OE-2. Cortes Generales y Poder Judicial

Las Cortes Generales representan al pueblo español y se componen del Congreso de los Diputados y del Senado. Ejercen la potestad legislativa, aprueban los presupuestos y controlan la acción del Gobierno. Su inviolabilidad institucional no elimina las reglas que se aplican individualmente a los parlamentarios.

El Congreso tiene entre 300 y 400 diputados. La provincia es su circunscripción; Ceuta y Melilla cuentan con un diputado cada una. El mandato es de cuatro años, salvo disolución. El Senado es la Cámara de representación territorial: combina senadores elegidos directamente con los designados por las comunidades autónomas. Estas designan uno inicial y otro por cada millón de habitantes, de modo que no debes redondear al alza las fracciones de millón.

No cabe ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente ni acumular el acta de una asamblea autonómica con la de diputado del Congreso. Los parlamentarios no están sujetos a mandato imperativo y su voto es personal e indelegable. Son reglas distintas: la primera limita combinaciones de cargos, mientras las otras protegen el ejercicio del mandato.

La inviolabilidad protege las opiniones manifestadas en el ejercicio de las funciones. Durante el mandato existe inmunidad: solo cabe detención en caso de flagrante delito y la inculpación o procesamiento requiere autorización de la Cámara respectiva. Las causas penales corresponden a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Cada Cámara aprueba su reglamento mediante votación final de totalidad por mayoría absoluta.

Los períodos ordinarios de sesiones son septiembre a diciembre y febrero a junio. Las sesiones extraordinarias requieren los sujetos y el orden del día previstos constitucionalmente. Las sesiones conjuntas son presididas por el Presidente del Congreso, sin que ello convierta al Congreso en titular de todas las competencias del Senado.

Las Cámaras pueden actuar en Pleno y comisiones. La delegación legislativa en comisiones no alcanza las materias constitucionalmente excluidas. Las conclusiones de una comisión de investigación no vinculan a los tribunales; comparecer cuando sea requerido, en cambio, es obligatorio. La Diputación Permanente tiene al menos 21 miembros y asegura la continuidad de funciones en los supuestos del artículo 78. Para adoptar acuerdos se exige asistencia de la mayoría de los miembros, además de la mayoría de votación correspondiente.

La ley orgánica exige mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto. No basta sumar más votos afirmativos que negativos si no se alcanza ese umbral. La delegación para textos refundidos se concede por ley ordinaria; las leyes de bases no pueden autorizar normas retroactivas. El decreto-ley se somete al Congreso dentro de treinta días desde su promulgación.

La iniciativa legislativa popular tiene materias excluidas: una propuesta tributaria no se vuelve admisible por reunir más de 500.000 firmas. Los proyectos de ley son aprobados por el Consejo de Ministros y enviados al Congreso. El Senado puede vetar o enmendar dentro del plazo constitucional; si el proyecto es urgente dispone de veinte días naturales. El Rey sanciona en quince días.

Los presupuestos anteriores se prorrogan automáticamente si no se aprueban los nuevos al comenzar el ejercicio. En tratados internacionales, distingue los que atribuyen ejercicio de competencias constitucionales, los que necesitan autorización previa de las Cortes y los restantes. Un tratado contrario a la Constitución exige revisión constitucional previa, no queda validado por una autorización ordinaria.

El Defensor es un alto comisionado de las Cortes para defender los derechos del Título I y supervisar la Administración. El mandato es de cinco años. La elección inicial exige tres quintos del Congreso y ratificación por tres quintos del Senado en un máximo de veinte días. Si no se alcanzan las mayorías y se formulan propuestas sucesivas conforme al artículo 2.5, basta la mayoría absoluta del Senado una vez logrados tres quintos del Congreso.

Puede ser elegido cualquier español mayor de edad en pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos. No recibe instrucciones de autoridades ni está sujeto a mandato imperativo. Le auxilian un Adjunto Primero y un Adjunto Segundo. El nombramiento de estos requiere conformidad previa de las Cámaras; la sustitución se produce por su orden.

Puede presentar queja una persona física o jurídica que invoque interés legítimo. La minoría de edad, nacionalidad, residencia o internamiento no son impedimentos. Una autoridad administrativa no puede presentar una queja sobre un asunto de su propia competencia. La queja debe ir firmada y presentarse en un máximo de un año desde el conocimiento de los hechos; las actuaciones son gratuitas y no exigen abogado ni procurador.

Si el asunto individual está pendiente de resolución judicial, el Defensor no lo examina; si la demanda se presenta después, suspende ese examen individual. Puede investigar los problemas generales planteados. Su actividad no se interrumpe por la disolución de las Cortes. No anula actos administrativos: formula recomendaciones, advertencias, sugerencias y recordatorios, y dispone de legitimación para los recursos constitucionales previstos por la ley.

El funcionario afectado por una investigación dispone de un plazo de respuesta que nunca puede ser inferior a diez días; puede prorrogarse a instancia de parte por la mitad del concedido. No confundas esa regla con el informe inicial del organismo ni con la respuesta a recomendaciones: son trámites distintos.

La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. La responsabilidad es compatible con la independencia: no debe sustituirse por la palabra irresponsabilidad en una respuesta de test.

Juzgar y hacer ejecutar lo juzgado corresponde exclusivamente a los órganos determinados por las leyes. La Constitución prohíbe tribunales de excepción. La jurisdicción militar se limita al ámbito estrictamente castrense y a los supuestos de estado de sitio en los términos constitucionales. Las sentencias se motivan y el procedimiento es predominantemente oral, sobre todo en materia criminal. La justicia gratuita alcanza en todo caso a quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

El CGPJ es el órgano de gobierno del Poder Judicial, con competencias en todo el territorio nacional. Lo integran el Presidente del Tribunal Supremo, que lo preside, y veinte vocales nombrados por el Rey por cinco años. Doce vocales proceden del turno judicial y ocho son abogados u otros juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio.

Conforme a la LOPJ, cada Cámara elige diez vocales por mayoría de tres quintos: seis del turno judicial y cuatro juristas. La renovación es completa cada cinco años desde la constitución del Consejo, no por tercios como en el Tribunal Constitucional. Entre sus funciones están las propuestas de nombramiento, formación, destinos y disciplina de jueces y magistrados. Gobernar la carrera judicial no permite revisar el contenido de sus sentencias como si fuera una instancia jurisdiccional.

El Tribunal Supremo tiene sede en Madrid y jurisdicción en toda España. Es superior en todos los órdenes salvo lo dispuesto en garantías constitucionales. Se compone de Presidencia, Presidencias de Sala y magistrados previstos por la ley. Sus cinco Salas son Civil, Penal, Contencioso-Administrativo, Social y Militar; esta última se rige por su legislación específica y supletoriamente por la LOPJ.

La organización vigente incluye jueces de paz, Tribunales de Instancia, Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia, Tribunal Central de Instancia, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo. A efectos territoriales se distinguen municipios, partidos, provincias y comunidades autónomas. Un partido agrupa uno o más municipios limítrofes de una misma provincia y puede coincidir con esta. La comunidad autónoma es el ámbito territorial del Tribunal Superior de Justicia.