al interesado. Debe conservarse el acuerdo notificado, que justifica la extinción; la solicitud y la propuesta no lo sustituyen. El cálculo requiere separar deuda total, crédito reconocido y conceptos que realmente concurren.

La solicitud identifica al obligado, deuda y crédito. La deuda exige importe, concepto y vencimiento voluntario; el crédito, importe, concepto y órgano gestor. Se acompaña el modelo de autoliquidación o se localiza su presentación anterior, además de la justificación contable del crédito o el título de reconocimiento de devolución tributaria. La suspensión de los trámites de abono evita pagar un crédito ofrecido para compensar.

Los defectos ordinarios se subsanan en diez días. No responder lleva a tener la solicitud por no presentada; responder sin corregirlos lleva a denegación. La inexistencia comprobada del crédito o de la solicitud de devolución determina archivo sin ese requerimiento. La petición válida en voluntaria protege solo la parte concurrente frente al inicio ejecutivo y no elimina los intereses legalmente procedentes.

El plazo de notificación de resolución solicitada es seis meses y el silencio desestimatorio permite recurrir o esperar decisión expresa. La primera denegación válida en voluntaria abre ordinariamente el artículo 62.2, manteniendo los intereses previstos y las salvedades del artículo 161.2. En ejecutivo pueden suspenderse actuaciones de enajenación, pero no se presume suspensión total de cualquier actuación.

De oficio, la regla general opera en ejecutivo e incluye los recargos procedentes. Existen supuestos en voluntaria para cantidades de una misma comprobación limitada o inspección, nueva liquidación tras anulación y ejecución de resoluciones sobre obligaciones conexas. La fecha del acuerdo no sustituye al momento extintivo legal: inicio ejecutivo o cumplimiento posterior, con la especialidad de concurrencia de cantidades en los casos previstos.

El artículo 161.2 impide atribuir protección reiterada frente al ejecutivo cuando ya se denegó una solicitud previa de las modalidades allí enumeradas sobre la misma deuda, abriéndose otro plazo sin ingreso. No basta renombrar una petición de aplazamiento como compensación para obtener indefinidamente nuevos períodos protegidos. Debe comprobarse la secuencia real de solicitudes, denegaciones y pagos antes de aplicar el efecto ordinario de la primera petición válida en voluntaria.

Las deudas públicas compensables de oficio deben ser vencidas, líquidas y exigibles tras el plazo voluntario. Los créditos reconocidos pueden ser tributarios o proceder de ejecución del presupuesto de gastos y devoluciones presupuestarias. Antes de promover deducción sobre transferencias se comprueba que no existen créditos susceptibles de esa compensación.

La deducción extingue con cantidades que la Administración estatal deba transferir a la entidad, respetando la legislación específica para comunidades autónomas y entidades locales. El inicio se notifica con propuesta e identificación de deuda, concediendo quince días para alegar. No debe extrapolarse este mecanismo a un deudor privado ni tratar la propuesta como extinción ya consumada.

Tras la audiencia procede propuesta al Departamento de Recaudación o archivo notificado. El cobro de las deudas afectadas queda suspendido desde el inicio hasta deducción o archivo. El órgano competente dicta y notifica el acuerdo cuando procede y se practican las comunicaciones necesarias para ejecutarlo. Los intereses devengados se liquidan y notifican cuando corresponda.

La suspensión no impide compensar de oficio un crédito reconocido después. En ese caso se reduce automáticamente el acuerdo de deducción por igual cuantía, sin acuerdo expreso adicional. Solo la deducción efectiva produce extinción por la cantidad concurrente. Mantener el acuerdo por su importe original después de compensar provocaría un cobro duplicado que la regla de reducción evita.

La condonación exige ley que determine cuantía y requisitos. No es una potestad general del recaudador para perdonar deuda por conveniencia. La baja por insolvencia, por el contrario, refleja imposibilidad de cobro probada total o parcial y mantiene la posibilidad de rehabilitar dentro de prescripción. La deuda dada de baja se extingue si vence el plazo sin rehabilitación.

Fallido se predica del obligado e incobrable del crédito. La insolvencia parcial se refiere a patrimonio conocido que solo cubre parte de la deuda. La baja contable alcanza únicamente a la cuantía declarada incobrable y no impide acciones legales contra quien corresponda mientras no prescriba. Esta distinción evita confundir una decisión de gestión con una extinción definitiva por ley.

Declarados fallidos principal y solidarios, se dirige la acción al subsidiario. Solo si no existe o también resulta fallido puede declararse incobrable conforme a esa secuencia. En entidades inscritas, el fallido se anota por mandamiento en el Registro Mercantil, que comunica posteriores actos presentados. Las deudas de vencimiento posterior pueden darse de baja por referencia si no existen otros obligados.

Recaudación debe vigilar la solvencia sobrevenida. Si aparece y no hay prescripción, rehabilita y reanuda desde la situación existente al declarar incobrable o dar la baja por referencia. Para reanudar basta solvencia de algún obligado al pago; no se exige recuperación económica del principal si existe otro obligado solvente. Tampoco se practica una nueva liquidación por el mero hecho de rehabilitar el crédito.

El apremio termina por pago de lo debido, por acuerdo de crédito incobrable una vez fallidos todos los obligados o por acuerdo que declare otra causa extintiva. Satisfacer solo la cuota no permite declarar ultimado un expediente con costas procedentes pendientes. En asistencia mutua existe además la posible terminación por modificación o retirada de la solicitud.

Cuando el producto es insuficiente, primero se pagan costas. Con varios débitos se respetan afectaciones singulares, preferencias genéricas y finalmente antigüedad por exigibilidad. El saldo no solventado sigue las reglas de incobrables, sin presumir que una sola venta insuficiente pruebe toda la insolvencia. Terminar por incobrabilidad admite reanudación dentro de prescripción ante solvencia conocida; no constituye perdón definitivo de deuda.