TR-33. Tributación aduanera (I): legislación y decisiones aduaneras

El código aduanero de la Unión (Reglamento (UE) 952/2013) contiene las disposiciones y procedimientos generales aplicables a las mercancías que entran o salen del territorio aduanero y se aplica de manera uniforme en todo él (art. 1.1).

La legislación aduanera (art. 5.2) es el cuerpo legal formado por el código y las disposiciones que lo completen o ejecuten, adoptadas a nivel de la Unión o nacional; el arancel aduanero común; la legislación de franquicias de la Unión; y los acuerdos internacionales con disposiciones aduaneras aplicables en la Unión (más el Reglamento 2022/2399 sobre ventanilla única).

Esa referencia a la normativa nacional de completamiento y ejecución es la clave de la integración con el Derecho interno. Algunas disposiciones pueden aplicarse fuera del territorio aduanero si lo prevén normas sectoriales o convenios (art. 1.2) y al comercio de mercancías de la Unión entre partes con y sin Directivas del IVA o de impuestos especiales (art. 1.3).

Las aduanas supervisan el comercio internacional de la Unión, contribuyendo a un comercio justo y abierto y a la política comercial común, y protegen intereses financieros, frente al comercio desleal e ilegal, la seguridad y el medio ambiente, manteniendo el equilibrio entre control y facilitación (art. 3).

Definiciones (art. 5): autoridades aduaneras (administraciones de aduanas más otras autoridades facultadas por el Derecho nacional); persona (física, jurídica o asociación con capacidad jurídica reconocida); operador económico (actividad profesional sujeta a la legislación aduanera); representante aduanero; riesgo; formalidades aduaneras.

El solicitante facilita la información necesaria; la decisión puede pedirse por varias personas y adoptarse para todas. La competencia corresponde, salvo disposición contraria, a la autoridad del lugar donde esté accesible la contabilidad principal a efectos aduaneros y se realice parte de la actividad.

Plazos: 30 días para comprobar y comunicar la aceptación; 120 días desde la aceptación para decidir; si no se cumple, se informa antes del vencimiento y el plazo suplementario no excede de 30 días salvo disposición contraria.

Efectos: desde que el solicitante recibe (o se considera que recibe) la notificación; ejecutabilidad desde la misma fecha salvo suspensión del art. 45.2; validez indefinida salvo disposición contraria.

Audiencia y motivación: antes de una decisión perjudicial se comunican los motivos y se da plazo de observaciones, salvo excepciones (fraude, amenazas a la seguridad, etc.); la decisión perjudicial se motiva y menciona el recurso del art. 44.

El titular cumple las obligaciones de la decisión e informa sin demora de los elementos sobrevenidos. Las autoridades pueden anular, modificar o revocar la decisión en cualquier momento si no se ajusta a la legislación aduanera, y en casos específicos reexaminarla o suspenderla (art. 23).

Supervisión de condiciones y obligaciones, con estrecha supervisión durante el primer año si el titular lleva establecido menos de tres años.

Las decisiones valen en todo el territorio aduanero de la Unión, salvo efecto limitado a uno o varios Estados miembros (art. 26). La Comisión desarrolla plazos y supuestos mediante actos delegados (art. 24) y el procedimiento mediante actos de ejecución con procedimiento de examen (art. 25).

Las autoridades anularán la decisión favorable cuando concurran las tres circunstancias: información incorrecta o incompleta, conocimiento (o deber razonable de conocimiento) del titular y que la decisión habría sido diferente con información correcta.

La anulación se notifica al titular y, salvo disposición contraria, es efectiva desde la fecha en que empezó a surtir efectos la decisión inicial.

Se revoca o modifica la decisión favorable, en casos distintos de la anulación, cuando no se hayan cumplido o hayan dejado de cumplirse condiciones de su adopción o lo solicite el titular. La revocación de una decisión favorable a varias personas puede afectar solo a quien incumplió.

Se notifica al titular y puede aplazarse hasta un máximo de un año su efecto en casos excepcionales por intereses legítimos del titular. No afecta, salvo petición, a las mercancías ya incluidas en un régimen o en depósito temporal (art. 30).

Las decisiones sin solicitud previa se rigen por los mismos preceptos (art. 29). La Comisión desarrolla casos y procedimiento por actos delegados y de ejecución (arts. 31 y 32).

Tiene derecho de recurso toda persona a la que la decisión afecte directa e individualmente, y quien no obtuvo decisión en el plazo del art. 22.3. Se ejerce en al menos dos fases (autoridades aduaneras o judicial; órgano superior independiente) y en el Estado miembro donde se adoptó o solicitó la decisión.

El recurso no suspende la decisión (art. 45.1). La suspensión total o parcial procede si hay razones fundadas para dudar de su conformidad o puede temerse daño irreparable; si la decisión impone pago de derechos, se exige garantía, salvo graves dificultades económicas o sociales acreditadas con evaluación documentada.