TR-11. Recaudación ejecutiva y apremio

El período ejecutivo es una fase temporal de recaudación, no el nombre de la providencia. En una liquidación administrativa se inicia al día siguiente de vencer el plazo de ingreso. En autoliquidaciones presentadas sin pagar, comienza al día siguiente de finalizar el plazo del tributo; si la presentación es posterior, al día siguiente de presentarla. Deben identificarse ambos datos antes de fijar la fecha.

La recaudación ejecutiva admite pago espontáneo. Si este no cubre todo lo debido, incluido el recargo procedente y las costas devengadas, el procedimiento continúa por el resto. No existe una ficción de extinción total por haber ingresado únicamente el principal. El inicio del ejecutivo origina consecuencias económicas conforme a los artículos 26 y 28, pero no permite sumar indiscriminadamente intereses, recargos y sanciones.

La primera solicitud admisible de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en voluntaria impide ese inicio mientras se tramita. La ley exceptúa la reiteración tras denegación de la misma deuda cuando se abrió otro plazo sin ingreso. Las sanciones recurridas en tiempo y forma tienen su propia protección hasta firmeza administrativa y fin del plazo voluntario. El concurso no suspende por sí mismo el plazo voluntario de las deudas concursales.

Los tres recargos del artículo 28 son incompatibles entre sí y se calculan sobre la deuda no ingresada en voluntaria. El ejecutivo es del 5 % y exige satisfacer toda esa deuda antes de notificarse la providencia. Importa la notificación, no la fecha interna de emisión. El reducido es del 10 % y requiere ingresar deuda y propio recargo dentro del plazo del artículo 62.5.

El ordinario es del 20 % cuando no se cumplen los presupuestos anteriores. Es compatible con intereses de demora; con el ejecutivo y el reducido no se exigen los intereses devengados desde el inicio del ejecutivo. Por tanto, una respuesta que acierta el porcentaje pero añade intereses al reducido no es correcta. Estos recargos son obligaciones accesorias, no sanciones por una infracción.

Cuando son exigibles, los intereses se devengan desde el inicio del ejecutivo hasta el ingreso, sin incluir el recargo de apremio en su base. El reglamento regula su liquidación posterior o simultánea al pago y la retención al embargar fondos suficientes. La regla supletoria del interés legal incrementado en un 25 % no sustituye la comprobación del tipo presupuestario aplicable al período.

El apremio es exclusivamente administrativo, se inicia e impulsa de oficio y no se acumula a procedimientos judiciales ni a otras ejecuciones. La Administración resuelve sus incidencias en el marco legal. Esto no significa ausencia de control revisor ni que pueda ignorarse un conflicto jurisdiccional o la normativa concursal.

En concurrencia con ejecuciones singulares, la preferencia para ejecutar se determina por la mayor antigüedad del embargo, tomando la fecha de la diligencia. No se comparan las fechas de liquidación, providencia o inscripción registral como si fueran equivalentes. Esta prioridad procedimental se distingue de la prelación sustantiva de cobro, que depende de la naturaleza del crédito.

En concurso, el artículo 164 contempla el embargo anterior a la declaración, pero remite también a la legislación concursal. No debe deducirse un derecho incondicionado a ejecutar separadamente cualquier bien. La remisión histórica a la Ley 22/2003 se interpreta hoy en el marco del texto refundido concursal. La posibilidad de dictar providencia o devengar recargos en los casos legales no equivale por sí sola a autorización para continuar toda ejecución material.

La interposición de un recurso contra una liquidación no suspende automáticamente todo apremio por el mero hecho de recurrir. Se aplican las reglas de revisión y los restantes supuestos tributarios. Distinto es demostrar ante recaudación un error material, aritmético o de hecho perjudicial, el ingreso, condonación, compensación, aplazamiento o suspensión de la deuda, o la prescripción del derecho al cobro: procede suspensión automática sin garantía.

La tercería de dominio protege la titularidad del tercero sobre lo embargado. Suspende el apremio respecto de esos bienes tras adoptar las medidas de aseguramiento pertinentes. La tercería de mejor derecho discute la preferencia de cobro: el procedimiento sigue hasta realizar los bienes, consignando el producto a resultas de la resolución. No son intercambiables ni producen una paralización idéntica.

La nulidad parcial conserva las actuaciones no afectadas por su causa. Asimismo, anular recargos u otros componentes distintos de cuota o sanciones no invalida las actuaciones respecto de los conceptos no anulados. Debe examinarse el alcance real de la decisión, en lugar de dar por extinguido todo el expediente ante cualquier anulación.

El procedimiento comienza mediante providencia notificada al obligado. Identifica la deuda, liquida el recargo y requiere el pago. Es título suficiente con fuerza ejecutiva equivalente a una sentencia para proceder contra bienes y derechos; no necesita homologación civil. La competencia concreta deriva de la norma organizativa y, en recaudación convenida de otras Administraciones, corresponde al órgano competente de estas para dictarla.

El artículo 70 RGR exige identificación del obligado, concepto, importe y período, constancia del impago, final del plazo voluntario y comienzo de intereses, liquidación del recargo, requerimiento, advertencia de ejecución y fecha. La relación de futuros bienes embargados no forma parte de ese catálogo. La notificación incorpora lugar de ingreso, costas, aplazamiento, suspensión y recursos.

La oposición está tasada: extinción total o prescripción; solicitud en voluntaria y otras causas suspensivas; falta de notificación de la liquidación; anulación de esta; error u omisión que impida identificar deuda o deudor. No se utiliza este recurso como una segunda oportunidad general para discutir bases imponibles o culpabilidad sancionadora. Los defectos propios del embargo se examinan en la impugnación de la diligencia.

Notificada la providencia entre los días 1 y 15, el plazo concluye el 20 del mismo mes; notificada del 16 al último, el 5 del siguiente. Si el término no es hábil se traslada al inmediato hábil siguiente. No se utilizan los plazos más amplios del artículo 62.2 para liquidaciones. Para conservar el recargo reducido debe pagarse también ese recargo dentro del plazo.

La deuda garantizada conduce en primer lugar a ejecutar la garantía, una vez incumplido el pago requerido. La Administración puede acudir antes a otros bienes si la garantía no es proporcionada o el obligado los propone suficientes. En la parte asegurada por los nuevos embargos, la garantía queda sin efecto. Si deviene manifiestamente insuficiente puede continuarse el apremio, mediante acuerdo motivado, sin esperar su ejecución.

En aval o garantía personal se requiere al garante por deuda, recargos e intereses hasta el límite garantizado, con plazo del artículo 62.5. Si incumple, se procede contra sus bienes con la providencia del obligado sin nueva notificación de providencia. La ejecución de garantías no está sujeta a la espera de firmeza de liquidación del artículo 172.3, aunque conserva las restantes garantías procedimentales aplicables.

La prelación general protege créditos tributarios vencidos y no satisfechos frente a otros acreedores, con la excepción de derechos reales inscritos anteriormente y las salvedades legales. La hipoteca legal tácita es una garantía especial para tributos periódicos sobre bienes o derechos inscribibles o sus productos: alcanza el año natural de exigencia y el anterior, incluso frente a acreedores o adquirentes inscritos.

La afección legal del artículo 79 genera responsabilidad subsidiaria con el bien y requiere derivación. En transmisiones, adquisiciones o importaciones opera sobre cantidades liquidadas o no, con protección del tercero amparado por fe pública registral y del adquirente de muebles no inscribibles que reúna las condiciones legales. Los beneficios fiscales condicionados se reflejan mediante nota marginal de la liquidación que habría procedido sin beneficio.

La retención aduanera del artículo 80 asegura derechos e impuestos liquidados sobre mercancías declaradas mientras no se garantice suficientemente su pago. No es un embargo general de todo el patrimonio. En asistencia mutua, los créditos extranjeros no disfrutan de prelación frente a otros créditos públicos ni de estas garantías, salvo previsión específica de su normativa.

Las medidas del artículo 81 aseguran provisionalmente el cobro cuando hay indicios racionales de que se frustrará o dificultará gravemente. Deben motivarse y notificarse, ser proporcionadas y limitarse a la cuantía estrictamente necesaria. No se permiten si producen perjuicios de difícil o imposible reparación. Pueden adoptarse durante los procedimientos de aplicación cuando se acrediten suficientemente los presupuestos; no requieren esperar siempre al apremio.

El catálogo incluye retención de devoluciones o pagos, embargo preventivo y prohibiciones de disponer, entre otras medidas legalmente previstas. Su finalidad de aseguramiento se distingue de la realización ejecutiva del patrimonio. El plazo general de efectos es seis meses desde la adopción. Existen conversión en embargo o medida judicial, desaparición del riesgo, sustitución y ampliación motivada de hasta otros seis meses.

Un aval solidario o seguro de caución que garantice el cobro de toda la cuantía de la medida obliga a levantarla conforme al artículo 81.7.c. Los supuestos vinculados al procedimiento del artículo 253 tienen reglas especiales, entre ellas efectos de veinticuatro meses cuando se adoptan durante su tramitación o después. No debe presentarse el plazo ordinario como universal ni confundir estas medidas con las del artículo 146 para preservar pruebas.

El artículo 82 permite exigir aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución. Si se justifica imposibilidad de obtenerlos o grave compromiso de viabilidad, pueden admitirse hipoteca, prenda, fianza personal solidaria u otra garantía suficiente. La alternativa no equivale a concesión automática del aplazamiento ni a una dispensa de suficiencia.

La dispensa total o parcial tiene supuestos tasados: cuantía inferior al umbral normativo, insuficiencia de bienes combinada con afectación sustancial de capacidad productiva y empleo o graves quebrantos para Hacienda, y restantes casos normativos. No se inventa aquí un importe universal: los umbrales y su ámbito deben comprobarse en la disposición aplicable.

En período ejecutivo la solicitud puede presentarse hasta notificarse el acuerdo de enajenación. No paraliza íntegramente el apremio: la Administración puede iniciarlo o continuarlo, pero suspende las actuaciones de enajenación hasta notificar la denegación. Esta diferencia entre embargo y venta resulta decisiva para resolver un caso en el que la solicitud se presenta con bienes ya trabados.