TR-12. La inspección de los tributos: órganos, funciones y facultades

La inspección tributaria consiste en el ejercicio de funciones administrativas dirigidas a: a) investigar hechos imponibles ignorados por la Administración; b) comprobar la veracidad y exactitud de las declaraciones; c) obtener información (arts. 93 y 94); d) comprobar valores (arts. 134 y 135); e) comprobar los requisitos de beneficios fiscales, devoluciones y regímenes especiales; f) informar a los obligados sobre sus derechos y obligaciones; g) practicar las liquidaciones resultantes; h) realizar comprobaciones limitadas; i) asesorar e informar a órganos de la Administración; j) realizar intervenciones tributarias (sin aplicar el art. 149); k) las demás que se le encomienden.

Comprobación e investigación son el núcleo del procedimiento inspector: la primera recae sobre lo declarado; la segunda busca hechos no declarados o declarados incorrectamente (art. 145).

Órganos de inspección: los administrativos que ejercen las funciones del art. 141 LGT y los que tengan esa condición por sus normas de organización. En el Estado: los órganos con funciones inspectoras de la AEAT y los de la Dirección General del Catastro con inspección catastral.

La AEAT inspecciona los tributos estatales y sus recargos, los tributos cedidos en los términos de la ley de cesión y el IAE.

Colaboración entre Administraciones (art. 167) e inspecciones coordinadas Estado-comunidades autónomas (art. 168: aceptación en un mes, finalización y recursos independientes).

Personal inspector (art. 169): funcionarios y personal de los puestos de inspección; al personal no funcionario pueden encomendarse actuaciones preparatorias y de comprobación o prueba de hechos.

La planificación comprende estrategias y objetivos y se concreta en planes y programas por sectores, áreas, operaciones o relaciones jurídico-tributarias. Se integra en el Plan de control tributario (art. 116 LGT) con criterios de riesgo fiscal, oportunidad, aleatoriedad u otros.

En la AEAT, los planes se elaboran anualmente. Planes, medios informáticos y sistemas de selección tienen carácter reservado. La selección del obligado es acto de mero trámite, no recurrible.

Las comunidades autónomas tienen plena autonomía para sus planes sobre tributos cedidos, salvo adecuación a planes conjuntos.

Examen de documentos, libros, contabilidad, ficheros, facturas, justificantes, correspondencia, bases de datos, programas y archivos informáticos, e inspección de bienes, elementos y explotaciones (art. 142.1). Se pueden obtener copias y exigir visualización o impresión de datos informáticos (art. 171.2); plazo de 10 días hábiles para aportar lo que no deba estar a disposición inmediata (5 en reiteraciones).

Entrada en fincas, locales y establecimientos (art. 142.2): con consentimiento o acuerdo de entrada de la autoridad administrativa (en la AEAT, el delegado o director de departamento, art. 172.2). Para el domicilio constitucionalmente protegido: consentimiento o autorización judicial (art. 113 LGT), que puede pedirse antes del inicio formal del procedimiento.

Otras facultades (art. 173.4-5 RGAT): libre entrada en puertos, estaciones, aeropuertos, mercados, mataderos y lonjas; recabar información de empleados; mediciones, muestras, fotos; dictamen de peritos; exigir exhibición de objetos; verificar el control interno y los sistemas informáticos.

Obligados: deben atender a la inspección y prestarle la debida colaboración; personarse por sí o por representante en el lugar, día y hora señalados y aportar la documentación; solo excepcionalmente y de forma motivada puede exigirse la comparecencia personal (art. 142.3 LGT). En los grupos fiscales, atienden la sociedad representante y las dependientes; si la inspección llega sin aviso, colabora el encargado del lugar (art. 173 RGAT).

Personal inspector: son agentes de la autoridad y deben acreditar su condición fuera de las oficinas (art. 142.4 LGT); deben informar al obligado al inicio sobre la naturaleza y alcance de las actuaciones y sus derechos (art. 147.2); deber de sigilo (su infracción es siempre falta muy grave, art. 95.3); deber de comunicar indicios de delito o de fraude de subvenciones (art. 60.3 RGAT). No están obligados a declarar como testigos si violan el sigilo (art. 60.6).

Documentos (art. 143 LGT): comunicaciones, diligencias, informes y actas. Las actas son documentos públicos que recogen el resultado de la comprobación e investigación y proponen la regularización o declaran correcta la situación. Valor probatorio (art. 144): prueban los hechos que motivan su formalización salvo prueba en contrario; los hechos aceptados se presumen ciertos y solo se rectifican probando error de hecho.

Lugar (art. 174 RGAT): el análisis de la documentación, donde legalmente deban estar los libros, salvo conformidad del obligado, copias obtenidas, registros tributarios o actuaciones ajenas a actividad económica.

Medidas cautelares (art. 146 LGT): motivadas, para evitar que desaparezcan o se alteren pruebas: precinto, depósito o incautación de mercancías, libros, documentos, locales o equipos; proporcionadas y temporales; ratificación en 15 días por el órgano competente para liquidar.

Obligados (art. 93.1): personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, y entidades del art. 35.4: datos propios y deducidos de sus relaciones con terceros (retenedores, cobradores de honorarios, depositarios de bienes de deudores, titulares reales…). Por suministro general o requerimiento individualizado.

Límites: no cabe ampararse en el secreto bancario; los requerimientos sobre movimientos de cuentas exigen autorización (en el Estado, director de departamento o delegado de la AEAT, art. 57 RGAT) y plazo mínimo de 15 días; los funcionarios pueden oponer el secreto de la correspondencia, el estadístico y el del protocolo notarial (con excepciones); los profesionales no revelan datos privados no patrimoniales ni confidenciales de asesoramiento o defensa, pero no pueden escudarse en el secreto para su propia comprobación.

Autoridades (art. 94): deber de informar y auxiliar; juzgados y tribunales, respetando el secreto sumarial. Requerimientos (art. 55 RGAT): plazo no inferior a 10 días; inspección y recaudación pueden actuar de inmediato si examinan documentos que deban estar a su disposición. Carácter reservado de los datos (art. 95).

Medios (art. 57.1 LGT): capitalización de rendimientos; estimación por referencia a registros oficiales (para inmuebles, el Catastro, con coeficientes multiplicadores); precios medios de mercado; cotizaciones; dictamen de peritos; valor en pólizas de seguro; tasación hipotecaria; precio de otras transmisiones del mismo bien (en el plazo de un año, art. 158.4 RGAT); otros de la ley de cada tributo.

Procedimiento (art. 134 LGT): no se comprueba si se declaró con valores publicados por la propia Administración; propuesta de valoración motivada; no hay recurso independiente contra la valoración. En la inspección, la comprobación de valores es una actuación concreta con las facultades inspectoras (art. 159 RGAT).

Tasación pericial contradictoria (art. 135): se promueve en el plazo del primer recurso contra la liquidación y suspende su ejecución y el plazo para recurrir.

El art. 141 i) LGT atribuye a la inspección el asesoramiento e informe a órganos de la Administración pública: elabora informes técnicos para otros órganos tributarios o administrativos y para los órganos jurisdiccionales y el Ministerio Fiscal.

Los datos obtenidos en las actuaciones pueden utilizarse para emitir informes, peritajes o asistencias solicitados por otros órganos, Administraciones, personas o entidades, sin perjuicio del carácter reservado del art. 95.1 LGT (art. 60.5 RGAT). Entre las cesiones permitidas figura la colaboración con jueces y Ministerio Fiscal en la persecución de delitos públicos (art. 95.1 a).

Además, los resultados documentados en diligencia se remiten a otras Administraciones cuando actúan por cuenta de ellas, acompañados, si conviene, de un informe (art. 167 RGAT).