TR-5. Asistencia y procedimientos tributarios

La aplicación de los tributos abarca actividades administrativas de información y asistencia, gestión, inspección y recaudación, además de actuaciones del obligado al ejercer derechos y cumplir deberes. La resolución de reclamaciones económico-administrativas se ejerce separadamente. Por ello, no se incluye cualquier función tributaria dentro de aplicación sin distinguir su naturaleza.

La competencia territorial se determina por las reglas organizativas; en defecto de disposición expresa, se atribuye al órgano funcional inferior en cuyo territorio radique el domicilio fiscal. Esa regla supletoria no permite ignorar competencias centrales o ámbitos funcionales expresamente definidos.

Las actuaciones y procedimientos se rigen por sus normas tributarias especiales y, supletoriamente, por el procedimiento administrativo general. Las fases comunes se estudian sin sustituir las especialidades de cada procedimiento. Una regla general de seis meses o de audiencia no se aplica mecánicamente cuando una ley regula un régimen diferente.

La información y asistencia se instrumenta mediante publicaciones, comunicaciones, consultas escritas, valoraciones previas y ayuda en declaraciones. La rectificación de una autoliquidación es una actuación procedimental distinta de esos instrumentos. A petición de interesados se facilita el texto íntegro de consultas o resoluciones suprimiendo datos identificativos de personas afectadas.

La solicitud escrita de información que puede contestarse con antecedentes existentes tiene el plazo reglamentario de tres meses; no se confunde con la consulta escrita de seis meses. La información inmobiliaria del artículo 90 produce vinculación durante tres meses desde notificación cuando se solicita antes del fin del plazo relevante y se aportan datos verdaderos y suficientes.

El acuerdo previo de valoración del artículo 91 necesita previsión en la normativa del tributo y sigue un régimen propio. La falta de contestación en plazo acepta los valores propuestos en ese régimen, a diferencia del silencio de una consulta. Su vigencia máxima supletoria es tres años, con los condicionantes sobre cambios legislativos y económicos y la posible previsión normativa distinta.

La consulta escrita se formula antes de terminar el plazo de ejercicio del derecho, presentación de declaración o cumplimiento de la obligación. Debe aportar antecedentes y circunstancias suficientes y puede requerirse subsanación en diez días. La consulta extemporánea se inadmite y se comunica al interesado, sin convertirla automáticamente en rectificación de una autoliquidación.

La Administración competente contesta en seis meses desde la presentación. En el ámbito estatal la competencia reglamentaria corresponde a la Dirección General de Tributos, con la salvedad aduanera legal. La falta de respuesta no significa aceptación del criterio defendido por el consultante. Presentar o contestar una consulta no interrumpe los plazos de cumplimiento de las obligaciones.

La vinculación alcanza a los órganos de aplicación en los términos legales y se extiende a supuestos con identidad de hechos y circunstancias. No vinculan las cuestiones relacionadas con objeto o tramitación de procedimientos, recursos o reclamaciones iniciados previamente. La respuesta tiene carácter informativo y no se recurre directamente, sin impedir recurrir los actos posteriores que aplican su criterio.

La colaboración social permite participar en la aplicación de tributos conforme a condiciones reglamentarias. Puede instrumentarse mediante acuerdos con administraciones, entidades privadas y organizaciones representativas, incluidos colegios y asociaciones de profesionales fiscales para promover cumplimiento cooperativo. No exige que toda colaboración se reduzca a un convenio individual firmado personalmente por el Ministro.

Las actividades incluyen estudios, difusión, simplificación y asistencia. La presentación de documentos de un obligado, subsanación de defectos, información de devoluciones y solicitud de certificados requieren la autorización prevista. La adhesión del profesional a un acuerdo no reemplaza por sí sola la voluntad del cliente ni le da acceso indiscriminado a sus datos.

Conviene distinguir campañas generales de información de actuaciones individualizadas. La primera no supone representar a cada destinatario, mientras que presentar una autoliquidación en nombre ajeno exige la representación y autorización que procedan. El uso de medios telemáticos no elimina esas exigencias.

Los datos obtenidos en funciones tributarias tienen carácter reservado y su uso se limita a la aplicación efectiva de tributos o recursos encomendados y a las sanciones procedentes, con las cesiones legalmente previstas. No se vuelven públicos al terminar un expediente ni pueden entregarse a cualquier organismo que alegue interés.

Las excepciones del artículo 95 responden a finalidades concretas. La colaboración penal no se limita a delitos fiscales, pero exige la clase de delito prevista. La ejecución de resoluciones judiciales firmes requiere resolución motivada, ponderación de intereses y agotamiento de otros medios en los términos de la letra h. La colaboración administrativa de la letra k exige autorización previa del obligado, sin borrar otras excepciones legales distintas.

El deber de sigilo alcanza a autoridades y funcionarios y su infracción tiene la calificación disciplinaria muy grave prevista, sin perjuicio de responsabilidades civiles o penales. Los retenedores también tienen uso limitado de datos a sus obligaciones de pagos a cuenta. Las comisiones parlamentarias de investigación acceden en el marco legal, no por una excepción genérica para cualquier interés informativo.

El procedimiento puede iniciarse de oficio o por el obligado mediante los instrumentos previstos. Los documentos de inicio deben identificar al obligado y, en su caso, representante mediante nombre o razón social y NIF. El obligado puede obtener certificación de lo presentado y, con las condiciones legales, rehusar documentación ya aportada o no exigible, sin impedir que se le pida ratificar datos concretos.

Las comunicaciones notifican inicio, hechos o requerimientos. Las diligencias son documentos públicos de hechos y manifestaciones y no pueden contener propuestas de liquidación. Los derechos de copia y acceso están sujetos a las reglas de intereses de terceros, intimidad y condición de parte; un expediente concluido no se abre automáticamente a cualquier solicitante.

La prueba tributaria no exige período específico ni comunicación previa de cada actuación. Puede omitirse audiencia anterior a la propuesta cuando existe alegación posterior prevista o acta con acuerdo; el trámite de alegaciones dura entre diez y quince días. Las actuaciones digitales bidireccionales del artículo 99.9 requieren conformidad del obligado sobre uso, fecha y hora, junto con las garantías técnicas legales.

El artículo 100 contempla resolución, desistimiento, renuncia, imposibilidad material sobrevenida, caducidad, cumplimiento de lo requerido y otras causas legales. Negarse a firmar una diligencia no es por sí mismo una causa general de terminación. Puede existir resolución automatizada si el procedimiento prevé esa forma de terminar.

La liquidación es un acto resolutorio administrativo que cuantifica deuda o cantidad a devolver o compensar. No equivale a una autoliquidación presentada por el obligado, y la Administración no queda vinculada sin comprobación a todos los datos declarados. Las liquidaciones son provisionales o definitivas conforme al artículo 101; firmeza y carácter definitivo no significan lo mismo.

La inspección integral da lugar en general a definitiva, con las excepciones legales, y puede producir provisionales en los supuestos tasados. La notificación expresa identificación, cuantificación, motivación cuando procede, recursos, pago y carácter. En cobro periódico por recibo, tras notificar el alta, las sucesivas pueden notificarse colectivamente según el artículo 102.3.

Existe deber de resolver y notificar en los términos del artículo 103, con excepciones para determinadas comunicaciones y circunstancias de terminación. Si el interesado pide declaración expresa de esas circunstancias, debe contestarse. El plazo máximo es el del procedimiento, sin superar seis meses salvo ley o normativa europea; si falta plazo, rigen seis meses. El apremio tiene la excepción vinculada a prescripción del cobro.

En procedimientos de oficio se cuenta desde la notificación del inicio; a instancia, desde entrada en registro del órgano competente. A los solos efectos de cumplir plazo máximo basta el intento de notificación con texto íntegro; electrónicamente, la puesta a disposición en los términos legales. Esto no fija por sí solo el inicio del plazo de recurso. Interrupciones justificadas, dilaciones y suspensiones siguen su régimen específico.

Los efectos del vencimiento dependen primero de la norma del procedimiento. Subsidiariamente se diferencian solicitud y oficio, efectos favorables y gravamen. Caducidad no implica prescripción automática; las actuaciones caducadas no interrumpen, aunque las pruebas pueden ser válidas después. Una paralización imputable al solicitante requiere la advertencia de tres meses para la caducidad prevista.

Quien hace valer su derecho prueba los hechos constitutivos. El obligado cumple su deber si designa concretamente pruebas que obran en poder de la Administración. No puede transformarse esta regla en exigencia universal de probar todos los hechos imaginables ni en exoneración de motivar a la Administración.

La factura es medio prioritario para justificar determinadas operaciones, pero no prueba privilegiada de su realidad. Si la Administración cuestiona fundadamente su efectividad, el obligado debe aportar prueba de que ocurrieron. Los hechos de diligencias aceptados y las manifestaciones se presumen ciertos, con rectificación por prueba de error de hecho en los términos del artículo 107.

Las presunciones normativas admiten prueba contraria salvo prohibición expresa por ley. Las no normativas necesitan un enlace preciso y directo entre hecho demostrado y deducido. Los datos declarados por terceros que se utilizan para regularizar deben contrastarse cuando el obligado alegue inexactitud o falsedad; no basta invocar mecánicamente que aparecían en una declaración informativa.

En procedimientos solicitados se notifica en lugar designado o, subsidiariamente, domicilio fiscal. En los de oficio existe la pluralidad de lugares adecuados del artículo 110. Cuando no están presentes obligado o representante en el lugar previsto, puede recibir quien se encuentre allí e identifique, incluidos empleados de la comunidad en los términos legales. El rechazo por interesado o representante tiene efecto de notificación realizada.

Para comparecencia se documenta la imposibilidad no imputable a la Administración y los intentos requeridos: normalmente dos, uno si consta desconocido en el lugar. El anuncio se publica en BOE los días establecidos. La comparecencia dispone de quince días naturales desde el siguiente a publicación; sin acudir, la notificación se entiende producida el día siguiente al vencimiento.

La incomparecencia inicial permite tener por notificadas sucesivas actuaciones en los términos del artículo 112.3, pero no suprime la notificación general de liquidaciones ni acuerdos de enajenación. El obligado mantiene la posibilidad de comparecer después. Deben separarse esos efectos de los requisitos de validez de los intentos iniciales y de la notificación electrónica cuando resulte aplicable.