TR-5. Las obligaciones tributarias y los derechos y garantías de los obligados

La relación jurídico-tributaria genera obligaciones materiales (principal, pagos a cuenta, entre particulares y accesorias) y formales (art. 17.3 LGT).

La obligación principal tiene por objeto el pago de la cuota tributaria (art. 19) y nace con la realización del hecho imponible (art. 20).

Consiste en satisfacer un importe a la Administración por el obligado a realizar pagos fraccionados, el retenedor o el obligado a realizar ingresos a cuenta (art. 23.1).

Tiene carácter autónomo respecto de la obligación principal: es exigible aunque al final no resulte cuota.

El contribuyente deduce de la obligación principal los pagos a cuenta soportados, salvo que la ley del tributo permita deducir una cantidad distinta (art. 23.2).

Tienen por objeto una prestación de naturaleza tributaria exigible entre obligados tributarios (art. 24.1).

Ejemplos legales: las derivadas de actos de repercusión, retención o ingreso a cuenta (art. 24.2). El repercutido no está obligado frente a la Administración, pero debe satisfacer al sujeto pasivo la cuota repercutida (art. 38.2).

Accesorias: prestaciones pecuniarias distintas de las anteriores que se exigen en relación con otra obligación tributaria: interés de demora, recargos por declaración extemporánea y recargos del periodo ejecutivo (art. 25.1). Las sanciones no son obligaciones accesorias (art. 25.2).

El interés de demora se exige por pago fuera de plazo, por autoliquidación o declaración con cantidad a ingresar presentada tras el plazo, por cobro de devoluciones improcedentes y demás casos legales; no requiere intimación previa ni retraso culpable (art. 26.1).

Supuestos del art. 26.2: fin del periodo voluntario de liquidaciones y sanciones sin ingreso; fin del plazo de autoliquidación sin presentarla o presentada incorrectamente (salvo art. 27.2); suspensión del acto; inicio del periodo ejecutivo (salvo recargos del 5 y 10 %); asistencia mutua; devoluciones improcedentes.

No se exigen intereses desde que la Administración incumple por causa imputable a ella el plazo para resolver hasta que resuelve o se recurre la resolución presunta; no rige en aplazamientos y fraccionamientos (art. 26.4).

Cuantía: interés legal del dinero + 25 %, salvo que la LPGE fije otro; solo interés legal si la deuda aplazada, fraccionada o suspendida está garantizada totalmente con aval solidario de entidad de crédito o SGR o con seguro de caución (art. 26.6).

Se devengan por presentar autoliquidaciones o declaraciones fuera de plazo sin requerimiento previo: cualquier actuación administrativa con conocimiento formal del obligado conducente a regularizar (art. 27.1).

Cuantía: 1 % más 1 % adicional por cada mes completo de retraso; excluye sanciones e intereses hasta la presentación. Si se presenta pasados 12 meses: 15 %, excluye sanciones y se exigen intereses desde el día siguiente al fin de esos 12 meses (art. 27.2).

No hay recargo si se regularizan otros periodos del mismo concepto por hechos idénticos a los regularizados por la Administración, en seis meses desde la notificación de la liquidación, con pago, sin recurrir y sin sanción.

Reducción del 25 % del recargo si se ingresa el resto del recargo en el plazo del art. 62.2 y la deuda principal al presentar (o en plazo de aplazamiento con aval o seguro de caución) (art. 27.5).

Se devengan con el inicio del periodo ejecutivo; son tres e incompatibles entre sí y se calculan sobre la totalidad de la deuda no ingresada en voluntaria (art. 28.1).

Ejecutivo 5 %: se paga toda la deuda antes de notificarse la providencia de apremio. Apremio reducido 10 %: se paga deuda y recargo antes de que acabe el plazo del art. 62.5. Apremio ordinario 20 %: en los demás casos.

Solo el 20 % es compatible con intereses de demora; con el 5 % y el 10 % no se exigen los intereses devengados desde el inicio del periodo ejecutivo (art. 28.5).

Son las que, sin carácter pecuniario, impone la normativa tributaria o aduanera a los obligados, deudores o no del tributo, relacionadas con actuaciones o procedimientos (art. 29.1).

Lista del art. 29.2: declaraciones censales; solicitar y usar el NIF; presentar declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones; llevar y conservar libros y registros y sus programas; expedir y entregar facturas y conservarlas; aportar información; facilitar inspecciones; entregar certificado de retenciones; obligaciones aduaneras; y sistemas informáticos que garanticen integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad.

Son también obligaciones tributarias las derivadas de la normativa sobre asistencia mutua, cuyo incumplimiento puede sancionarse (art. 29 bis).

Obligaciones de contenido económico (art. 30.1): devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, devolución de ingresos indebidos, reembolso del coste de las garantías y satisfacer intereses de demora. Además, deberes procedimentales (art. 30.2).

Devoluciones de la normativa del tributo (art. 31): cantidades ingresadas o soportadas debidamente; si pasa el plazo del tributo y, en todo caso, seis meses sin ordenar el pago por causa imputable a la Administración, se abona interés de demora sin solicitarlo.

Ingresos indebidos (art. 32): se devuelven a obligados, infractores o sucesores con interés de demora desde la fecha del ingreso indebido; si se ingresó en varios plazos, lo devuelto se entiende ingresado en el último.

Reembolso de garantías (art. 33): si el acto o la deuda se declara improcedente por sentencia o resolución administrativa firme, se reembolsa el coste (total o proporcional) con interés legal; no se aplica a garantías exigidas por la normativa propia de cada tributo.

El art. 34.1 enumera, entre otros: información y asistencia; devoluciones con interés sin requerimiento; reembolso de garantías con interés legal y reducción proporcional de la garantía si se estima parcialmente; lenguas oficiales; conocer el estado de tramitación y la identidad del personal; copias y certificaciones; no aportar documentos ya presentados (indicando día y procedimiento); carácter reservado de los datos; trato respetuoso; actuaciones menos gravosas; alegaciones y audiencia; información de valores de inmuebles; información al inicio de comprobaciones; reconocimiento de beneficios; quejas y sugerencias; que sus manifestaciones consten en diligencias; aportar documentación; copia del expediente a su costa en la puesta de manifiesto (ejercitable en cualquier momento del apremio).

El Consejo para la Defensa del Contribuyente, integrado en el Ministerio de Hacienda, vela por la efectividad de estos derechos, atiende quejas y formula sugerencias (art. 34.2).

Los interesados pueden colaborar en los términos que se fijen reglamentariamente (art. 92.1), mediante acuerdos de la Administración con otras Administraciones, entidades privadas u organizaciones representativas y, para potenciar el cumplimiento cooperativo, con colegios y asociaciones de asesores fiscales (art. 92.2).

Ámbitos (art. 92.3): estudios e informes; campañas de información; simplificación; asistencia en declaraciones; y, previa autorización de los obligados, presentación de documentos, subsanación de defectos, información sobre devoluciones y obtención de certificados.

La Administración puede fijar requisitos para la colaboración por medios electrónicos (art. 92.4).

Los datos obtenidos por la Administración tributaria son reservados: solo se usan para aplicar los tributos o recursos encomendados e imponer sanciones, sin cederse a terceros salvo los supuestos tasados del art. 95.1.

Supuestos de cesión: jueces y Ministerio Fiscal en delitos no perseguibles solo a instancia de agraviado; otras Administraciones tributarias; Seguridad Social; lucha contra el fraude en subvenciones; comisiones parlamentarias de investigación; protección de menores e incapacitados; Tribunal de Cuentas; jueces para ejecutar resoluciones firmes (resolución expresa y motivada); blanqueo de capitales; recursos públicos no tributarios y DGT; otras Administraciones con autorización del obligado; IGAE; Oficina de Recuperación y Gestión de Activos; Plan de Recuperación.

Quien conozca esos datos debe guardar el más estricto y completo sigilo; su infracción es siempre falta disciplinaria muy grave (art. 95.3). Retenedores y obligados a ingresos a cuenta solo pueden usar los datos para practicar los pagos a cuenta (art. 95.5).