TR-7. Base imponible, base liquidable, tipo, cuota y deuda tributaria

El capítulo III del título II de la LGT reúne los elementos de cuantificación: la obligación tributaria principal y la de realizar pagos a cuenta se determinan a partir de las bases tributarias, los tipos de gravamen y los demás elementos del capítulo, según disponga la ley de cada tributo (art. 49).

La obligación de realizar pagos a cuenta consiste en ingresar un importe a la Administración por quien está obligado a hacer pagos fraccionados, por el retenedor o por el obligado a efectuar ingresos a cuenta (art. 23.1).

Es una obligación autónoma respecto de la principal: nace y se exige con independencia de que al final resulte o no cuota a pagar.

El contribuyente deduce de la obligación principal los pagos a cuenta soportados, salvo que la ley propia del tributo permita deducir una cantidad distinta (art. 23.2). Lo que cuenta es lo soportado, no lo que el retenedor haya ingresado efectivamente.

Base imponible: magnitud dineraria o de otra naturaleza que resulta de medir o valorar el hecho imponible (art. 50.1).

Métodos (art. 50.2): estimación directa, estimación objetiva y estimación indirecta.

Directa: es la regla general (art. 50.3). La pueden usar el contribuyente y la Administración; esta se apoya en declaraciones y documentos presentados, libros y registros comprobados y demás justificantes (art. 51).

Objetiva: solo en los supuestos que la ley establezca y en todo caso voluntaria para el obligado (art. 50.3). Funciona con magnitudes, índices, módulos o datos fijados por la normativa de cada tributo (art. 52).

Indirecta: subsidiaria respecto de las demás (art. 50.4); solo procede si concurre alguna de las circunstancias del art. 53.1.

Causas tasadas (art. 53.1), cuando la Administración no puede disponer de los datos para determinar completamente la base: a) falta de declaraciones o declaraciones incompletas o inexactas; b) resistencia, obstrucción, excusa o negativa a la actuación inspectora; c) incumplimiento sustancial de las obligaciones contables o registrales; d) desaparición o destrucción, aun por fuerza mayor, de libros, registros o justificantes.

Medios (art. 53.2), uno o varios a la vez: datos y antecedentes disponibles relevantes; elementos que acrediten indirectamente bienes, rentas, ingresos, ventas, costes y rendimientos normales del sector; y valoración de magnitudes, índices, módulos o datos de supuestos similares o equivalentes.

Procedimiento (art. 158 LGT): la inspección acompaña a las actas un informe razonado sobre las causas, la situación de la contabilidad, la justificación de los medios elegidos y los cálculos. No hace falta acto previo que declare el método: su procedencia se discute al recurrir los actos y liquidaciones resultantes.

Fuentes de datos (art. 158.3): signos, índices y módulos de la estimación objetiva (preferentes si el obligado renunció a ese método, salvo que la inspección acredite rendimientos superiores); datos económicos del propio obligado, incluso de otros ejercicios, y muestreo de operaciones homogéneas; estudios del sector referidos al período regularizado con su fuente identificada; y muestras de empresas análogas del mismo año.

En imposición directa puede limitarse a ventas y prestaciones si las compras y gastos están suficientemente acreditados, o solo a compras y gastos (art. 158.4).

Base liquidable: resultado de practicar en la base imponible, en su caso, las reducciones establecidas en la ley (art. 54). Si no hay reducciones, coincide con la imponible.

Tipo de gravamen: cifra, coeficiente o porcentaje que se aplica a la base liquidable para obtener la cuota íntegra (art. 55.1).

Los tipos pueden ser específicos (cantidad por unidad) o porcentuales, y se aplican a cada unidad, conjunto de unidades o tramo de base según la ley de cada tributo. El conjunto de tipos aplicables a los distintos tramos es la tarifa (art. 55.2).

La ley puede prever un tipo cero y tipos reducidos o bonificados (art. 55.3).

Cuota íntegra (art. 56.1): aplicando el tipo a la base liquidable o según cantidad fija señalada al efecto. Para calcularla pueden usarse los métodos de determinación del art. 50.2 (art. 56.2).

Error de salto (art. 56.3): si por aplicar los tipos a un incremento de base corresponde una porción de cuota superior a ese incremento, la cuota íntegra se reduce de oficio, como mínimo en ese exceso. Excepción: deudas que se pagan con efectos timbrados.

La cuota íntegra puede modificarse con las reducciones o límites que fije la ley de cada tributo (art. 56.4).

Cuota líquida (art. 56.5): cuota íntegra ± deducciones, bonificaciones, adiciones o coeficientes.

Cuota diferencial (art. 56.6): cuota líquida − deducciones, pagos fraccionados, retenciones, ingresos a cuenta y cuotas, según la normativa de cada tributo.

La Administración puede comprobar el valor de rentas, productos, bienes y demás elementos de la obligación por los medios del art. 57.1: capitalización o imputación de rendimientos; referencia a registros oficiales de carácter fiscal (con coeficientes multiplicadores; para inmuebles, el Catastro); precios medios de mercado; cotizaciones; dictamen de peritos de la Administración; valor en pólizas de seguro; tasación hipotecaria; precio de otras transmisiones del mismo bien (dentro de un año desde el devengo, art. 158.4 RGAT) y cualquier otro que fije la ley del tributo.

Límite (art. 134.1 LGT; art. 157 RGAT): no cabe comprobar si el obligado declaró con los valores publicados por la propia Administración actuante o con el valor que esta le comunicó como información previa (art. 90).

Procedimiento (art. 134): se inicia por comunicación o, con datos suficientes, notificando conjuntamente la propuesta de liquidación y de valoración; plazo máximo el del art. 104 (seis meses si la norma no fija otro). Si el valor difiere del declarado, se notifica una propuesta de valoración motivada con los medios y criterios.

Sin recurso autónomo contra la valoración: se discute al recurrir la regularización o promoviendo la tasación pericial contradictoria (art. 134.3). Si la ley da efectos al valor frente a otros obligados, la Administración queda vinculada frente a ellos (art. 134.4).

La comprobación puede ser también una actuación concreta dentro de un procedimiento iniciado mediante declaración, de comprobación limitada o de inspección; entonces el plazo es el de ese procedimiento (art. 159 RGAT).

Sirve para confirmar o corregir las valoraciones obtenidas con los medios del art. 57.1 (art. 57.2). Se promueve dentro del plazo del primer recurso o reclamación contra la liquidación basada en el valor comprobado (art. 135.1).

Efectos de la solicitud: suspende la ejecución de la liquidación y el plazo para recurrir; suspende también el plazo para iniciar el sancionador derivado o, si ya empezó, su plazo máximo de terminación.

Peritos: si la valoración no la hizo un perito de la Administración, primero valora uno de ella (hoja de aprecio en 15 días). El obligado designa su perito en 10 días y este valora en 1 mes; si no, se entiende que desiste (art. 161 RGAT).

Regla 120.000 / 10 %: si la diferencia entre ambas tasaciones es igual o inferior a 120.000 € y al 10 % de la tasación del perito del obligado, vale la de este. Si es superior, perito tercero (por sorteo de listas de colegios; en su defecto, sociedad de tasación designada por el Banco de España).

Honorarios del tercero: los paga el obligado si su tasación difiere del valor declarado en más del 20 %; si no, la Administración. Puede exigirse provisión en 10 días; la falta de depósito supone aceptar la valoración del perito de la otra parte.

La valoración del tercero sirve de base con los límites del valor declarado y del comprobado inicialmente (art. 135.4).

La deuda tributaria es la cuota o cantidad a ingresar que resulta de la obligación principal o de las obligaciones de realizar pagos a cuenta (art. 58.1).

Además la integran, en su caso (art. 58.2): a) interés de demora; b) recargos por declaración extemporánea; c) recargos del período ejecutivo; d) recargos legales sobre bases o cuotas a favor del Tesoro o de otros entes públicos.

Las sanciones no forman parte de la deuda tributaria, pero se recaudan con las normas del capítulo V del título III (art. 58.3). Tampoco son obligaciones accesorias (art. 25.2).

Interés de demora: interés legal del dinero incrementado en un 25 %, salvo que la LPGE fije otro; será el interés legal en aplazamientos, fraccionamientos o suspensiones garantizados totalmente con aval solidario de entidad de crédito o SGR o con seguro de caución (art. 26.6).