TR-14. Revisión en vía administrativa

El artículo 213 LGT permite revisar actos de aplicación tributaria y sancionadores por procedimientos especiales, reposición y reclamaciones económico-administrativas. Los especiales son nulidad, lesividad, revocación, rectificación de errores y devolución de ingresos indebidos. No debe confundirse un procedimiento especial con un recurso ordinario ni incorporar la tasación pericial contradictoria a esta lista. La capacidad, representación, prueba y notificaciones se rigen por las normas comunes con las especialidades del título V; las decisiones deben motivarse con hechos y fundamentos jurídicos.

Las resoluciones económico-administrativas firmes y los actos sobre los que haya recaído resolución económico-administrativa tienen límites reforzados: nulidad, errores y recurso extraordinario de revisión, además de la posibilidad legal de lesividad. No cabe utilizar revocación para eludir una resolución de tribunal. Si el acto o resolución ha sido confirmado por sentencia judicial firme, el artículo 213.3 impide revisarlo administrativamente. Firmeza, fin de vía y silencio no son sinónimos: el silencio negativo abre defensa, no confirma judicialmente el acto.

El artículo 217 enumera causas tasadas de nulidad: lesión de derechos susceptibles de amparo, incompetencia manifiesta por materia o territorio, contenido imposible, infracción penal, omisión total del procedimiento, adquisición de derechos sin requisitos esenciales y otras previstas por ley. No toda falta de motivación ni toda incompetencia jerárquica encaja automáticamente. Puede iniciarse de oficio o a instancia del interesado; exige audiencia y dictamen consultivo favorable para declarar nulidad. En el ámbito estatal resuelve el ministro competente en Hacienda.

La nulidad tiene plazo de un año: si se inició de oficio caduca, sin impedir otro procedimiento; a solicitud produce silencio desestimatorio. La lesividad del artículo 218 sirve para impugnar judicialmente actos favorables anulables. Su declaración no anula por sí misma el acto. Exige audiencia, no puede adoptarse después de cuatro años desde la notificación y el procedimiento caduca a los tres meses desde su inicio. Confundir esos cuatro años con duración procedimental conduciría a conservar indebidamente un expediente ya caducado.

La revocación del artículo 219 actúa en beneficio del interesado por infracción manifiesta de ley, circunstancias sobrevenidas o indefensión. No concede exenciones ilegales ni puede contradecir igualdad, interés público u ordenamiento. Se inicia siempre de oficio, aunque el interesado pueda promover que se valore; resuelve órgano distinto del autor, con audiencia e informe jurídico. Solo cabe mientras no haya prescrito y caduca a los seis meses. No es un recurso que el contribuyente pueda exigir que se estime por silencio.

La rectificación del artículo 220 corrige errores materiales, de hecho o aritméticos por el propio órgano, de oficio o a petición, antes de prescripción. No sustituye una controversia interpretativa por una simple corrección. La devolución del artículo 221 comprende duplicidad, exceso y pagos tras prescripción, con excepción de la regularización del artículo 252. Si el ingreso procede de un acto firme, hay que remover ese acto mediante la vía especial idónea. Si procede de autoliquidación, se atiende al artículo 120.3. La devolución indebida incorpora intereses del artículo 32.2.

La reposición tributaria del artículo 222 es potestativa respecto de actos reclamables. Si se elige, precede a la reclamación y no se simultanean: se espera resolución expresa o posibilidad de considerar desestimado el recurso. Presentar ambos dentro del plazo conduce a tramitar el primero e inadmitir el segundo. Contra notificación expresa se interpone en un mes desde el día siguiente; para deudas periódicas de notificación colectiva se cuenta desde el final del período voluntario, no desde el recibo bancario.

Resuelve el órgano que dictó el acto y, en actos delegados, el delegado salvo previsión contraria. Puede revisar todas las cuestiones del expediente, pero no empeorar la posición inicial y debe dar audiencia sobre cuestiones nuevas. Tiene deber de resolver; el plazo máximo es un mes con las exclusiones legales y el silencio al mes permite reclamar. La suspensión concedida tiene efectos sobre intereses si se incumple el plazo de resolución. No cabe interponer otra reposición contra la resolución de la primera ni tratar el silencio como aceptación de la liquidación.

Recurrir no suspende por sí solo una liquidación. La suspensión automática a instancia del interesado exige garantías del importe, intereses y recargos de ejecución de garantía. La lista legal incluye depósito, aval o fianza solidaria de entidad habilitada, seguro de caución y fianza personal solidaria en los supuestos normativos. En reposición puede suspenderse sin garantía por posible error material, aritmético o de hecho. Las sanciones recurridas en plazo tienen su régimen automático sin garantías del artículo 212.3.

En reclamación existen otras garantías suficientes y dispensa por perjuicios difíciles o imposibles de reparar. Hay que acreditar los presupuestos: el tribunal puede inadmitir la solicitud sin indicios documentales. La suspensión parcial deja exigible lo no recurrido. Se mantiene en las instancias económico-administrativas y puede continuar desde reposición con las condiciones reglamentarias. Para enlazar con la vía judicial se comunica en plazo la interposición y solicitud de suspensión, manteniendo la garantía eficaz hasta decisión judicial. El recurso extraordinario de revisión no permite suspender el acto por esa vía.

El artículo 73 RGR remite la suspensión del apremio por recurso o reclamación a las normas de revisión. Distingue el supuesto en que se demuestra error, pago, compensación, aplazamiento, suspensión o prescripción: se suspenden actuaciones mientras se dicta el acuerdo correspondiente. No se confunde acreditar una causa que impide el apremio con presentar cualquier recurso y exigir paralización automática.

Los artículos 226 y 227 comprenden liquidaciones, sanciones, reconocimiento de derechos y determinados actos de trámite que deciden el fondo o terminan el procedimiento. También se reclaman actuaciones entre particulares sobre repercusión, retenciones, facturas y sustitución tributaria. La mera disconformidad con cualquier trámite no abre una reclamación autónoma. Pueden reclamar obligados, infractores y afectados en sus intereses legítimos, pero no el mero denunciante ni quien asuma obligaciones por pacto privado sin legitimación propia.

Los órganos estatales son TEAC, tribunales regionales y locales y Sala Especial para Unificación de Doctrina. Actúan con independencia funcional; la competencia es irrenunciable e improrrogable. El TEAC conoce en única instancia de actos centrales y en alzada de resoluciones regionales en primera instancia. Los umbrales de alzada son superiores a ciento cincuenta mil euros, o un millón ochocientos mil para bases y valoraciones. Si cabe alzada, es posible acudir directamente al TEAC. La territorialidad ordinaria sigue la sede del órgano autor; entre particulares, el domicilio fiscal del reclamante, y si está fuera de España, TEAC.

La reclamación contra acto expresamente notificado se interpone en un mes. Frente a silencio se puede reclamar desde el día siguiente a sus efectos, sin convertirlo en firme al mes. El escrito contra acto administrativo se dirige al autor para remisión al tribunal; entre particulares se dirige al tribunal. Si incluye alegaciones y no hubo reposición previa, el órgano autor puede anular total o parcialmente antes de remitir dentro del plazo legal, enviando el nuevo acto. El trámite ordinario de puesta de manifiesto permite alegar y probar durante un mes.

El tribunal revisa hechos y derecho sin empeorar la situación inicial. Puede estimar, desestimar o inadmitir; defectos formales que disminuyen defensa justifican retroacción. Renuncia, desistimiento, caducidad de instancia y satisfacción extraprocesal provocan archivo motivado. La duración general es un año por instancia, no caducidad automática: el silencio permite recurrir y subsiste obligación de resolver. El abreviado se aplica por debajo de seis mil euros, o setenta y dos mil para bases y valoraciones; dura seis meses y se resuelve en única instancia. Sus resoluciones no admiten alzada ordinaria.

La alzada ordinaria ante TEAC se interpone en un mes contra resoluciones dictadas en primera instancia. El recurso de anulación, en quince días ante el tribunal autor, atiende a inadmisibilidad incorrecta, pruebas o alegaciones declaradas inexistentes e incongruencia completa y manifiesta; también puede dirigirse contra acuerdos de archivo. No constituye una segunda oportunidad general para discutir el fondo. Los actos ejecutivos deben ajustarse al fallo y el recurso contra ejecución se plantea ante el órgano del tribunal que lo dictó, sin reposición previa.

La alzada extraordinaria para unificar criterio corresponde a órganos legitimados y respeta la situación particular, fijando criterio vinculante. La unificación de doctrina frente al TEAC tiene legitimación y Sala Especial propias. La revisión extraordinaria contra actos o resoluciones firmes necesita documentos esenciales nuevos o de imposible aportación, falsedad judicialmente declarada o conducta punible en sentencia firme. Se interpone en tres meses desde conocer documentos o firmeza judicial y resuelve TEAC en seis meses. No es una vía para reabrir cualquier error jurídico consentido. La doctrina reiterada del TEAC vincula a los órganos administrativos indicados por la ley, no a los jueces.