TR-4. Los tributos, la relación jurídico-tributaria y la prescripción

El art. 2.1 LGT define los tributos como ingresos públicos consistentes en prestaciones pecuniarias exigidas por una Administración pública como consecuencia de realizar el supuesto de hecho al que la ley vincula el deber de contribuir.

Fin primordial: obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos. Fin secundario o extrafiscal: servir como instrumento de la política económica general y atender a los principios y fines de la Constitución (tributos medioambientales, incentivos fiscales).

La potestad originaria para establecer tributos es exclusiva del Estado mediante ley; comunidades autónomas y entidades locales pueden establecerlos y exigirlos de acuerdo con la Constitución y las leyes; las demás entidades de Derecho público solo pueden exigirlos cuando una ley lo determine (art. 4).

Tasas: hecho imponible consistente en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, o en la prestación de servicios o realización de actividades en régimen de Derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado, cuando no sean de solicitud o recepción voluntaria o no se presten por el sector privado.

Contribuciones especiales: obtención por el obligado de un beneficio o aumento de valor de sus bienes como consecuencia de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos.

Impuestos: exigidos sin contraprestación; el hecho imponible son negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica del contribuyente.

La clasificación atiende a la naturaleza del hecho imponible, cualquiera que sea la denominación que se dé al tributo.

Ordenación (art. 3.1): capacidad económica y principios de justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga y no confiscatoriedad. Se prohíbe cualquier instrumento extraordinario de regularización fiscal que minore la deuda devengada.

Aplicación (art. 3.2): proporcionalidad, eficacia y limitación de costes indirectos derivados de las obligaciones formales, con respeto de los derechos y garantías de los obligados.

Es el conjunto de obligaciones y deberes, derechos y potestades originados por la aplicación de los tributos (art. 17.1). De ella derivan obligaciones materiales y formales para el obligado y para la Administración, y sanciones si se incumplen.

Obligaciones materiales: la principal, la de realizar pagos a cuenta, las establecidas entre particulares y las accesorias. Formales: las del art. 29.1.

Los elementos de la obligación no pueden alterarse por actos o convenios de particulares, que no surten efectos ante la Administración, sin perjuicio de sus consecuencias jurídico-privadas (art. 17.5). El crédito tributario es indisponible salvo que la ley establezca otra cosa (art. 18).

La obligación principal tiene por objeto el pago de la cuota tributaria (art. 19).

Hecho imponible: presupuesto fijado por la ley para configurar cada tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria principal (art. 20.1).

No sujeción: la ley puede completar la delimitación del hecho imponible mencionando supuestos de no sujeción (art. 20.2); en ellos no se realiza el hecho imponible.

Exención: a pesar de realizarse el hecho imponible, la ley exime del cumplimiento de la obligación principal (art. 22). La exención, como beneficio fiscal, está sujeta a reserva de ley y no admite analogía.

Devengo: momento en que se entiende realizado el hecho imponible y nace la obligación principal (art. 21.1).

La fecha del devengo determina las circunstancias relevantes para configurar la obligación, salvo que la ley de cada tributo disponga otra cosa.

Exigibilidad: la ley de cada tributo puede fijar la exigibilidad de la cuota, o de parte de ella, en un momento distinto al del devengo (art. 21.2).

Prescriben a los cuatro años (art. 66): a) derecho a liquidar; b) derecho a exigir el pago de deudas liquidadas y autoliquidadas; c) derecho a solicitar devoluciones y reembolsos; d) derecho a obtener devoluciones y reembolsos.

La prescripción no afecta al derecho a comprobar e investigar (art. 66 bis.1), salvo la comprobación de bases o cuotas compensadas o pendientes y deducciones, que prescribe a los diez años (art. 66 bis.2).

Dies a quo (art. 67): a) día siguiente al fin del plazo reglamentario de declaración (en tributos periódicos por recibo sin declaración, el día de devengo); b) día siguiente al fin del plazo de pago voluntario; c) día siguiente al fin del plazo para solicitar la devolución o al del ingreso indebido; d) día siguiente al fin del plazo para devolver o a la notificación del acuerdo que reconoce el derecho.

Responsables solidarios: desde el día siguiente al fin del plazo voluntario del deudor principal; subsidiarios: desde la notificación de la última actuación recaudatoria al deudor principal o a cualquier solidario.

Interrumpen el derecho a liquidar (art. 68.1): acción administrativa con conocimiento formal del obligado conducente a regularizar; recursos y reclamaciones, remisión del tanto de culpa o denuncia al Ministerio Fiscal; actuación fehaciente del obligado conducente a la liquidación o autoliquidación.

Interrumpida la prescripción, se inicia de nuevo el cómputo (art. 68.6). Si la causa es un recurso contencioso, acciones civiles o penales o el concurso, el cómputo se reinicia al recibir la resolución firme o, en el concurso, cuando adquiera firmeza la resolución de conclusión (art. 68.7).

La interrupción para un obligado se extiende a todos, incluidos responsables, salvo obligación mancomunada en que solo se reclama a uno su parte; con varias deudas liquidadas, solo afecta a la deuda a la que se refiera (art. 68.8).

La prescripción ganada aprovecha a todos, se aplica de oficio incluso si se ha pagado y extingue la deuda (art. 69). Las obligaciones formales vinculadas solo son exigibles mientras no haya prescrito el derecho a determinar la obligación principal (art. 70.1).

Entrada en vigor: a los veinte días naturales de su completa publicación si no se dispone otra cosa; vigencia indefinida salvo plazo determinado (art. 10.1).

Irretroactividad salvo disposición en contrario: se aplican a tributos sin periodo impositivo devengados desde su entrada en vigor y a los demás cuyo periodo impositivo se inicie desde ese momento. Las normas de infracciones, sanciones y recargos son retroactivas respecto de actos no firmes si son más favorables (art. 10.2).

Criterios de sujeción (art. 11): los que fije la ley; en su defecto, residencia para los tributos de carácter personal y territorialidad para los demás.

Las normas tributarias se interpretan conforme al art. 3.1 del Código Civil; los términos no definidos por la normativa tributaria, según su sentido jurídico, técnico o usual (art. 12.1 y 2).

Disposiciones interpretativas o aclaratorias: en el ámbito estatal corresponden al Ministro de Hacienda (obligatorias para todos los órganos de la Administración tributaria) y a los órganos del art. 88.5 (vinculantes para los órganos de aplicación de los tributos); se publican en el boletín oficial.

Calificación (art. 13): las obligaciones se exigen según la naturaleza jurídica del hecho, acto o negocio, cualquiera que sea la forma o denominación dada por los interesados y prescindiendo de los defectos de validez.

No se admite la analogía para extender más allá de sus términos estrictos el ámbito del hecho imponible, de las exenciones y demás beneficios o incentivos fiscales (art. 14).

La prohibición protege la reserva de ley del art. 8 LGT: lo que la ley no grava expresamente no puede gravarse por semejanza, y lo que no exime expresamente no puede eximirse por semejanza.

Existe cuando se evita total o parcialmente el hecho imponible o se minora la base o la deuda mediante actos o negocios en los que concurren: a) que sean notoriamente artificiosos o impropios para el resultado obtenido; b) que de su utilización no resulten efectos jurídicos o económicos relevantes distintos del ahorro fiscal (art. 15.1).

Requiere el previo informe favorable de la Comisión consultiva del art. 159 (art. 15.2).

Consecuencia: se exige el tributo aplicando la norma de los actos usuales o propios o eliminando las ventajas obtenidas, y se liquidan intereses de demora (art. 15.3).

En los actos o negocios simulados, el hecho imponible gravado es el efectivamente realizado por las partes (art. 16.1).

La simulación la declara la Administración tributaria en el acto de liquidación, con efectos exclusivamente tributarios (art. 16.2).

En la regularización se exigen intereses de demora y, en su caso, la sanción pertinente (art. 16.3). A diferencia del conflicto, no exige informe de la Comisión consultiva.