TR-12. Embargo, responsables y sucesores

Recaudación puede investigar la existencia y situación de bienes y derechos, con las facultades y requisitos de la remisión al artículo 142 LGT. Puede adoptar medidas de aseguramiento en los términos del artículo 146. El obligado debe colaborar y, a requerimiento, declarar bienes suficientes para cubrir la deuda. Estas facultades no suprimen las garantías de acceso a domicilios protegidos.

El embargo se practica con proporcionalidad por la cuantía suficiente para deuda no ingresada, intereses devengados o que se devenguen hasta el ingreso, recargos y costas. No es una traba ilimitada de cualquier valor disponible. Si un bien es inembargable por ley debe excluirse; también si se presume que realizarlo costará más que el precio normalmente obtenible.

Transcurrido el plazo de apremio sin ingreso se procede al embargo cuando no se haya satisfecho la deuda ejecutando garantías o sea previsible motivadamente su insuficiencia. Cada actuación se documenta en diligencia, pudiendo acumular deudas de un mismo obligado. Distinguir deuda, providencia y diligencia evita exigir una nueva liquidación por cada bien localizado.

Primero se atiende a la mayor facilidad de enajenación y menor onerosidad para el obligado, salvo orden acordado en los términos legales. Si esos criterios son imposibles o muy difíciles de aplicar, rige la lista: dinero, créditos a corto plazo, salarios, inmuebles, rentas y frutos, establecimientos, objetos preciosos, muebles y semovientes y derechos a largo plazo. Corto plazo significa realización no superior a seis meses en circunstancias normales y a juicio recaudador.

Los bienes cuya traba exige entrar en el domicilio se embargan en último lugar. A solicitud del obligado puede alterarse el orden si se mantiene eficacia y prontitud de cobro sin perjudicar a terceros. La diligencia documenta el embargo y se notifica a quienes señala el artículo 170, incluidos cónyuge por gananciales y cotitulares, además de las especialidades reglamentarias.

La oposición está limitada a extinción o prescripción, falta de notificación de la providencia, incumplimiento de normas del embargo y suspensión de la recaudación. No es el catálogo de oposición a la providencia: allí se examina, entre otros motivos, la falta de notificación de la liquidación. Identificar el acto impugnado es el primer paso antes de elegir motivo.

Si el bien es inscribible, Hacienda tiene derecho a anotación preventiva mediante mandamiento con el mismo valor que el judicial. Se solicita certificación de cargas y se notifica a los titulares posteriores en los términos del artículo 170.2. La anotación no convierte automáticamente el crédito en preferente frente a todos los demás: la ley conserva la prelación del artículo 77 si se ejercita tercería de mejor derecho; de lo contrario prevalece el orden registral.

El artículo 170.6 permite prohibir disponer de inmuebles de una sociedad aunque la recaudación no se dirija contra ella, si se han embargado al obligado sus acciones o participaciones y existe el control efectivo legalmente exigido. No basta que sea administrador de la sociedad ni que esta posea inmuebles. La relación de control debe justificarse en el mandamiento.

El recurso contra esa medida se limita a la falta de sus presupuestos de hecho. Debe distinguirse de un embargo directo de los inmuebles sociales por deudas propias de la sociedad. La anotación preventiva es una técnica de publicidad y aseguramiento, no una declaración automática de responsabilidad de la persona jurídica por todas las deudas del socio.

El embargo conocido en una entidad depositaria puede extenderse a otros bienes del deudor allí existentes dentro del ámbito territorial de la Administración ordenante. En cuentas con varios titulares solo se traba la parte del obligado; se presume división igual en titularidad indistinta o mancomunada salvo prueba de titularidad material diferente. La facultad de disponer de todo el saldo frente al banco no demuestra que todo pertenezca materialmente al deudor.

Las cantidades retenidas se ingresan tras veinte días naturales desde el siguiente a la traba, si no llega comunicación en contrario. La demora operativa de retención prevista para fondos no localizados tiene otro plazo, de hasta cinco días improrrogables. No se mezclan los dos momentos. Si se abonan habitualmente salarios o pensiones, se respetan los límites legales aplicados al importe del mes del embargo o, en defecto, del anterior.

El deudor de un crédito embargado debe atender la diligencia: desde su notificación el pago al contribuyente deja de ser liberatorio. Las percepciones salariales o de pensión múltiples se acumulan para deducir una sola parte inembargable sobre su suma. Los valores admitidos a cotización se realizan a través del mercado correspondiente, como especialidad frente a la subasta ordinaria.

El embargo de inmuebles se refleja registralmente mediante los mandamientos reglamentarios; el artículo 86.1 contempla su presentación por triplicado. En vehículos se requiere al obligado para ponerlos a disposición con documentación y llaves en cinco días. Los establecimientos se inventarían incluyendo los derechos y elementos que procedan, como cesión del arrendamiento, propiedad industrial, maquinaria, mercaderías e indemnizaciones.

Si la continuidad de los directivos amenaza la solvencia, puede nombrarse funcionario administrador o interventor previa audiencia. El embargo de derechos sobre planes de pensiones requiere atender a la normativa específica sobre disponibilidad y ejecución: no se presenta la enumeración histórica reglamentaria como exhaustiva. Sí es inequívoco el deber de gestoras y depositarias de tomar nota y trasladarla en diez días, informando de trabas previas.

El depósito garantiza conservación hasta la realización. Puede mantenerse en entidades solventes o designarse otro lugar; en locales del obligado, por oportunidad o dificultad de transporte, puede ser necesario y no cabe oponerse. El depositario custodia, conserva, devuelve y rinde cuentas. Los actos adicionales precisan autorización y el incumplimiento puede originar responsabilidad solidaria en los términos legales, además de la civil o penal procedente.

La LGT prevé subasta, concurso o adjudicación directa. Como regla, no se enajena hasta que la liquidación ejecutada sea firme, con las excepciones de fuerza mayor, bienes perecederos, pérdida inminente de valor o solicitud expresa del obligado. El acuerdo de enajenación tiene una impugnación específica cuando las diligencias se tuvieron por notificadas conforme al artículo 112.3, limitada a los motivos contra el embargo.

La valoración se comunica al obligado, que dispone de quince días desde el siguiente a la notificación para presentar valoración contradictoria por perito adecuado. Si la diferencia no supera el veinte por ciento de la menor, se aplica la tasación más alta. Si lo supera, se intenta acuerdo; sin él, una nueva valoración pericial debe situarse entre las anteriores y será la aplicable. No es la misma regla que la tasación pericial contradictoria de una base tributaria.

El tipo inicial se obtiene de la valoración, descontando cargas reales anteriores cuando no la excedan y aplicando la regla especial si la superan. Las cargas anteriores subsisten sin pagarse con el remate. Para nuevas convocatorias de bienes sin adjudicar rigen coeficientes de 0,8 en segunda y 0,6 en posteriores, con las operaciones específicas sobre cargas. No se denomina segunda licitación presencial a una nueva subasta electrónica.

La forma ordinaria es subasta pública única y electrónica en el Portal de Subastas del BOE, salvo ejecución material especializada. Entre notificaciones y celebración deben transcurrir al menos quince días; la apertura es después de al menos veinticuatro horas de publicar el anuncio. Son plazos distintos. Se excluyen licitadores como tasadores, depositarios y personal implicado en los términos reglamentarios.

El depósito es diez por ciento del tipo para bienes o lotes exclusivamente muebles y cinco por ciento cuando hay al menos un inmueble. Las pujas duran veinte días naturales desde apertura. Se admiten ofertas superiores, iguales o inferiores a la mayor; en igualdad prevalece la anterior. La subasta espera una hora desde la última puja, con límite de ampliación de veinticuatro horas. La puja mínima ordinaria es diez por ciento del tipo, con la excepción de cargas indicada por el artículo 104.3.

La Mesa se reúne en quince días naturales desde el fin de ofertas. Si la mejor alcanza el cincuenta por ciento, se adjudica conforme a la regla general; por debajo decide según interés público, sin precio mínimo. El adjudicatario completa precio menos depósito en quince días desde notificación o pierde el depósito, sin perjuicio de responsabilidad. Las reservas permiten adjudicaciones posteriores según el reglamento. La liberación por pago íntegro se mantiene hasta el hito de certificación o escritura del artículo 104.4.

El concurso se reserva a perturbaciones nocivas del mercado por la subasta u otras razones justificadas de interés público. La decisión se toma en cinco días desde terminar la admisión de ofertas. La adjudicación directa responde a sus propios supuestos, como bienes no adjudicados en concurso, productos perecederos, urgencia o inconveniencia justificada de concurrencia. No procede automáticamente por el mero fracaso de una subasta.

Pueden adjudicarse a Hacienda inmuebles y muebles de interés no adjudicados en la enajenación, con las especialidades legales. El importe es el débito perseguido, limitado al setenta y cinco por ciento del tipo inicial. Si las cargas inmobiliarias superan el valor de adjudicación, se consulta a Patrimonio del Estado, con tres meses para contestar y sin adjudicación si no contesta o deniega. La escritura pública a elección del adjudicatario tiene comunicación en cinco días e ingreso adicional del cinco por ciento del remate.

Las costas comprenden gastos de ejecución previstos legalmente, como honorarios registrales, depósito y valoración externa. Se excluyen los gastos ordinarios administrativos. Si lo obtenido no cubre las costas, el resto es a cargo de la Administración en los términos del artículo 115.6. Cubiertos débito, intereses y costas, se levanta el embargo de los bienes no enajenados y se entregan al obligado.

La responsabilidad puede declararse después de liquidar o presentar autoliquidación. Corresponde al órgano de recaudación iniciar y resolver en los términos del artículo 174. El reglamento prevé audiencia de quince días y plazo máximo de notificación de seis meses. El responsable recibe un plazo voluntario del artículo 62.2; no hereda automáticamente un apremio ya vencido sin posibilidad propia de ingreso.

En general puede impugnar presupuesto habilitante y liquidaciones afectadas, con efectos limitados a su obligación y sin reabrir liquidaciones firmes para otros. En responsabilidad del artículo 42.2 no puede impugnar las liquidaciones, sino el alcance global de la responsabilidad conforme a la especialidad legal. La petición de aplazamiento o suspensión de uno no paraliza la recaudación frente a los demás responsables.

Si la responsabilidad solidaria fue declarada y notificada antes de vencer la voluntaria original, basta requerir pago al terminarla; la subsidiaria exige fallidos el principal y, en su caso, los solidarios. Quien proyecta adquirir una explotación puede solicitar certificación previa con conformidad del titular. Debe expedirse en tres meses y la ausencia de deudas o falta de expedición en plazo produce la exoneración legal; una solicitud posterior a adquirir no obtiene ese efecto.

El fallecimiento permite continuar la recaudación con herederos y, en su caso, legatarios, una vez constatado y notificado el requerimiento. No se utiliza una declaración de responsabilidad como presupuesto universal de la sucesión. Las sanciones de la persona física no se transmiten. Deben diferenciarse de la deuda tributaria pendiente y de la sucesión de entidades, con su régimen material propio.

El artículo 127 RGR adapta el requerimiento a la fase del causante. En voluntaria se concede el plazo del artículo 62.2; iniciado ejecutivo sin providencia, el pago previo a notificarla lleva recargo ejecutivo; fallecido tras providencia pero antes de vencer su plazo, se requiere deuda y reducido; si ya venció, deuda y ordinario. El fallecimiento no borra automáticamente los recargos procedentes.

El derecho a deliberar suspende la recaudación respecto del heredero durante su plazo, pero no impide actuaciones frente a la herencia yacente. Esta puede soportar recaudación sobre sus bienes y derechos, con su administrador o representante. En sociedades extinguidas puede requerirse a cualquiera o todos los sucesores, simultánea o sucesivamente, respetando el alcance de su obligación legal; la técnica de requerimiento no convierte por sí misma en ilimitada la responsabilidad de cada socio.