TR-8. La aplicación de los tributos: órganos, información y asistencia

Comprende todas las actividades administrativas dirigidas a la información y asistencia a los obligados y a la gestión, inspección y recaudación, así como las actuaciones de los obligados en el ejercicio de sus derechos o en cumplimiento de sus obligaciones; también las realizadas en el marco de la asistencia mutua (art. 83.1 LGT).

Se ejerce de forma separada a la resolución de las reclamaciones económico-administrativas (art. 83.2) y se desarrolla mediante los procedimientos de gestión, inspección, recaudación y los demás del título III (art. 83.3). Cada Administración determina su estructura (art. 83.4).

Órganos: en el Estado, la aplicación de los tributos, la potestad sancionadora y la revisión corresponden al Ministerio de Hacienda salvo encomienda legal; según su ley de creación, corresponden a la AEAT, salvo la declaración de nulidad de pleno derecho (art. 217) y las reclamaciones económico-administrativas (art. 5.2). La AEAT asume además las competencias derivadas de la asistencia mutua (art. 5.3).

Competencia territorial (art. 84): la fija cada Administración mediante disposición publicada; en su defecto, el órgano funcional inferior del ámbito del domicilio fiscal del obligado.

La Administración debe prestar la información y asistencia necesarias sobre derechos y obligaciones (art. 85.1). Se instrumenta mediante: a) publicación de normas actualizadas y doctrina de mayor trascendencia; b) comunicaciones y actuaciones de información; c) contestaciones a consultas escritas; d) actuaciones previas de valoración; e) asistencia en la realización de declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones (art. 85.2).

Publicaciones (art. 86): el Ministerio difunde en el primer trimestre los textos actualizados de leyes y reales decretos tributarios modificados y la relación de disposiciones aprobadas el año anterior; periódicamente, las consultas y resoluciones de mayor trascendencia. El acceso por internet es gratuito.

Comunicaciones (art. 87): se informa de los criterios administrativos y, a petición, se suministra el texto íntegro de consultas o resoluciones concretas sin datos identificativos.

Solicitudes de información escritas (arts. 63-64 RGAT): se contestan en tres meses como máximo, no son recurribles y la falta de contestación no implica aceptar los criterios del solicitante.

Información previa del valor de inmuebles (art. 90 LGT; art. 69 RGAT): a solicitud del interesado, cada Administración informa del valor a efectos fiscales de los inmuebles de su territorio que vayan a adquirirse o transmitirse. Vincula tres meses desde la notificación si se pidió antes de terminar el plazo de autoliquidación o declaración y con datos verdaderos y suficientes. No es recurrible y la falta de contestación no implica aceptar el valor propuesto.

Acuerdos previos de valoración (art. 91): cuando la normativa del tributo lo prevea, el obligado puede pedir que se fije con carácter previo y vinculante la valoración de rentas, productos, bienes, gastos y demás elementos. Se solicita por escrito antes del hecho imponible con una propuesta de valoración. La falta de contestación en plazo implica aceptar los valores propuestos. Vigencia máxima tres años, salvo otra prevista; no es recurrible.

Objeto y plazo (art. 88): régimen, clasificación o calificación tributaria; se formula antes de que finalice el plazo para ejercer el derecho, declarar o cumplir la obligación. También pueden consultar colegios profesionales, cámaras oficiales, patronales, sindicatos, asociaciones de consumidores, asociaciones o fundaciones de personas con discapacidad, asociaciones empresariales, organizaciones profesionales y sus federaciones, en cuestiones que afecten a la generalidad de sus miembros.

Órgano: el que tenga la iniciativa normativa o interpretativa; en el Estado, la Dirección General de Tributos (art. 65 RGAT). Plazo de contestación: seis meses desde la presentación; la falta de contestación no implica aceptar el criterio del consultante (art. 88.6).

Tramitación (arts. 66-68 RGAT): escrito con identificación, manifestación sobre procedimientos en curso, objeto y antecedentes; si falta algo, 10 días para subsanar o se tiene por desistido; si se presenta fuera de plazo, se inadmite. Un cambio de criterio debe motivarse.

Efectos (art. 89): vinculante para los órganos de aplicación en su relación con el consultante mientras no cambie la legislación o la jurisprudencia y no se alteren los datos; deben aplicarse a cualquier obligado con identidad de hechos. No vincula si versa sobre un procedimiento, recurso o reclamación ya iniciado. No interrumpe plazos y no cabe recurso contra la contestación, sí contra los actos que la apliquen.

Toda persona física o jurídica y las entidades del art. 35.4 LGT tienen un NIF para sus relaciones con trascendencia tributaria, facilitado por la Administración General del Estado de oficio o a instancia (disp. adic. 6.ª LGT; art. 18 RGAT).

Personas físicas españolas: el número del DNI con su letra. Sin DNI: L (residentes en el extranjero) o K (residentes en España menores de 14 años). Extranjeros: el NIE; sin él, NIF con la letra M (arts. 19-20 RGAT). Quien obtenga después DNI o NIE lo comunica en dos meses (art. 21).

Personas jurídicas y entidades: NIF invariable salvo cambio de forma jurídica o nacionalidad (art. 22). Se solicita antes de cualquier operación y, en todo caso, dentro del mes siguiente a la constitución (art. 23). La AEAT lo asigna en 10 días; es provisional hasta aportar escritura, estatutos e inscripción, que deben presentarse en un mes; pasados seis meses puede requerirse en 10 días y la desatención puede llevar a la revocación (art. 24).

Uso (art. 26 RGAT): debe constar en todos los escritos; si falta, la tramitación queda condicionada y, pasados 10 días sin acreditar la solicitud, puede tenerse por no presentado el escrito previa resolución. La publicación en el BOE de la revocación priva al NIF de validez identificativa y bloquea cargos y abonos bancarios (disp. adic. 6.ª.4 LGT).

Es el conjunto de acciones de asistencia, colaboración, cooperación y otras análogas que el Estado español presta, recibe o desarrolla con la UE, otras entidades internacionales o supranacionales y otros Estados, en virtud de la normativa de asistencia mutua de la UE, de los convenios para evitar la doble imposición o de otros convenios internacionales. Puede incluir actuaciones ante obligados tributarios (art. 1.2 LGT).

Participa de la naturaleza de las relaciones internacionales (art. 149.1.3.ª CE). Sus actividades son aplicación de los tributos (arts. 83.1 y 177 bis.2) y su competencia corresponde a la AEAT (art. 5.3).

Tiende al intercambio de información, a la recaudación de créditos y a otros fines previstos en su normativa (art. 177 bis.1). Las pruebas e informaciones de otros Estados pueden incorporarse a los procedimientos con el valor probatorio que corresponda (art. 106.2).

Régimen (art. 97): normas especiales de la LGT y su desarrollo y, supletoriamente, las disposiciones generales del procedimiento administrativo.

Iniciación (art. 98): de oficio o a instancia (autoliquidación, declaración, comunicación, solicitud…); el escrito debe incluir nombre o razón social y NIF del obligado y de su representante. Se aprueban modelos para la tramitación masiva y el Ministro de Hacienda puede imponer la presentación telemática.

Desarrollo (art. 99): derecho a no aportar documentos no exigibles o ya presentados ante la Administración actuante; certificados y copias; la prueba no exige período específico ni comunicación previa; documentación en comunicaciones, diligencias (documentos públicos que no pueden contener propuestas de liquidación) e informes; puede prescindirse de la audiencia si hay acta con acuerdo o alegaciones posteriores a la propuesta; alegaciones de 10 a 15 días; posibilidad de videoconferencia con conformidad del obligado.

Terminación (art. 100): resolución, desistimiento, renuncia, imposibilidad material sobrevenida, caducidad, cumplimiento de la obligación requerida u otra causa legal; la contestación automatizada tiene valor de resolución donde esté prevista.

Concepto (art. 101.1): acto resolutorio por el que el órgano competente cuantifica y determina la deuda o la cantidad a devolver o compensar. La Administración no está obligada a ajustarse a los datos declarados por los obligados.

Clases: provisionales o definitivas. Son definitivas las dictadas en el procedimiento inspector tras comprobar e investigar la totalidad de los elementos de la obligación (salvo excepciones) y las que la normativa califique así; las demás son provisionales (art. 101.3-4).

En inspección cabe liquidación provisional cuando algún elemento dependa de otras obligaciones no comprobadas o no firmes, cuando no haya podido comprobarse algo con carácter definitivo, o cuando proceda formular varias propuestas (acta con acuerdo parcial, conformidad parcial, comprobación de valor que no es el objeto único…), y siempre en los supuestos del art. 250.2 (delito).

Notificación (art. 102): identificación del obligado; elementos determinantes de la cuantía; motivación cuando no se ajusten a lo declarado; recursos, órgano y plazo; lugar, plazo y forma de pago; y carácter provisional o definitivo. En tributos de cobro periódico por recibo, tras notificar el alta, cabe la notificación colectiva por edictos.

La Administración debe resolver expresamente y notificar (art. 103.1), salvo en procedimientos de mera comunicación de derechos y en los casos de caducidad, pérdida sobrevenida del objeto, renuncia o desistimiento, aunque si el interesado pide que se declare, debe contestar (art. 103.2). Deben motivarse las liquidaciones, comprobaciones de valor, actos que impongan obligaciones o denieguen beneficios o suspensiones (art. 103.3).

Plazo máximo (art. 104.1): el de la norma, sin exceder de seis meses salvo ley o normativa europea; si no se fija, seis meses. Se cuenta desde la notificación del inicio (de oficio) o desde la entrada en el registro del órgano competente (a instancia). El apremio queda excluido y puede extenderse hasta la prescripción.

Basta un intento de notificación con el texto íntegro; en notificaciones electrónicas, la puesta a disposición. No computan las interrupciones justificadas, las dilaciones no imputables a la Administración ni las suspensiones (art. 104.2). Ejemplo de interrupción: petición de informes a otros órganos, como máximo 6 meses (12 si se piden a otros Estados) (art. 103 RGAT).

Falta de resolución: a instancia de parte, lo que diga su norma; en su defecto, silencio estimatorio, salvo derecho de petición e impugnaciones (desestimatorio). Si el procedimiento se paraliza por causa del obligado, se le advierte de la caducidad a los tres meses. De oficio, en defecto de norma: desestimación de los efectos favorables o caducidad de los de gravamen (art. 104.3-4).

Caducidad (art. 104.5): se declara de oficio o a instancia; no produce por sí sola la prescripción, pero sus actuaciones no interrumpen la prescripción ni son requerimiento previo; las pruebas obtenidas conservan validez en otros procedimientos.

Carga (art. 105): quien haga valer su derecho debe probar los hechos constitutivos; el obligado cumple si designa de modo concreto pruebas en poder de la Administración.

Medios y valoración (art. 106): las normas del Código Civil y de la LEC, salvo previsión legal; pueden incorporarse pruebas de otros Estados por asistencia mutua. Los gastos y deducciones de operaciones con empresarios se justifican prioritariamente con factura, pero esta no es prueba privilegiada: si la Administración la cuestiona fundadamente, el obligado debe probar la realidad de la operación.

Diligencias (art. 107): son documentos públicos y prueban los hechos que motivan su formalización salvo prueba en contrario; los hechos aceptados por el obligado se presumen ciertos y solo se rectifican probando error de hecho.

Presunciones (art. 108): las legales admiten prueba en contrario salvo que una ley lo prohíba; las no legales exigen enlace preciso y directo; se presume titular a quien figure en un registro fiscal u otro público; lo declarado se presume cierto para el declarante; cabe distribución lineal de la cuota anual entre períodos inferiores al año.

Régimen de las normas administrativas generales con las especialidades de la LGT (art. 109).

Lugar (art. 110): a instancia del interesado, el señalado por él o, en su defecto, su domicilio fiscal o el del representante; de oficio, el domicilio fiscal, el centro de trabajo, el lugar de la actividad económica o cualquier otro adecuado.

Personas legitimadas (art. 111): si no están el obligado o su representante, puede hacerse cargo cualquier persona que se encuentre en el lugar y se identifique, y los empleados de la comunidad de vecinos o propietarios. El rechazo equivale a notificación efectuada.

Comparecencia (art. 112): tras dos intentos (uno si el destinatario es desconocido) por causas no imputables a la Administración, se cita mediante anuncio una sola vez en el BOE, que publica los lunes, miércoles y viernes. Plazo para comparecer: 15 días naturales desde el siguiente a la publicación; si no comparece, se entiende notificado el día siguiente al vencimiento. Después se le tienen por notificadas las sucesivas actuaciones, salvo liquidaciones y acuerdos de enajenación de bienes embargados.

Apartado postal: se entiende practicada a los 10 días naturales del depósito (art. 114.2 RGAT).