TR-1. Sistema fiscal español

La Constitución no se limita a autorizar la recaudación: impone criterios sobre cómo debe distribuirse la carga y cómo deben utilizarse los recursos. El artículo 31.1 vincula el deber de todos de contribuir con la capacidad económica y un sistema justo inspirado en igualdad y progresividad, sin alcance confiscatorio. La igualdad no obliga a exigir siempre la misma cantidad a capacidades económicas diferentes.

La progresividad se predica del sistema tributario. No significa que toda figura aislada deba tener una tarifa progresiva ni permite ignorar la reserva legal de sus elementos. El gasto tiene reglas propias en el artículo 31.2: asignación equitativa de los recursos y programación y ejecución conforme a eficiencia y economía.

La LGT diferencia principios de ordenación y de aplicación. La aplicación exige proporcionalidad, eficacia y limitación de costes indirectos de obligaciones formales, con respeto a los derechos y garantías. La conveniencia recaudatoria no autoriza a prescindir del carácter reglado ni de la posibilidad de impugnar las actuaciones.

La potestad originaria para establecer tributos corresponde exclusivamente al Estado mediante ley. Comunidades autónomas y corporaciones locales pueden establecerlos y exigirlos dentro de la Constitución y las leyes. Deben distinguirse creación, gestión y atribución del rendimiento de un tributo; que una entidad cobre una cantidad no prueba que tenga potestad para crear ese impuesto.

Las prestaciones personales o patrimoniales públicas se establecen con arreglo a la ley. Los beneficios fiscales que afecten a tributos estatales requieren ley. Un órgano administrativo no puede conceder una exención singular simplemente por considerarla conveniente para un solicitante.

La ley de Presupuestos no puede crear tributos; puede modificarlos si una ley tributaria sustantiva lo prevé. Los límites del decreto-ley y de otras fuentes se estudian junto a estas reglas. Las Administraciones solo pueden contraer obligaciones financieras y realizar gastos conforme a las leyes, por lo que el control jurídico no se limita al momento de ingresar.

La LGT clasifica los tributos en tasas, contribuciones especiales e impuestos, cualquiera que sea su denominación. El impuesto se exige sin contraprestación y su hecho imponible manifiesta capacidad económica. Las tasas y contribuciones especiales tienen presupuestos diferentes: no deben clasificarse solo según el nombre que les dé una ordenanza o el recibo.

Las contribuciones especiales se vinculan al beneficio o aumento de valor derivado de obras públicas o establecimiento o ampliación de servicios. La tasa se conecta con los supuestos legales de utilización del dominio público o de prestación de servicios y actividades. El fin primordial de los tributos es obtener ingresos para sostener gastos públicos, sin excluir los fines extrafiscales admitidos.

Un precio público no es por esa sola denominación un tributo. La Ley 8/1989 exige, para su definición, servicios o actividades en régimen de Derecho público, solicitud voluntaria y prestación también por el sector privado. El análisis debe atender a esos elementos y al ámbito de la ley, no suponer que toda contraprestación cobrada por una entidad pública sea una tasa.

El IRPF es personal y directo y grava la renta de personas físicas según su naturaleza y circunstancias personales y familiares. Su objeto incluye rendimientos, ganancias y pérdidas e imputaciones legales, sin reducirse al salario. El Impuesto sobre Sociedades es también directo y personal, y grava la renta de sociedades y demás entidades jurídicas conforme a su ley.

El IRNR es directo y grava renta obtenida en España por personas físicas y entidades no residentes. No utiliza la nacionalidad como sustituto de la residencia fiscal. Los tratados y convenios y la forma de obtención de la renta pueden condicionar el régimen concreto.

El Impuesto sobre el Patrimonio recae sobre el patrimonio neto de personas físicas; no equivale a gravar la renta anual ni el patrimonio de cualquier sociedad. El ISD es directo y subjetivo y grava incrementos patrimoniales lucrativos de personas físicas. Las adquisiciones lucrativas por personas jurídicas se encuadran en Sociedades, sin que esa clasificación permita calcular una cuota sin aplicar las demás reglas.

El IVA recae sobre consumo a través de entregas y prestaciones de empresarios o profesionales, adquisiciones intracomunitarias e importaciones, con sus reglas de sujeción, exención y territorio. No grava simplemente todas las entradas de dinero. La importación y la adquisición intracomunitaria son categorías distintas.

El ITPAJD es indirecto y comprende transmisiones patrimoniales onerosas, operaciones societarias y actos jurídicos documentados. No debe confundirse con el ISD de adquisiciones lucrativas. Un mismo acto no se liquida por TPO y por operaciones societarias, conforme a la regla expresa de su texto refundido.

Los impuestos especiales son indirectos sobre consumos específicos y tienen los hechos y fases regulados en su ley: fabricación, importación y otras operaciones, además de las figuras relativas a electricidad, determinados medios de transporte y carbón. El Impuesto sobre las Primas de Seguros es otra figura indirecta específica. Identificar la naturaleza de un impuesto no basta para resolver su liquidación, que exige comprobar ámbito, exenciones y elementos de cuantificación.

El Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales es indirecto y se refiere a servicios delimitados por su ley con intervención de usuarios situados en el territorio de aplicación. No es un tributo general sobre cualquier uso de Internet. El Impuesto sobre las Transacciones Financieras es indirecto y grava determinadas adquisiciones de acciones, no toda transferencia bancaria.

El Impuesto Complementario de la Ley 7/2024 es directo y personal y se refiere a rentas de entidades de grupos multinacionales o nacionales de gran magnitud en las condiciones legales. Su función de garantizar imposición mínima no lo convierte en una tasa administrativa por inscribirse en un grupo.

El Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas es directo, personal y complementario del Impuesto sobre el Patrimonio. La norma señala patrimonio neto superior a tres millones de euros y prohíbe su cesión a comunidades autónomas. Superar el umbral no equivale a conocer la cuota final: exenciones, mínimos y demás elementos deben aplicarse después. Su denominación temporal no permite asumir que dejó de aplicarse sin comprobar la prórroga y las reglas vigentes.

La Ley General Presupuestaria define la Hacienda Pública estatal como el conjunto de derechos y obligaciones económicos de titularidad de la AGE y sus organismos autónomos. No es sinónimo de todos los patrimonios de todas las entidades del sector público estatal. La personalidad y titularidad de cada entidad importan para delimitar el concepto.

Sus derechos pueden ser públicos o privados. Los tributos y otros derechos derivados de potestades administrativas tienen naturaleza pública en los términos del artículo 5.2; un crédito procedente de un contrato privado no se vuelve impuesto únicamente porque el acreedor sea el Estado.

La Constitución reserva al Estado la competencia sobre Hacienda general y deuda del Estado en los términos del artículo 149.1.14. La gestión de recursos y obligaciones se somete a las normas presupuestarias y tributarias pertinentes, sin identificar cualquier función del Ministerio con una potestad libre de disponer de ingresos o condonar deudas.

Las comunidades gozan de autonomía financiera para desarrollar y ejecutar sus competencias con coordinación con la Hacienda estatal y solidaridad entre todos los españoles. Sus recursos se encuadran en el artículo 157 CE y en la legislación de financiación; no pueden adoptar medidas tributarias sobre bienes fuera de su territorio ni obstáculos a la libre circulación en los términos constitucionales.

Los tributos propios deben respetar los límites de la LOFCA. No deben confundirse materia económica y hecho imponible: las reglas de no coincidencia con hechos ya gravados y las de coordinación con ingresos locales tienen un contenido concreto. La compensación o coordinación no convierte en admisible cualquier impuesto autonómico sin examinar su hecho imponible.

Los tributos cedidos son estatales cuyo producto se atribuye a la comunidad en el alcance legal. La cesión no cambia por sí sola su origen. El IRPF tiene un límite máximo de cesión del cincuenta por ciento en la LOFCA; otros impuestos tienen porcentajes y condiciones diferentes. Las competencias normativas y de gestión no se deducen exclusivamente del porcentaje de rendimiento recibido.

El artículo 142 CE exige medios suficientes para desempeñar las funciones atribuidas por ley a las corporaciones locales y señala como fuentes fundamentales tributos propios y participación en los estatales y autonómicos. Ello no otorga capacidad para crear por ordenanza cualquier impuesto ajeno al marco legal.

Los ayuntamientos deben exigir IBI, IAE e IVTM. Pueden establecer ICIO e impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana según las reglas del TRLRHL. Deben distinguirse establecimiento del impuesto, ordenanza para ejercer facultades legales y aplicación de exenciones: que un impuesto sea obligatorio para el municipio no significa que todos los sujetos paguen sin excepción.

Las ordenanzas fiscales siguen información pública y aprobación y publicación en los términos legales. La ausencia de reclamaciones puede elevar el acuerdo a definitivo, pero no dispensa de publicar el texto. En la cuantificación del ICIO, por ejemplo, la base es el coste de ejecución material, excluyendo IVA, honorarios y beneficio empresarial del contratista, y el tipo municipal no puede superar el cuatro por ciento. Estas reglas concretas evitan confundir ingreso local con libertad ilimitada para fijar cualquier base o cuota.