TR-3. El Derecho Tributario, sus fuentes y los principios de la LGT

El Derecho Tributario es la parte del Derecho Financiero que regula los tributos: su establecimiento, la relación jurídica que generan y los procedimientos para aplicarlos, sancionar sus incumplimientos y revisar los actos dictados.

Su contenido se refleja en la estructura de la LGT: parte general (principios y normas, Título I), Derecho tributario material (los tributos y la obligación tributaria, Título II), formal o procedimental (aplicación de los tributos, Título III), sancionador (Título IV) y revisión en vía administrativa (Título V); además, actuaciones en caso de delito fiscal (Título VI) y recuperación de ayudas de Estado (Título VII).

Núcleo del Derecho Tributario material es la relación jurídico-tributaria (art. 17 LGT): conjunto de obligaciones y deberes, derechos y potestades originados por la aplicación de los tributos; de ella derivan obligaciones materiales (principal, pagos a cuenta, entre particulares, accesorias) y formales. Sus elementos no pueden alterarse por pactos entre particulares.

Tributo: ingreso público consistente en una prestación pecuniaria exigida por una Administración pública como consecuencia de realizar el supuesto de hecho al que la ley vincula el deber de contribuir, con el fin primordial de financiar el gasto público. Puede servir además como instrumento de política económica (fines extrafiscales).

Clases (cualquiera que sea su denominación): tasas (uso privativo o aprovechamiento especial del dominio público, o servicios o actividades en régimen de derecho público que afecten particularmente al obligado y no sean de solicitud o recepción voluntaria o no los preste el sector privado); contribuciones especiales (beneficio o aumento de valor de bienes por obras públicas o servicios públicos); impuestos (sin contraprestación, por hechos que revelan capacidad económica).

La LGT establece los principios y normas generales del sistema tributario y se aplica a todas las Administraciones tributarias al amparo del art. 149.1.1.ª, 8.ª, 14.ª y 18.ª CE, sin perjuicio del Concierto vasco y el Convenio navarro. Regula también la asistencia mutua internacional, que participa de la naturaleza de las relaciones internacionales (149.1.3.ª).

Principios de ordenación (art. 3.1): capacidad económica, justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga y no confiscatoriedad. Se prohíbe cualquier instrumento extraordinario de regularización que minore la deuda devengada.

Principios de aplicación (art. 3.2): proporcionalidad, eficacia y limitación de costes indirectos de las obligaciones formales, con respeto de los derechos y garantías de los obligados.

Potestad originaria: exclusivamente el Estado, mediante ley; derivada: comunidades autónomas y entidades locales, de acuerdo con la Constitución y las leyes; las demás entidades de derecho público solo exigen tributos si una ley lo determina (art. 4).

Administración tributaria (art. 5): órganos que desarrollan las funciones de los títulos III a VII. En el Estado, las competencias corresponden al Ministerio y, por su ley de creación, a la AEAT, salvo la nulidad de pleno derecho y las reclamaciones económico-administrativas. Cabe colaboración entre Administraciones.

Los actos de aplicación y de imposición de sanciones son reglados e impugnables en vía administrativa y jurisdiccional (art. 6).

Orden: a) Constitución; b) tratados con cláusulas tributarias, en especial los convenios de doble imposición (art. 96 CE); c) normas de la Unión Europea y organismos supranacionales (art. 93 CE); d) LGT, leyes de cada tributo y demás leyes; e) reglamentos y, en el ámbito local, ordenanzas fiscales.

El Ministro de Hacienda dicta órdenes ministeriales de desarrollo cuando lo disponga la ley o reglamento; pueden desarrollar directamente una ley si esta lo establece expresamente.

Supletoriedad: disposiciones generales del derecho administrativo y preceptos del derecho común (art. 7.2).

El art. 8 reserva a la ley, entre otras materias: los elementos de cuantificación (hecho imponible, devengo, bases, tipo) y las presunciones iuris et de iure; los pagos a cuenta y su importe máximo; los obligados del art. 35.2 y los responsables; los beneficios fiscales; recargos e intereses de demora; prescripción y caducidad; infracciones y sanciones; la obligación de declarar y autoliquidar; los efectos del incumplimiento sobre los negocios; las obligaciones entre particulares; condonación, moratorias y quitas; los actos reclamables en vía económico-administrativa; y las intervenciones permanentes.

Identificación (art. 9): las normas tributarias lo mencionan en su título y en la rúbrica de los artículos; las que modifiquen normas tributarias incluyen la relación completa de normas derogadas y la nueva redacción de las modificadas.

Entrada en vigor: a los veinte días naturales de su completa publicación, salvo otra previsión; vigencia indefinida salvo plazo determinado.

Irretroactividad salvo disposición en contrario: se aplican a los tributos sin período impositivo devengados desde su entrada en vigor y a los demás cuyo período impositivo se inicie desde entonces. Las normas sobre infracciones, sanciones y recargos son retroactivas respecto de actos no firmes si son más favorables.

Criterios de sujeción (art. 11): los que fije cada ley; en su defecto, residencia para los tributos personales y territorialidad más adecuada para los demás.

Interpretación (art. 12): según el art. 3.1 del Código Civil; los términos no definidos, en su sentido jurídico, técnico o usual. Las disposiciones interpretativas del Ministro obligan a todos los órganos de la Administración tributaria; las de los órganos del art. 88.5 vinculan a los de aplicación. Se publican en el boletín oficial.

Calificación (art. 13): según la naturaleza jurídica real del hecho o negocio, con independencia de su forma o denominación y de sus defectos de validez. Analogía (art. 14): prohibida para extender el hecho imponible, las exenciones y los beneficios fiscales.

Conflicto en la aplicación de la norma (art. 15): actos notoriamente artificiosos o impropios sin efectos relevantes distintos del ahorro fiscal; exige informe favorable de la Comisión consultiva (art. 159); se regulariza con intereses de demora. Simulación (art. 16): se grava el hecho efectivamente realizado; la declara la Administración en la liquidación con efectos solo tributarios; intereses y, en su caso, sanción.