OE-7. Personal de las Administraciones Públicas

El Estatuto Básico regula categorías con vínculos jurídicos diferentes: funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral y personal eventual. La relación del funcionario de carrera es estatutaria de Derecho Administrativo y se dirige al desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente. El personal laboral se vincula por contrato y se rige por el marco laboral junto a los preceptos del Estatuto que le resultan aplicables.

Los interinos se nombran por razones justificadas de necesidad y urgencia en los supuestos legales. Las vacantes y programas temporales tienen límites propios; no se puede convertir cualquier necesidad permanente en nombramientos temporales indefinidos. La ejecución de programas temporales tiene un máximo de tres años, ampliable hasta doce meses por las leyes de función pública.

El personal eventual realiza funciones expresamente calificadas de confianza o asesoramiento especial. Su nombramiento y cese son libres y cesa cuando lo hace la autoridad a la que presta la función. El personal directivo no es una quinta clase que deba añadirse sin más a la lista del artículo 8: tiene una regulación específica y, si se vincula laboralmente, corresponde la relación especial de alta dirección.

La clasificación se conecta con la titulación y el régimen de cada cuerpo: grupo A con sus subgrupos, grupo B y subgrupos C1 y C2. B requiere Técnico Superior; C1, Bachiller o Técnico; C2, Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. El acceso a Agentes exige además los requisitos concretos de su convocatoria: no debe trasladarse a esa especialidad cualquier excepción general de nacionalidad del Estatuto.

Adquirir la condición de funcionario de carrera requiere superar el proceso selectivo, nombramiento por el órgano competente, acatamiento de la Constitución y del resto del ordenamiento y toma de posesión en plazo. Superar una prueba o figurar en una lista de aprobados no sustituye todos los requisitos restantes.

La renuncia debe formularse por escrito y ser aceptada expresamente, con las restricciones del artículo 64; no procede aceptarla si existe el expediente o situación procesal que lo impide. La pérdida de nacionalidad puede causar pérdida de condición con las excepciones legales. La rehabilitación por desaparición de la causa de incapacidad o recuperación de nacionalidad tiene su régimen propio y no se confunde con un nuevo ingreso ordinario.

Carrera y promoción interna deben distinguirse. La carrera horizontal permite avanzar en grados, categorías o escalones sin cambiar de puesto. La vertical supone ascender en la estructura de puestos mediante provisión. La promoción interna vertical permite acceder a un cuerpo o escala de subgrupo superior; la horizontal cambia de cuerpo o escala dentro del mismo subgrupo.

La promoción interna requiere al menos dos años de servicio activo en el subgrupo inferior, los requisitos de acceso y superar las pruebas correspondientes. Dieciocho meses no bastan: faltan seis para alcanzar solo la antigüedad mínima, sin que completar ese tiempo dispense de los demás requisitos.

La provisión se basa en igualdad, mérito, capacidad y publicidad. El concurso es el procedimiento normal y valora méritos, capacidades y, en su caso, aptitudes mediante órganos colegiados técnicos. En libre designación hay convocatoria pública y apreciación discrecional de idoneidad respecto de los requisitos del puesto. Discrecionalidad no equivale a arbitrariedad ni a nombrar sin convocatoria a cualquier persona.

El TREBEP reconoce derechos individuales y derechos individuales ejercidos colectivamente. La formación y actualización deben facilitarse preferentemente en horario laboral. El derecho de reunión tiene su regulación propia, distinta de la facultad de convocar cualquier reunión a cualquier hora sin requisitos.

Las retribuciones básicas comprenden sueldo y trienios; las complementarias responden a los factores legalmente establecidos. Las pagas extraordinarias son dos al año, con la composición y exclusiones del artículo 22. El teletrabajo requiere autorización expresa, es compatible con la modalidad presencial y tiene carácter voluntario y reversible en los términos del Estatuto.

El código de conducta exige objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad y servicio al interés general. Una instrucción que constituya infracción manifiesta del ordenamiento no debe obedecerse: se comunica a los órganos de inspección procedentes. La información conocida por el puesto no puede utilizarse en beneficio propio y las materias clasificadas están sujetas a secreto.

Servicio activo, servicios especiales, servicio en otras Administraciones, excedencia y suspensión de funciones son las situaciones básicas del Estatuto. Las leyes de función pública pueden regular otras en los supuestos previstos. La regulación de la AGE incorpora particularidades, como expectativa de destino, que deben leerse junto a las normas básicas posteriores.

Servicios especiales tiene causas tasadas. Un parlamentario autonómico sin retribuciones periódicas no pasa a esa situación por ese solo motivo en el supuesto examinado. En servicios especiales se conservan efectos de tiempo para ascensos, trienios, promoción interna y derechos de Seguridad Social conforme al artículo 87.

La excedencia por cuidado de hijos puede durar hasta tres años por cada sujeto causante y produce efectos distintos a la excedencia por interés particular. El tiempo de cuidado computa para trienios, carrera y derechos de Seguridad Social. Las situaciones por violencia de género o sexual y por violencia terrorista tienen garantías específicas; no deben imponerse los mismos mínimos de servicios de una excedencia voluntaria ordinaria.

Durante una suspensión firme no cabe prestar servicios en ninguna Administración Pública. Los efectos y límites de la suspensión provisional son distintos y se regulan en el procedimiento disciplinario; no deben mezclarse con los de una sanción firme.

La potestad disciplinaria se sujeta a legalidad, tipicidad, proporcionalidad, culpabilidad y presunción de inocencia. Las infracciones se clasifican en muy graves, graves y leves. El TREBEP tipifica determinadas muy graves, entre ellas el abandono del servicio; las normas de desarrollo completan el régimen dentro de sus competencias.

La separación del servicio solo sanciona faltas muy graves y, para un interino, comporta revocar el nombramiento. La suspensión firme tiene un máximo de seis años. No es correcta una respuesta que transforme la suspensión firme en una medida de seis meses: ese límite se asocia a la suspensión provisional con sus excepciones.

Las infracciones muy graves prescriben a los tres años, las graves a los dos y las leves a los seis meses. Las sanciones por faltas muy graves prescriben a los tres años, por graves a los dos y por leves al año. La falta comienza a computarse desde su comisión o, si es continuada, desde que cesa; la sanción, desde la firmeza de la resolución sancionadora.

Las sanciones por faltas muy graves o graves requieren el procedimiento establecido; para leves existe procedimiento sumario con audiencia. La instrucción y la decisión sancionadora se encomiendan a órganos distintos, manteniendo defensa y garantías de la persona expedientada.

Si aparecen indicios fundados de criminalidad, se suspende la tramitación y se pone el asunto en conocimiento del Ministerio Fiscal. Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a la Administración. No corresponde cerrar los ojos ante esos hechos para mantener una versión administrativa incompatible.

La suspensión provisional cautelar tiene límites y excepciones específicos. Durante ella se perciben retribuciones básicas y, en su caso, prestaciones familiares por hijo a cargo. Si no se convierte en sanción definitiva, procede restituir las diferencias y reconocer los efectos previstos en el Estatuto. No debe aplicarse sin más un porcentaje retributivo de un reglamento anterior cuando contradiga la norma básica posterior.

La Ley 53/1984 protege el cumplimiento de deberes y la imparcialidad del servicio público. Para una actividad profesional, laboral, mercantil o industrial privada no exceptuada se necesita reconocimiento previo de compatibilidad. La obligación es independiente de las declaraciones fiscales de los ingresos que después pueda generar la actividad.

No pueden desarrollarse actividades privadas en asuntos en que el empleado interviene, ha intervenido en los dos últimos años o debe intervenir por su puesto. El artículo 12 también limita cargos y participaciones en determinadas empresas, entre ellas las contratistas contempladas por la norma. La participación superior al diez por ciento está prohibida en el supuesto del apartado primero d); no cabe convertir esa regla concreta en una autorización universal para cualquier participación inferior.

Entre las excepciones está la producción literaria, artística, científica y técnica y sus publicaciones cuando no nacen de una relación de empleo o prestación de servicios. Si se redacta un libro por encargo laboral, no basta llamarlo creación intelectual para aplicar automáticamente esa excepción. Las excepciones deben interpretarse con sus condiciones, sin inventar autorizaciones generales.

La protección social debe diferenciar pensiones y mutualismo administrativo. El texto refundido aprobado por el RDL 4/2000 articula mecanismos de cobertura y delimita su ámbito, con colectivos incluidos y otros sometidos a sus regímenes específicos. No todo empleado público pertenece a MUFACE por trabajar para una Administración.

Los funcionarios de carrera de la Administración Civil del Estado que ingresan desde el 1 de enero de 2011 se integran en el Régimen General a los exclusivos efectos de pensiones. Ello no elimina el mutualismo administrativo que les corresponda. Una pregunta sobre asistencia mutualista no se responde automáticamente con la regla de pensiones, ni al revés.

MUFACE gestiona el mutualismo administrativo y es un organismo público con personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios y autonomía de gestión. La incorporación obligatoria como mutualista se vincula a la toma de posesión al adquirir la condición de funcionario, además de los demás supuestos legalmente previstos. Las prestaciones concretas y los cambios con efectos futuros deben estudiarse conforme a su fecha aplicable, no mezclando versiones legales.