TR-38. Financiación de las CCAA, Haciendas Locales e IAE

Las CCAA gozan de autonomía financiera para desarrollar sus competencias (art. 1 LOFCA). Su financiación se rige por la LOFCA y por cada Estatuto; el sistema de las CCAA de régimen común y Ciudades con Estatuto se regula en la Ley 22/2009. País Vasco y Navarra mantienen el concierto y el convenio (disp. adic. 1.ª y 2.ª LOFCA).

Principios (art. 2.1 LOFCA): a) el sistema de ingresos no puede implicar privilegios ni barreras fiscales; b) el Estado garantiza el equilibrio económico, la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera; c) nivel base equivalente de financiación de los servicios públicos fundamentales; d) corresponsabilidad; e) solidaridad; f) suficiencia; g) lealtad institucional, con valoración quinquenal de su impacto por el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Recursos (art. 4.1 LOFCA): patrimonio y derecho privado; impuestos, tasas y contribuciones especiales propios; tributos cedidos; participación en el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales; recargos sobre tributos del Estado; participaciones en ingresos del Estado; operaciones de crédito; multas y sanciones; y precios públicos propios. Además, asignaciones de los PGE y transferencias del Fondo de Compensación Interterritorial (art. 4.2).

Endeudamiento (art. 14): a corto plazo para tesorería; a más de un año, solo para gastos de inversión y si las anualidades de capital e intereses no superan el 25 % de los ingresos corrientes. Necesitan autorización del Estado para operar en el extranjero y emitir deuda (salvo operaciones en euros dentro de la UE).

El Estado garantiza en todo el territorio el nivel mínimo de los servicios públicos fundamentales: educación, sanidad y servicios sociales esenciales (art. 15.1 LOFCA).

Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales: asegura a cada CA los mismos recursos por habitante ajustado; se forma con el 75 % de los recursos tributarios de las CCAA en términos normativos y con la aportación del Estado (art. 15.2 LOFCA; art. 9 Ley 22/2009).

Fondo de Suficiencia Global: cubre la diferencia entre las necesidades de gasto de cada CA y la suma de su capacidad tributaria y la transferencia del Fondo de Garantía; su valor inicial lo fija la Comisión Mixta y solo se revisa por traspasos, cesión de nuevos tributos u otras causas legales (art. 13 LOFCA).

Fondo de Compensación Interterritorial (art. 16 LOFCA): carga general del Estado, se dota en los PGE con al menos el 22,5 % de la base de cálculo de la inversión pública, se destina a inversión en los territorios menos desarrollados y lo distribuyen las Cortes Generales. Existe además un Fondo Complementario. La Ley 22/2009 añade los Fondos de Convergencia (Competitividad y Cooperación).

Las CCAA pueden establecer y exigir sus propios tributos de acuerdo con la Constitución y las leyes (art. 6.1 LOFCA), y regulan sus elementos esenciales por sus órganos competentes (art. 17).

Límites (art. 6): no pueden recaer sobre hechos imponibles gravados por el Estado; si el Estado grava después hechos ya gravados por la CA, la compensa. Tampoco sobre hechos imponibles gravados por tributos locales; pueden actuar sobre materias reservadas a las corporaciones locales con medidas de compensación que no mermen sus ingresos ni su crecimiento futuro.

Tasas (art. 7): por utilización de su dominio público o por servicios o actividades de su competencia que no sean de solicitud voluntaria o no los preste el sector privado; su rendimiento no puede superar el coste; pueden atender a la capacidad económica.

Contribuciones especiales (art. 8): por el beneficio o aumento de valor derivado de obras o servicios autonómicos; la recaudación no puede superar el coste soportado.

Impuestos propios (art. 9): no pueden gravar elementos patrimoniales, rendimientos o gastos fuera de su territorio, ni negocios o actos realizados fuera; no pueden obstaculizar la libre circulación ni afectar a la residencia de personas o ubicación de empresas.

Recargos sobre tributos del Estado susceptibles de cesión, salvo en el Impuesto sobre Hidrocarburos; en el IVA y los demás especiales, solo si tienen competencias sobre tipos (art. 12). La aplicación y la potestad sancionadora de sus propios tributos corresponde a la CA (art. 19.1) y sus reclamaciones, a sus propios órganos económico-administrativos (art. 20.1).

Concepto (art. 10 LOFCA): tributos establecidos y regulados por el Estado cuyo producto corresponde a la CA. La cesión se entiende hecha por precepto expreso del Estatuto y puede ser total o parcial, y comprender competencias normativas.

Cedibles (art. 11 LOFCA): IRPF (parcial, máx. 50 %), Patrimonio, ITPAJD, Sucesiones y Donaciones, IVA (parcial, máx. 50 %), especiales de fabricación (máx. 58 %, salvo Electricidad e Hidrocarburos), Electricidad, Determinados Medios de Transporte, tributos sobre el Juego, Hidrocarburos (58 % del tipo estatal general y 100 % del especial y del autonómico) y Depósito de Residuos.

Criterios de atribución (art. 10.4 LOFCA): tributos personales, por el domicilio fiscal (en sucesiones, el del causante); consumo, por el lugar de consumo o índices estadísticos; operaciones inmobiliarias, por el lugar del inmueble.

Residencia habitual (art. 28 Ley 22/2009): CA donde se permanezca más días del período impositivo (IRPF), de los cinco años anteriores al devengo (ISD) o del año anterior (ITPAJD e IEDMT); en su defecto, el principal centro de intereses y, después, la última residencia declarada. No surten efecto los cambios de residencia con el objetivo principal de tributar menos: se presume que no hay cambio si concurren las circunstancias del art. 28.4, salvo que la nueva residencia dure tres años.

Puntos de conexión del ISD (art. 32): sucesiones, residencia del causante; donaciones de inmuebles, donde radiquen; otras donaciones, residencia del donatario. En el IRPF con tributación conjunta en CCAA distintas, la del miembro con mayor base liquidable (art. 30.3). IVA: 50 % según el índice de consumo del INE (art. 35).

La titularidad de las competencias normativas, de aplicación, sancionadoras y de revisión de los tributos cedidos corresponde al Estado; la Inspección General del Ministerio evalúa anualmente su ejercicio por las CCAA (art. 45 Ley 22/2009).

Competencias normativas (art. 19.2 LOFCA; arts. 46-52 Ley 22/2009): en el IRPF, el mínimo personal y familiar (±10 % por cuantía), la escala autonómica de la base general (progresiva) y deducciones en la cuota autonómica; no pueden regular los tipos de la base del ahorro, las deducciones estatales, los pagos a cuenta, ni los conceptos de los mínimos. En Patrimonio, ISD, ITPAJD, Juego, IEDMT, Hidrocarburos (tipo autonómico) y Residuos, los elementos que enumera la ley. Si la CA no ejerce sus competencias, se aplica la normativa estatal (art. 53).

Al legislar, las CCAA respetan la solidaridad, no discriminan por ubicación de bienes o procedencia de rentas y mantienen una presión fiscal efectiva global equivalente (art. 19.2 LOFCA).

Delegación de la aplicación y revisión (art. 54 Ley 22/2009): asumen por delegación Patrimonio, ISD, ITPAJD, Juego, IEDMT, ventas minoristas de hidrocarburos y depósito de residuos. En IRPF, IVA y especiales de fabricación (cerveza, vino, productos intermedios, alcohol, hidrocarburos, tabaco, electricidad) la aplicación corresponde siempre a órganos estatales.

Consejo de Política Fiscal y Financiera (art. 3 LOFCA): órgano de coordinación en materia fiscal y financiera, formado por los Ministros de Economía y Hacienda y de Administraciones Públicas y el Consejero de Hacienda de cada CA o Ciudad Autónoma. Coordina la política presupuestaria, de endeudamiento y de inversiones, estudia los criterios del Fondo de Compensación y los costes de los servicios transferidos.

Junta Arbitral (arts. 23-24 LOFCA): resuelve los conflictos sobre puntos de conexión y titularidad del rendimiento o de las competencias de gestión, inspección o recaudación de los tributos cedidos. Planteado el conflicto, se notifica a los interesados, se interrumpe la prescripción y las Administraciones se abstienen. Procedimiento simplificado si ninguna cuota líquida supera 125.000 €, resuelto por su presidente: un jurista de reconocido prestigio designado por cinco años por el Ministro de Hacienda a propuesta del CPFF. Sus resoluciones son ejecutivas y recurribles en vía contencioso-administrativa.

Consejo Superior para la Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria (art. 65 Ley 22/2009): coordina la gestión de los tributos cedidos; lo preside el Presidente de la AEAT, con representantes de la AEAT, del Ministerio y de cada CA y Ciudad Autónoma.

Consejos Territoriales (art. 66): coordinan la gestión de los tributos cedidos en cada territorio, con las directrices del Consejo Superior.

Otras formas: acuerdos de colaboración para la aplicación de los tributos y la revisión (art. 5.4 LGT), delegación de la gestión, encomiendas e intercambio de información. La revisión de los actos autonómicos en tributos propios corresponde a sus propios órganos; en tributos estatales, cuando la ley lo prevea (art. 20 LOFCA).

Recursos (art. 2 TRLRHL): patrimonio y derecho privado; tributos propios (tasas, contribuciones especiales e impuestos) y recargos sobre impuestos de la CA u otras entidades locales; participaciones en tributos del Estado y de la CA; subvenciones; precios públicos; operaciones de crédito; multas y sanciones; y demás prestaciones de derecho público. Para cobrarlos tienen las prerrogativas de la Hacienda del Estado.

Principios (art. 6): no gravar bienes, actividades, rendimientos o gastos fuera del territorio; no gravar negocios realizados fuera; no obstaculizar la libre circulación ni la ubicación de personas y empresas.

Ordenanzas fiscales (arts. 15-19): las entidades acuerdan la imposición y supresión de sus tributos y aprueban ordenanzas, salvo los impuestos obligatorios del art. 59.1, que solo requieren ordenanza si se usan las facultades sobre cuotas. Acuerdo provisional expuesto 30 días como mínimo, con anuncio en el boletín provincial y, si el municipio supera 10.000 habitantes, en un diario; sin reclamaciones, el acuerdo se eleva a definitivo sin nuevo acuerdo plenario; entra en vigor al publicarse el texto íntegro. Contra las ordenanzas solo cabe recurso contencioso-administrativo.

Tasas (arts. 20-27): por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local y por servicios o actividades de competencia local; en las de dominio público, referencia al valor de mercado de la utilidad.

Contribuciones especiales (arts. 28-37): por el beneficio o aumento de valor derivado de obras o servicios locales; base imponible de hasta el 90 % del coste soportado.

Impuestos municipales (art. 59): obligatorios el IBI, el IAE y el IVTM, que se exigen sin acuerdo de imposición (art. 38); potestativos el ICIO y el IIVTNU.

Cifras clave: IBI urbano 0,4 % mínimo y supletorio, 1,10 % máximo; rústico 0,3 % y 0,90 % (art. 72). ICIO: base, el coste de ejecución material (sin IVA, tasas, honorarios ni beneficio del contratista); tipo máximo 4 %; devengo al iniciar la obra (art. 102). IIVTNU: tipo máximo 30 % (art. 108).

Naturaleza (art. 78): tributo directo y real; hecho imponible: el mero ejercicio en territorio nacional de actividades empresariales, profesionales o artísticas, con o sin local y estén o no en las tarifas. No lo son las agrícolas, ganaderas dependientes, forestales y pesqueras; sí la ganadería independiente (pasto ajeno, estabulada fuera de fincas rústicas, trashumante o alimentada con piensos ajenos a la finca).

No sujeción (art. 81): venta de activo fijo inventariado más de dos años; venta de bienes de uso particular con igual uso; productos recibidos en pago de trabajos personales; exposición decorativa; venta al por menor en un acto aislado.

Exenciones (art. 82): entes públicos; quienes inicien actividad, durante los dos primeros períodos; personas físicas siempre; sujetos pasivos del IS, sociedades civiles y entidades del art. 35.4 LGT con cifra de negocios inferior a 1.000.000 € (y no residentes con establecimiento permanente en igual caso); Seguridad Social, mutualidades, Cruz Roja y otros. Las de enseñanza y entidades de personas con discapacidad son rogadas.

Cuota (arts. 84-87): tarifas (cuotas mínimas municipales, provinciales o nacionales) × coeficiente de ponderación obligatorio según cifra de negocios (1,29 a 1,35; sin cifra, 1,31) × coeficiente de situación potestativo (0,4 a 3,8, entre 2 y 9 categorías de calles, saltos de al menos 0,10). Las tarifas no pueden superar el 15 % del beneficio medio presunto.

Bonificaciones (art. 88): obligatorias para cooperativas y del 50 % para actividades profesionales durante cinco años tras el segundo período; potestativas de hasta el 50 % (inicio empresarial, empleo, energías renovables, rendimientos bajos, puntos de recarga) y de hasta el 95 % por especial interés o utilidad municipal declarada por el Pleno por mayoría simple.

Período y devengo (art. 89): año natural; devengo el 1 de enero, con cuotas irreducibles salvo altas (trimestres que restan, incluido el de inicio) y bajas (prorrateo por trimestres, excluido el del cese).

Gestión (arts. 90-91): a partir de la matrícula; la gestión censal corresponde al Estado (reclamaciones ante sus TEA); la liquidación, recaudación y revisión de los actos de gestión tributaria, a los ayuntamientos; la inspección, al Estado salvo delegación. Las diputaciones pueden fijar un recargo provincial de hasta el 40 % (art. 134).