TR-7. Gestión tributaria

La gestión comprende funciones administrativas de aplicación enumeradas en el artículo 117: recepción y tramitación de documentos, devoluciones, beneficios, obligaciones formales, verificación, valores, comprobación limitada, liquidaciones, certificados, NIF, censos e información. La cláusula residual se delimita frente a funciones de inspección y recaudación.

La gestión se inicia por autoliquidación o declaración, comunicación, solicitud o de oficio según la normativa. El catálogo del artículo 123 no es cerrado: pueden regularse otros procedimientos reglamentariamente con respeto de las normas comunes. No se confunde un procedimiento de gestión con una reclamación revisora ni con un apremio recaudatorio.

La elección del procedimiento debe ajustarse al objeto y a las facultades que permite. Una diferencia de datos no habilita cualquier intensidad de investigación por el cauce más simple. Para resolver preguntas de examen se identifican función, inicio, actuaciones permitidas y forma de terminación.

El procedimiento de devolución se inicia mediante autoliquidación a devolver, solicitud o comunicación de datos conforme a la norma del tributo. No toda devolución supone que existiera un ingreso indebido; las derivadas de la propia normativa siguen el régimen del artículo 31.

En autoliquidación presentada dentro del plazo, la devolución se cuenta desde finalizar ese plazo, no necesariamente desde el día de presentación. Si se presenta fuera de plazo, el cómputo parte de esa presentación extemporánea. Para solicitudes se atiende a su presentación y para comunicaciones al fin de su plazo en los términos del artículo 126.

El procedimiento termina por reconocimiento, caducidad en el supuesto previsto o inicio de verificación, comprobación limitada o inspección. El cambio de procedimiento no elimina los intereses que correspondan sobre la devolución finalmente procedente. No equivale tampoco a reconocer automáticamente todo lo solicitado.

Cuando la norma lo dispone, el obligado declara el hecho imponible y aporta datos para que la Administración cuantifique por liquidación provisional. Esta distribución de tareas se diferencia de una autoliquidación, en la que el obligado también califica y cuantifica.

El plazo general de notificación es seis meses desde el día siguiente al fin del plazo declarativo, con reglas para reinicio tras caducidad y presentación extemporánea. La normativa del tributo puede fijar otro plazo. La Administración utiliza lo declarado y otros datos, pide aclaraciones y justificantes y puede comprobar valores.

Si sus datos o valores difieren de los declarados debe notificar propuesta motivada para alegaciones. La liquidación tiene la exclusión de intereses entre presentación de declaración y fin del pago voluntario prevista en el artículo 129. La caducidad permite un nuevo procedimiento dentro de la prescripción, no una liquidación ilimitada en el tiempo.

El artículo 131 contempla defectos formales, errores aritméticos, discrepancias con otros datos y aplicaciones indebidas patentes de la declaración o sus justificantes. La aclaración o justificación de la letra d excluye el desarrollo de actividades económicas. Esa limitación debe aplicarse al presupuesto invocado sin confundirla con una prohibición absoluta de toda comprobación de actividad por cualquier procedimiento.

Puede iniciarse mediante requerimiento o propuesta de liquidación cuando existen datos suficientes. La propuesta y la liquidación provisional tienen motivación y trámite de alegaciones. Si se discuten datos administrativos de terceros, deben aplicarse las reglas probatorias de contraste.

Puede terminar sin cuota adicional, por aclaración o subsanación, por liquidación, por caducidad o por inicio del procedimiento legal que comprenda el objeto. La verificación no impide una comprobación posterior. No debe convertirse su terminación en una garantía de intangibilidad de todos los datos de ese período.

La valoración utiliza los medios del artículo 57 y las condiciones de la normativa de cada tributo. Entre ellos figuran referencias fiscales, precios de mercado, cotizaciones, dictámenes, seguros y otras transmisiones. El Catastro es la referencia fiscal indicada para los coeficientes inmobiliarios del artículo 57.1.b; esto no permite prescindir de la normativa específica de la base del impuesto.

El precio de otra transmisión del mismo bien requiere el marco temporal y mantenimiento sustancial de circunstancias del reglamento. Si se declararon los valores publicados por la propia Administración actuante en aplicación de los medios legales, opera la excepción del artículo 134.1. No se identifica esa situación con cualquier valoración privada.

La propuesta de valoración debe motivar medios y criterios. No se recurre de forma independiente cuando acompaña a la regularización, sin perjuicio de tasación pericial o discusión al recurrir el acto. Cuando la ley atribuye efectos a otros interesados, la Administración actuante queda vinculada en los términos previstos y aquellos conservan sus posibilidades de impugnación.

La tasación pericial se promueve en el plazo del primer recurso o reclamación contra la liquidación basada en valores comprobados, o frente al acto de valoración cuando lo prevea la norma. No debe esperarse como regla general a una liquidación firme ni confundirse con un recurso autónomo universal contra cualquier valoración.

La solicitud produce las suspensiones de ejecución y plazo de recurso previstas por el artículo 135. También suspende el inicio del procedimiento sancionador o su plazo de terminación si ya comenzó. Los efectos posteriores se rigen por la ley; no se presume extinción automática de la responsabilidad sancionadora.

Si la valoración inicial no fue por perito administrativo, se requiere esa valoración para la comparación. El obligado nombra perito dentro del plazo de diez días y este formula hoja de aprecio en un mes según el reglamento. La ausencia de designación o de valoración en plazo tiene las consecuencias de desistimiento reguladas, no el nombramiento automático de un perito particular por la Administración.

Si la diferencia absoluta entre perito administrativo y perito del obligado no supera simultáneamente 120.000 euros y el 10 % de la tasación del obligado, esta última sirve de base. Si se supera el límite legal, procede tercero. El porcentaje no se calcula sobre el valor declarado ni se reemplazan los dos requisitos por uno solo.

Los honorarios del tercero utilizan una regla distinta: si la diferencia absoluta entre su tasación y el valor declarado supera el 20 % de este, paga el obligado; en otro caso paga la Administración. No se utiliza aquí el umbral de 120.000 euros. La falta de depósito por una parte implica aceptar la valoración del perito de la otra en los términos legales.

El valor del tercero queda entre los límites del declarado y del inicialmente comprobado. La terminación puede producirse por valoración del tercero, desistimiento, innecesariedad de tercero, falta de depósito o caducidad prevista. No existe el silencio positivo de tres meses presentado como opción de examen.

La comprobación limitada puede examinar hechos, actos y demás circunstancias determinantes de la obligación, pero solo mediante las actuaciones legalmente permitidas. Incluye datos declarados, antecedentes, registros, facturas y requerimientos a terceros con la finalidad establecida.

La redacción vigente permite examinar contabilidad para constatar coincidencia con la información disponible, incluida la obtenida en el procedimiento. No debe utilizarse la antigua afirmación de exclusión absoluta. El examen no impide ni limita la posterior comprobación inspectora de operaciones.

No pueden requerirse a terceros movimientos financieros por este procedimiento, aunque al propio obligado pueden pedirse justificantes de operaciones que incidan en base o cuota. La regla de actuaciones en oficinas admite excepciones, entre ellas el examen contable. Este se practica en los lugares del obligado en presencia suya o de designado, salvo consentimiento para oficinas públicas; las copias pueden analizarse administrativamente en cualquier soporte.

Se inicia de oficio por órgano competente y comunica naturaleza, alcance, derechos y obligaciones. Las actuaciones se documentan en comunicaciones y diligencias; antes de liquidación provisional se comunica propuesta para alegar. No se exigen actas inspectoras como documento necesario de este procedimiento.

La resolución debe identificar obligación o elementos, ámbito temporal, actuaciones realizadas, hechos y fundamentos, además de liquidación o indicación de que no procede regularizar. También termina por caducidad o por inspección que incluya su objeto en los términos legales.

El artículo 140 limita una nueva regularización del objeto comprobado, salvo nuevos hechos o circunstancias obtenidos en actuaciones distintas. Un cambio de gestor o de preferencia interpretativa no cumple por sí solo esa excepción. Los hechos conformados expresamente solo se impugnan probando error de hecho, sin transformar toda cuestión jurídica en hecho consentido.

Antes de aplicar la solicitud de los artículos 126 y siguientes RGAT debe comprobarse si la normativa del tributo exige autoliquidación rectificativa conforme al artículo 120 LGT. El régimen tradicional no se describe como única vía universal. Cuando corresponde solicitud, debe existir autoliquidación previa y respetarse liquidación definitiva y prescripción.

Si una comprobación o investigación en curso incluye la obligación, no se inicia solicitud separada, pero el obligado conserva alegaciones y documentos favorables dentro de ese expediente. Si ya hubo provisional, el motivo distinto se identifica por elementos que no fueron regularizados, no por cambiar las palabras de la petición.

La solicitud se documenta y acredita el ingreso cuando procede. La tramitación comprueba las circunstancias y la devolución; propone resolución con quince días para alegar salvo coincidencia con lo pedido. El plazo máximo es seis meses y el silencio permite entender desestimada, sin liberar a la Administración de sus deberes legales.

El artículo 130 RGAT regula la rectificación de declaraciones, comunicaciones de datos y solicitudes de devolución después de los actos administrativos previstos: liquidación provisional de la declaración o acuerdo de devolución o denegación en los otros casos. El contenido puede perjudicar intereses legítimos o conducir a una liquidación superior o devolución menor.

Debe distinguirse de complementar o sustituir esos documentos antes de la decisión administrativa. Si existe provisional, la rectificación se sujeta a la regla de consideración o motivo distinto relativa a elementos no regularizados. No es un mecanismo para ignorar sin más los efectos del acto ya dictado.

Se aplican las normas procedimentales a las que remite el reglamento y sus especialidades. La identificación del documento y de la fase del expediente evita confundir una solicitud de rectificación con el recurso contra una liquidación o con una autoliquidación rectificativa del tributo.