TR-8. Inspección tributaria

La inspección investiga presupuestos desconocidos y comprueba la veracidad de lo declarado. También obtiene información, valora, controla requisitos de beneficios y regímenes, liquida, informa al obligado y asesora a otros órganos. Puede realizar comprobación limitada conforme a su régimen. La resolución de reclamaciones económico-administrativas no forma parte de estas funciones.

Los órganos de inspección son administrativos y se definen por funciones y atribución organizativa. En el ámbito estatal existen órganos AEAT y de inspección catastral. Las actuaciones sobre tributos locales y la colaboración territorial se rigen por sus normas, sin convertir a cualquier entidad local en competente fuera de su territorio sin las vías previstas.

Determinadas tareas preparatorias o de comprobación material pueden encomendarse a personal no funcionario en los términos reglamentarios. Ello no traslada automáticamente todas las potestades inspectoras ni permite que cualquiera firme actos reservados a funcionarios competentes.

Los planes parciales se integran en el control tributario y se basan en criterios de riesgo, oportunidad, aleatoriedad u otros pertinentes. En la AEAT se elaboran anualmente. Los planes, medios informáticos y sistemas de selección tienen carácter reservado; esa reserva se distingue del derecho a conocer naturaleza y alcance de la actuación iniciada.

La selección concreta de obligados es un acto de trámite no recurrible separadamente en los términos reglamentarios. Las inspecciones coordinadas entre administraciones mantienen su finalización e impugnación independientes; la coordinación no crea una liquidación única emitida por un órgano inexistente.

Los funcionarios inspectores son agentes de la autoridad y deben acreditar su condición fuera de oficinas si se les requiere. Están sujetos a sigilo, a las reglas sobre declaración testifical y a comunicación de hechos delictivos por el cauce previsto. La facultad de usar información para informes y peritajes respeta los límites de reserva del artículo 95.

La inspección examina contabilidad, libros, facturas, registros, bases de datos y otros antecedentes con trascendencia tributaria, e inspecciona bienes y explotaciones. El obligado requerido comparece por sí o representante y aporta la documentación exigible; no se presume siempre obligatoria su presencia personal.

Para datos que no deban estar inmediatamente disponibles, el reglamento establece con carácter general diez días hábiles y cinco para reiteraciones. Deben distinguirse de los plazos mínimos de requerimientos individualizados o de movimientos bancarios, que tienen previsiones específicas.

La personación sin comunicación previa no elimina los límites de entrada. Si no está el obligado, los encargados o responsables de los lugares tienen deberes de colaboración según la norma. En grupos, la sociedad representante y las dependientes atienden las actuaciones en los términos reglamentarios.

La entrada en fincas y locales vinculados a actividades se rige por el artículo 142.2 y su desarrollo. Si no existe consentimiento y el lugar no es domicilio constitucionalmente protegido, procede el acuerdo de la autoridad administrativa competente. En AEAT corresponde al delegado o director de departamento del que depende el órgano, según la norma.

Para domicilio constitucionalmente protegido se requiere consentimiento del titular o autorización judicial. Un acuerdo administrativo no sustituye esa garantía. La solicitud y autorización pueden ser anteriores al inicio formal cuando se cumplen identificación, conceptos y períodos y demás requisitos legales; no es una autorización general sin motivación ni delimitación.

La conformidad por actos que hacen posible una actuación en lugares no protegidos no debe trasladarse mecánicamente a consentimiento ilimitado para domicilio protegido. Tampoco la autorización horaria para actuar de noche sustituye el título necesario para entrar. Se distinguen lugar, entrada, horario y finalidad de la actuación.

Las obligaciones informativas del artículo 93 alcanzan personas y entidades públicas o privadas y datos con trascendencia tributaria propios o de relaciones con terceros. No se limitan a quien está siendo inspeccionado. Los requerimientos individuales tienen plazos y, en determinados casos bancarios, autorización del órgano competente.

Existen límites específicos como secreto de datos estadísticos, diligencias sumariales y datos confidenciales de clientes conocidos por asesoramiento o defensa. El profesional no puede utilizar su secreto para impedir comprobar su propia tributación. La aplicación concreta exige delimitar qué información se pide y su relación con esos ámbitos.

La obtención inmediata sin requerimiento escrito previo se condiciona a la naturaleza de los datos y a documentos que deben estar disponibles. En cuentas conjuntas, acceder a los movimientos por uno de los titulares no permite usarlos indiscriminadamente frente a otro sin los trámites previstos.

El artículo 143 distingue comunicaciones, diligencias, informes y actas. Las actas son documentos públicos que recogen el resultado de comprobación e investigación y proponen regularización o declaran correcta la situación. Las diligencias documentan hechos y manifestaciones sin contener propuestas de liquidación.

Las actas hacen prueba de los hechos que motivan su formalización salvo prueba contraria. Los hechos aceptados por el obligado se presumen ciertos y solo se rectifican mediante prueba de error de hecho en los términos legales. No se convierten por ello todas las interpretaciones jurídicas en hechos irrebatibles.

Las menciones del acta incluyen la existencia o inexistencia de indicios de infracción en opinión del actuario. Eso no equivale a incorporar una sanción en toda acta ni elimina la separación de procedimientos donde proceda. En diligencias se recoge la posición del obligado respecto de hechos y circunstancias consignados.

La inspección se inicia de oficio o a petición del obligado en los términos de la solicitud de alcance general. General o parcial se refiere a la extensión sobre elementos de una obligación y período, no simplemente a cuántos años se comprueban ni al lugar de actuación.

Salvo indicación contraria, el reglamento atribuye alcance general. Existen supuestos de parcialidad, como comprobar requisitos de un beneficio. El obligado sometido a parcial puede pedir general en quince días y la Administración dispone del plazo legal para ampliar o iniciar. Su incumplimiento no produce automáticamente caducidad de lo parcial, sino el efecto específico sobre interrupción para comprobación general.

La inadmisión de la solicitud tiene régimen de impugnación separado del acto final. La liquidación provisional derivada de inspección tampoco abre una libertad ilimitada para regularizar nuevamente lo mismo: se aplican las circunstancias y límites de elementos del artículo 148.3.

La duración general es dieciocho meses; los supuestos especiales de la ley determinan veintisiete. Si durante la actuación se aprecia una circunstancia que impone el plazo especial, se cuenta desde el inicio notificado y se comunica al obligado, no se suma un nuevo período completo desde su descubrimiento.

La ley distingue suspensión, períodos de no actuación solicitados y extensiones por documentación tardía. Los períodos solicitados tienen límite conjunto de sesenta días naturales y duración mínima reglamentaria. La aportación tardía tras requerimientos o tras acta solo produce las extensiones cuando concurren todos los presupuestos legales.

Exceder la duración no causa caducidad: el procedimiento continúa con efectos específicos sobre interrupción, espontaneidad de ingresos e intereses. La retroacción por defectos formales utiliza el tiempo restante o seis meses si este es superior. No deben confundirse estas reglas con las de caducidad general de procedimientos de gestión.

Los lugares legalmente previstos permiten desarrollar la inspección conforme a sus necesidades y garantías. La documentación se examina, como regla, donde legalmente debe hallarse, con excepciones regladas. Las copias de libros en cualquier soporte pueden analizarse en oficinas administrativas en los términos del artículo 151.

Las oficinas públicas tienen su horario oficial y jornada de trabajo; los locales del obligado tienen reglas propias de horario y excepciones. La actuación fuera de jornada sin consentimiento exige los presupuestos y autorización previstos. Si existe discapacidad o movilidad reducida se elige el lugar más apropiado entre los legalmente posibles.

La utilización de sistemas digitales requiere conformidad del obligado. Las citaciones para comparecer fuera de su presencia respetan el plazo mínimo reglamentario. Ninguna de estas reglas permite confundir una comparecencia sin preaviso con entrada sin consentimiento ni autorización cuando estos sean exigibles.

Las cautelares del artículo 146 pretenden evitar desaparición, destrucción o alteración de pruebas de obligaciones tributarias. No se identifican con las cautelares dirigidas a asegurar cobro. Pueden consistir en precinto, depósito o incautación de los elementos previstos, con proporcionalidad y límite temporal.

No deben ocasionar perjuicio de difícil o imposible reparación. El órgano competente para liquidar ratifica en quince días desde adopción y las medidas se levantan si desaparecen las circunstancias. Incautación implica tomar posesión de elementos muebles; depósito y precinto tienen funciones distintas.

La medida se documenta mediante diligencia con inventario, circunstancias y finalidad. El obligado dispone del trámite de alegaciones reglamentario de cinco días improrrogables. El acuerdo de ratificación, modificación o levantamiento tiene el régimen de impugnación previsto, sin impedir discutir la medida al recurrir el acto final.

El acta con acuerdo requiere los presupuestos legales y, para suscribirla, autorización del órgano competente para liquidar y depósito, aval solidario o seguro de caución suficiente. No equivale a aceptar simplemente hechos ni a una conformidad ordinaria.

En el acta con acuerdo opera el plazo de diez días para la producción y notificación de liquidación en los términos legales si no se rectifican errores materiales. Su revisión administrativa se limita a nulidad de pleno derecho y la vía contenciosa tiene la regla de vicios del consentimiento.

En conformidad, transcurrido el mes sin los acuerdos legalmente previstos, se entiende producida y notificada la liquidación conforme a la propuesta. La conformidad no se revoca libremente, sin perjuicio de recurrir la liquidación. Si solo se acepta parte y esa parte arroja devolución, el reglamento prevé una única acta de disconformidad con los elementos aceptados.

Negarse a recibir o suscribir el acta determina tramitación de disconformidad, no archivo automático. Las alegaciones en esa modalidad siguen el plazo del artículo 157.3 ante el órgano competente para liquidar. El acta documenta propuesta y resultado, mientras que la liquidación es el acto normalmente impugnable.

Las actas no se recurren separadamente por el mero hecho de ser de disconformidad. Se mantienen las vías contra las liquidaciones resultantes, con sus regímenes específicos. La aceptación de hechos tiene los límites probatorios ya estudiados, sin eliminar toda discusión jurídica.

En supuestos como prescripción del derecho a liquidar o no sujeción, la terminación adopta el acuerdo del órgano competente en los términos reglamentarios. Las liquidaciones de actuaciones parciales son provisionales. No se debe llamar caducidad a cualquier finalización sin ingreso ni convertir toda propuesta de acta en liquidación definitiva.