OE-1. Constitución, Corona y Tribunal Constitucional

La Constitución combina una parte dedicada a los derechos y deberes con otra que organiza los poderes públicos. Su articulado comprende un Título preliminar y diez títulos numerados. Para orientarte en el programa, sitúa los derechos en el Título I, la Corona en el II y el Tribunal Constitucional en el IX. No confundas esta estructura con una jerarquía entre títulos: todos forman parte de la Constitución.

El artículo 1 contiene tres decisiones fundamentales: España es un Estado social y democrático de Derecho; la soberanía nacional reside en el pueblo español; la forma política es la Monarquía parlamentaria. Los valores superiores son libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. La seguridad jurídica también está garantizada, pero aparece en el artículo 9.3 y no en esa enumeración de valores.

El artículo 9.3 protege, entre otros principios, la legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas y la interdicción de la arbitrariedad. La irretroactividad que garantiza se refiere a disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales: no equivale a prohibir cualquier efecto retroactivo de cualquier norma. La disposición final fijó la entrada en vigor el mismo día de publicación del texto oficial.

La dignidad y los derechos inviolables de la persona son el punto de partida del artículo 10. La interpretación de los derechos fundamentales debe atender a la Declaración Universal de Derechos Humanos y a los tratados ratificados por España. En nacionalidad, recuerda el matiz de origen: el artículo 11.2 prohíbe privar de su nacionalidad a un español de origen, no formula esa garantía usando simplemente la palabra residente.

El artículo 13.2 permite reconocer sufragio activo y pasivo a extranjeros en elecciones municipales, atendiendo a reciprocidad y mediante tratado o ley. Esa previsión no extiende automáticamente el sufragio a elecciones generales. La extradición se vincula a tratado o ley y a reciprocidad; los actos de terrorismo no se consideran delitos políticos a efectos de la exclusión constitucional.

En libertad personal, hay que aplicar simultáneamente dos límites: tiempo estrictamente necesario y máximo de 72 horas. Alcanzar el máximo no legitima retener a quien ya puede ser puesto a disposición judicial o en libertad. El habeas corpus persigue la inmediata puesta a disposición judicial de la persona detenida ilegalmente. La prisión provisional tiene límites que debe establecer la ley y no se confunde con esas 72 horas.

El domicilio es inviolable salvo consentimiento del titular, resolución judicial o flagrante delito. El secreto de las comunicaciones, por su parte, admite levantamiento mediante resolución judicial. Una habilitación para entrar en un domicilio no debe trasladarse sin más a todas las garantías de intimidad.

El artículo 20 protege distintas libertades: expresión, producción y creación, libertad de cátedra e información veraz. La cláusula de conciencia y el secreto profesional se sitúan en el ámbito del derecho a comunicar o recibir información veraz. El secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información solo puede acordarse por resolución judicial.

La reunión pacífica y sin armas no necesita autorización previa. Si se celebra en lugares de tránsito público, o se trata de una manifestación, existe comunicación previa. La autoridad solo puede prohibirla por razones fundadas de alteración del orden público con peligro para personas o bienes. Diferencia autorización y comunicación: no son dos nombres para el mismo trámite.

Las asociaciones se inscriben en un registro a los solos efectos de publicidad. La disolución o suspensión de actividades exige resolución judicial motivada; están prohibidas las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. El acceso en igualdad a funciones y cargos públicos se reconoce en el artículo 23.2, dentro de la sección con protección reforzada.

La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. En el derecho de petición, los miembros de Fuerzas o Institutos armados y cuerpos sometidos a disciplina militar solo pueden ejercerlo individualmente y conforme a su legislación específica. No confundas esta restricción con el régimen general del derecho de reunión o de asociación.

El artículo 53 distingue niveles de protección. Los derechos del Capítulo II vinculan a todos los poderes públicos y su ejercicio se regula por ley respetando el contenido esencial. El procedimiento preferente y sumario y el recurso de amparo corresponden al artículo 14 y a la Sección 1.ª; el amparo alcanza además a la objeción de conciencia del artículo 30.

Los principios rectores del Capítulo III informan la legislación, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Su invocación ante la jurisdicción ordinaria se realiza de acuerdo con las leyes que los desarrollen. Por eso no es correcto equiparar la protección procesal de la vivienda del artículo 47 con la tutela judicial efectiva del artículo 24. El artículo 49, en su redacción actual, reconoce el ejercicio de derechos por las personas con discapacidad en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas.

La suspensión general del artículo 55.1 se conecta con excepción o sitio y enumera derechos concretos. En estado de excepción no se suspenden las garantías del artículo 17.3. La alarma no permite utilizar esta enumeración como si fuera una habilitación de suspensión general.

La suspensión individual del artículo 55.2 afecta a la duración de la detención, el domicilio y las comunicaciones en los términos que establezca una ley orgánica, con intervención judicial y adecuado control parlamentario, para investigaciones relativas a bandas armadas o elementos terroristas. No es una autorización genérica para suspender cualquier derecho.

El Rey es Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, y arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones. La Corona es hereditaria y sigue las reglas de primogenitura y representación del artículo 57. En igualdad de línea y grado, el texto constitucional mantiene la preferencia del varón a la mujer; dentro del mismo sexo se prefiere la mayor edad.

La Regencia permite ejercer las funciones cuando el Rey es menor o cuando su imposibilidad es reconocida por las Cortes. Por minoría de edad corresponde primero al padre o a la madre y, en su defecto, al pariente mayor de edad más próximo a suceder. Si no existe persona llamada por la Constitución, las Cortes nombran una Regencia de una, tres o cinco personas.

Ser regente exige ser español y mayor de edad. La tutela es distinta: para el tutor designado en el testamento del Rey difunto se exige mayoría de edad y nacionalidad española de nacimiento. Si no hay designación, corresponde al padre o a la madre mientras permanezcan viudos y, en defecto de ellos, al designado por las Cortes. Regencia y tutela solo se acumulan en el padre, la madre o los ascendientes directos.

Un matrimonio contra la prohibición expresa del Rey y de las Cortes excluye de la sucesión a quien lo contrae y a sus descendientes. Las abdicaciones, renuncias y dudas en el orden sucesorio se resuelven mediante ley orgánica.

Las funciones regias se ejercen en el marco constitucional: sanción y promulgación de leyes, convocatorias y nombramientos previstos, mando supremo de las Fuerzas Armadas y otras funciones de los artículos 62 y 63. Nombrar a los miembros del Gobierno no significa elegirlos libremente: su nombramiento y separación se realizan a propuesta del Presidente del Gobierno.

La inviolabilidad del Rey y la ausencia de responsabilidad se acompañan del refrendo. Como regla, refrendan el Presidente del Gobierno y, en su caso, los ministros competentes. La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno y la disolución prevista en el artículo 99 corresponden al refrendo del Presidente del Congreso.

Responden de los actos quienes los refrendan. La excepción del artículo 65.2 permite nombrar y relevar libremente a los miembros civiles y militares de la Casa del Rey. El derecho de gracia no permite que la ley autorice indultos generales. Declarar la guerra y hacer la paz exige autorización previa de las Cortes.

El Tribunal Constitucional es el intérprete supremo de la Constitución, sometido a ella y a su Ley Orgánica. Sus doce miembros son nombrados por el Rey: cuatro a propuesta del Congreso, cuatro del Senado, dos del Gobierno y dos del Consejo General del Poder Judicial. Las propuestas de las Cámaras requieren tres quintos de sus miembros.

El mandato de magistrado dura nueve años y la renovación se produce por terceras partes cada tres. Se exige ser jurista de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional. El Presidente es nombrado por el Rey entre los miembros del Tribunal, a propuesta del Pleno, por tres años; la LOTC permite una sola reelección.

Las competencias incluyen recurso y cuestión de inconstitucionalidad, amparo y conflictos constitucionales en los términos de la Constitución y la LOTC. Cincuenta diputados o cincuenta senadores están legitimados para el recurso de inconstitucionalidad: un grupo inferior no alcanza el umbral por ser numeroso políticamente.

La cuestión de inconstitucionalidad procede cuando una norma con rango de ley aplicable al caso y de cuya validez depende el fallo puede ser contraria a la Constitución. La plantea el órgano judicial con los requisitos procesales de la LOTC; no supone por sí sola expulsar la norma del ordenamiento.

El recurso de inconstitucionalidad tiene un plazo general de tres meses desde la publicación de la norma impugnada. La ampliación a nueve meses para determinados sujetos requiere las condiciones del artículo 33.2 LOTC, no basta con solicitar más tiempo.

En amparo, distingue el origen de la lesión: actos sin valor de ley de las Cámaras, tres meses desde su firmeza interna; actuaciones gubernativas o administrativas, veinte días desde la notificación de la resolución del proceso judicial previo; lesiones con origen inmediato y directo en actos judiciales, treinta días. La admisión exige especial trascendencia constitucional. El amparo no suspende automáticamente los efectos del acto o sentencia.

La reforma ordinaria del artículo 167 exige tres quintos de cada Cámara, con una solución alternativa bajo condiciones concretas si se obtiene mayoría absoluta del Senado y dos tercios del Congreso. El referéndum se convoca si lo solicita una décima parte de cualquiera de las Cámaras dentro de los quince días siguientes a la aprobación.

El procedimiento agravado del artículo 168 se aplica a una revisión total o a los ámbitos protegidos que enumera: Título preliminar, Sección 1.ª del Capítulo II del Título I y Título II. Requiere dos tercios de cada Cámara para el principio, disolución, ratificación por las nuevas Cámaras y aprobación por dos tercios, con referéndum obligatorio. El artículo 14 tiene amparo, pero no está dentro de la Sección 1.ª: no debes confundir las dos listas de protección.