TR-37. Las tasas y los precios públicos

La Ley 8/1989 regula dos recursos de Derecho público: las tasas y los precios públicos (art. 1). Las tasas son tributos; los precios públicos son contraprestaciones pecuniarias que no tienen esa naturaleza.

Hay tasa cuando se utiliza privativamente o se aprovecha de forma especial el dominio público, o se presta un servicio o actividad en régimen de derecho público que afecta o beneficia de modo particular al obligado, y ese servicio no es de solicitud o recepción voluntaria o no lo presta el sector privado (art. 6).

Hay precio público cuando el servicio, también prestado por el sector privado, es de solicitud voluntaria por el administrado (art. 24). La exposición de motivos resume la diferencia: el precio es contractual y voluntario; la tasa lleva la nota de coactividad del tributo.

Principios: equivalencia (las tasas tienden a cubrir el coste del servicio o actividad, art. 7) y capacidad económica (se tiene en cuenta cuando lo permitan las características del tributo, art. 8).

Quedan fuera de la Ley las cotizaciones a la Seguridad Social, la contraprestación de entes que actúan con derecho privado, los recursos de las Cámaras de Comercio y las tarifas de concesionarios (art. 2).

Los recursos del Estado y sus organismos autónomos se ingresan en el Tesoro o en cuentas autorizadas y su rendimiento va íntegro al Presupuesto de ingresos (art. 3). Exigir indebidamente una tasa o precio, de forma voluntaria y culpable, es falta disciplinaria muy grave (art. 4).

Fuentes de las tasas (art. 9.1), por orden: tratados internacionales publicados; Ley 8/1989, LGT y LGP en lo que no digan lo contrario; ley propia de cada tasa; reglamentos de desarrollo. La Ley es supletoria para las tasas autonómicas y locales (art. 9.2).

El establecimiento de la tasa y sus elementos esenciales se hacen con arreglo a Ley; si la ley lo autoriza, un reglamento puede concretar las cuantías subordinándose a los criterios legales (art. 10). La exacción debe estar prevista en los Presupuestos (art. 11).

Devolución (art. 12): procede si no se realiza el hecho imponible por causas no imputables al sujeto pasivo.

El art. 13 enumera, como supuestos posibles, licencias y autorizaciones, certificados, legalización de libros, actuaciones técnicas, examen de proyectos, valoraciones, registros, servicios académicos, portuarios y aeroportuarios, sanitarios, controles aduaneros, participación en oposiciones y pruebas selectivas, potestad jurisdiccional civil, contencioso-administrativa y social, y servicios que beneficien a personas determinadas.

El orden penal no figura entre las tasas jurisdiccionales del art. 13.m).

Las tasas se exigen por el hecho de la prestación aunque el servicio se preste fuera del territorio nacional (art. 14).

Dos formas de devengo (art. 15.1): a) al conceder la utilización o aprovechamiento, o al iniciar el servicio o actividad (con posible depósito previo); b) al presentar la solicitud que inicia la actuación, que no se tramita sin pago.

En las tasas de devengo periódico, tras notificar la liquidación del alta en registro, padrón o matrícula, las sucesivas liquidaciones pueden notificarse colectivamente mediante anuncios en el BOE (art. 15.2).

Sujetos pasivos (art. 16): personas físicas o jurídicas beneficiarias del dominio público o a quienes afecten o beneficien personalmente o en sus bienes los servicios. También herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades sin personalidad que formen unidad económica o patrimonio separado.

Responsables (art. 17): solidarios, las aseguradoras de riesgos que motiven las actuaciones o servicios; subsidiarios, los propietarios de inmuebles en tasas por servicios que beneficien a sus usuarios u ocupantes.

Beneficios fiscales (art. 18): ninguno, salvo a favor del Estado y demás entes públicos territoriales o institucionales o por tratados internacionales.

Dominio público: valor de mercado o utilidad derivada (art. 19.1). Servicios y actividades: no puede exceder del coste real o previsible o, en su defecto, del valor de la prestación recibida (art. 19.2), computando costes directos e indirectos, financieros y amortización (art. 19.3).

La cuota puede ser cantidad fija, tipo sobre base imponible o ambos a la vez (art. 19.4). Las Leyes de Presupuestos pueden modificar las cuantías (art. 19.5).

Toda propuesta de nueva tasa o de modificación específica de cuantías lleva una memoria económico-financiera; su falta produce la nulidad de pleno derecho de las disposiciones reglamentarias que fijen las cuantías (art. 20.1).

Si el uso del dominio público causa destrucción o deterioro no previsto en la memoria, el sujeto pasivo paga la tasa y además reintegra el coste total de reconstrucción o reparación o, si es irreparable, el valor de lo destruido o el importe del deterioro (art. 20.2).

Pago: en efectivo o con efectos timbrados, según reglamento (art. 21). Gestión: Ministerio de Economía y Hacienda (hoy Hacienda), con posible participación reglamentaria de otros órganos; se aplican los principios y procedimientos de la LGT (liquidación, recaudación, inspección y revisión) (art. 22).

Autoliquidación cuando lo prevea el reglamento (art. 23).

Cuantía (art. 25): cubrir como mínimo los costes económicos o ser equivalente a la utilidad; pueden ser inferiores por razones sociales, benéficas, culturales o de interés público, con previsión presupuestaria de la parte subvencionada.

Establecimiento (art. 26): Orden del Departamento ministerial a propuesta del órgano perceptor, o directamente por los organismos públicos con autorización del Departamento; siempre con memoria económico-financiera.

Cobro (art. 27): lo hacen los Departamentos y organismos perceptores; exigible desde el inicio de la prestación, con posible depósito previo; devolución si no se presta por causa no imputable al obligado; apremio administrativo; en lo no previsto, Ley General Presupuestaria.

DA 2.ª: exacciones reguladoras de precios por Real Decreto. DA 3.ª: Aranceles de funcionarios, aprobados por Real Decreto con memoria e informe del Consejo de Estado, aplicados sobre valores comprobados fiscalmente. DA 5.ª: las tasas académicas universitarias pasan a ser precios públicos. DA 7.ª: el Título III es supletorio para CCAA y Haciendas locales.

La Ley entró en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOE (disposición final).