TR-11. La recaudación en período ejecutivo y el procedimiento de apremio

La recaudación consiste en las funciones administrativas dirigidas al cobro de las deudas tributarias y se hace en período voluntario (pago en los plazos del art. 62 LGT) o en período ejecutivo, mediante pago espontáneo del obligado o, en su defecto, mediante el procedimiento administrativo de apremio (art. 160 LGT).

Inicio del período ejecutivo (art. 161.1 LGT): a) deudas liquidadas por la Administración: el día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso del art. 62; b) autoliquidaciones presentadas sin ingreso: al día siguiente de terminar el plazo del tributo o, si ya había concluido, el día siguiente a la presentación de la autoliquidación.

Lo que impide el inicio: la solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en período voluntario mientras se tramita; pero no lo impide si ya se había denegado otra solicitud previa (de aplazamiento, fraccionamiento, compensación, suspensión o pago en especie) sobre la misma deuda abriéndose otro plazo de ingreso que no se atendió. El recurso o reclamación en plazo contra una sanción impide el período ejecutivo hasta que sea firme en vía administrativa y acabe el plazo voluntario. La declaración de concurso no suspende el plazo voluntario de las deudas concursales (art. 161.2).

Efectos: iniciado el período ejecutivo, la Administración cobra por el procedimiento de apremio sobre el patrimonio del obligado (art. 161.3) y se exigen intereses de demora, recargos del período ejecutivo (arts. 26 y 28) y, en su caso, costas (art. 161.4). El obligado puede pagar total o parcialmente; si no paga todo (incluido recargo y costas), el procedimiento sigue por el resto (art. 69.3 RGR).

Para asegurar o efectuar el cobro, los funcionarios de recaudación pueden comprobar e investigar bienes y derechos, tienen las facultades del art. 142 LGT, pueden adoptar medidas cautelares del art. 146 y requerir al obligado una relación de bienes suficiente; ante el incumplimiento cabe la ejecución subsidiaria previo apercibimiento (art. 162 LGT).

Los recargos del período ejecutivo son obligaciones accesorias (art. 25 LGT), se devengan con el inicio del período ejecutivo, son incompatibles entre sí y se calculan sobre la totalidad de la deuda no ingresada en período voluntario (art. 28.1).

Recargo ejecutivo, 5 %: se paga toda la deuda no ingresada en voluntaria antes de la notificación de la providencia de apremio (art. 28.2).

Recargo de apremio reducido, 10 %: se paga la totalidad de la deuda y el propio recargo antes de que termine el plazo del art. 62.5 para las deudas apremiadas (art. 28.3).

Recargo de apremio ordinario, 20 %: cuando no se dan los supuestos anteriores (art. 28.4). Es el único compatible con los intereses de demora; con el 5 % o el 10 % no se exigen los intereses devengados desde el inicio del período ejecutivo (art. 28.5).

Intereses de demora del período ejecutivo (art. 72 RGR): se devengan desde el inicio del período ejecutivo hasta el ingreso; la base no incluye el recargo de apremio. Si se paga después del plazo del 62.5, se liquidan posteriormente (o en el momento del pago si el servicio lo aconseja); en ejecución de bienes o garantías se liquidan al aplicar el líquido obtenido; si se embarga dinero suficiente pueden retenerse en el momento del embargo. El tipo es el interés legal incrementado en un 25 %, salvo que la Ley de Presupuestos fije otro, y será el interés legal si la deuda aplazada, fraccionada o suspendida está garantizada en su totalidad con aval solidario de entidad de crédito o SGR o con seguro de caución (art. 26.6 LGT).

No se devengan recargos del período ejecutivo en deudas de otros Estados o entidades internacionales cobradas en el marco de la asistencia mutua, salvo que su normativa disponga otra cosa (art. 28.6).

Carácter (art. 163 LGT): es exclusivamente administrativo; la competencia para entender de él y resolver todas sus incidencias corresponde únicamente a la Administración tributaria. No es acumulable a los judiciales ni a otros procedimientos de ejecución, y su iniciación o tramitación no se suspende por la iniciación de aquellos, salvo conflicto jurisdiccional (LO 2/1987) o reglas del art. 164. Se inicia e impulsa de oficio y solo se suspende en los casos previstos en la normativa tributaria.

Concurrencia con otros procedimientos (art. 164 LGT), sin perjuicio del orden de prelación legal: con procedimientos singulares, el apremio es preferente si su embargo es el más antiguo; con procedimientos concursales o universales, es preferente sobre los bienes embargados si el embargo es anterior a la declaración del concurso. En ambos casos cuenta la fecha de la diligencia de embargo. En concurso se aplica la legislación concursal, sin que ello impida dictar la providencia y devengar recargos si las condiciones se dieron antes de la declaración o son créditos contra la masa. La Hacienda Pública tiene derecho de abstención en los procesos concursales y puede suscribir acuerdos o convenios con autorización del órgano competente.

Suspensión (art. 165 LGT): en la forma prevista para los recursos y reclamaciones y demás supuestos de la normativa. Automática y sin garantía cuando el interesado demuestre error material, aritmético o de hecho, que la deuda está ingresada, condonada, compensada, aplazada o suspendida, o que ha prescrito el derecho a exigir el pago (art. 165.2; art. 73 RGR).

Conservación de actuaciones (art. 166 LGT): si se anulan determinadas actuaciones se conservan las no afectadas; la anulación de recargos u otros componentes distintos de la cuota o de las sanciones no afecta a la validez de las actuaciones respecto de lo no anulado.

El apremio se inicia mediante providencia notificada al obligado que identifica la deuda, liquida los recargos del art. 28 y requiere el pago (art. 167.1 LGT). Es título suficiente y tiene la misma fuerza ejecutiva que la sentencia judicial (art. 167.2). Es el acto que ordena la ejecución contra el patrimonio del obligado (art. 70.1 RGR).

Contenido (art. 70.2 RGR): identificación del obligado (nombre, NIF, domicilio); concepto, importe y período; indicación de que la deuda no se ha pagado, de que terminó el plazo voluntario y del comienzo del devengo de intereses; liquidación del recargo; requerimiento de pago con el recargo reducido en el plazo del 62.5; advertencia de que, si no se paga, se embargarán bienes o se ejecutarán garantías con recargo del 20 % e intereses; y fecha de emisión.

Notificación (art. 71 RGR): lugar de ingreso, repercusión de costas, posibilidad de pedir aplazamiento o fraccionamiento, indicación de la suspensión en los casos previstos y recursos procedentes.

Plazo de pago tras la providencia (art. 62.5 LGT): notificada entre los días 1 y 15, hasta el día 20 de ese mismo mes; entre el 16 y el último, hasta el día 5 del mes siguiente (o inmediato hábil siguiente). Si no se paga, se procede al embargo, advirtiéndolo en la providencia (art. 167.4).

Motivos tasados de oposición (art. 167.3 LGT): a) extinción total de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago; b) solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en período voluntario y otras causas de suspensión; c) falta de notificación de la liquidación; d) anulación de la liquidación; e) error u omisión en la providencia que impida identificar al deudor o la deuda.

Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento en período ejecutivo pueden presentarse hasta que se notifique el acuerdo de enajenación de los bienes embargados. La Administración puede iniciar o continuar el apremio durante su tramitación, pero debe suspender la enajenación hasta notificar la denegación (art. 65.5 LGT).

Ejecución de garantías (art. 168 LGT): si la deuda está garantizada, primero se ejecuta la garantía por el apremio. Puede optarse por embargar otros bienes antes si la garantía no es proporcionada a la deuda o si el obligado lo solicita señalando bienes suficientes; la garantía queda sin efecto en la parte asegurada por los embargos.

Modalidades (art. 74 RGR): garantía personal (aval, fianza, seguro de caución): se requiere al garante el ingreso hasta el límite garantizado en el plazo del 62.5 y, si no paga, se procede contra sus bienes con la misma providencia; garantía real del obligado: se enajena como los bienes embargados; bienes de un tercero: se le requiere que los ponga a disposición o pague; depósito en efectivo: se requiere al depositario y, si es la propia Administración, se aplica directamente. A la ejecución de garantías no se aplica la regla de no enajenar hasta la firmeza (art. 172.3 LGT). Si la garantía deviene manifiestamente insuficiente puede seguirse el apremio sin esperar a su ejecución.

Extensión (art. 169.1 LGT): con respeto al principio de proporcionalidad, se embarga en cuantía suficiente para cubrir: a) la deuda no ingresada; b) los intereses devengados o que se devenguen hasta el ingreso en el Tesoro; c) los recargos del período ejecutivo; d) las costas.

Orden (art. 169.2): salvo acuerdo con el obligado, mayor facilidad de enajenación y menor onerosidad; si eso es imposible o muy difícil: a) dinero en efectivo o en cuentas; b) créditos, efectos, valores y derechos realizables en el acto o a corto plazo (no más de seis meses); c) sueldos, salarios y pensiones; d) bienes inmuebles; e) intereses, rentas y frutos; f) establecimientos mercantiles o industriales; g) metales preciosos, piedras finas, joyería, orfebrería y antigüedades; h) bienes muebles y semovientes; i) créditos, efectos, valores y derechos realizables a largo plazo.

Se embarga sucesivamente hasta presumir cubierta la deuda; en último lugar lo que requiera entrar en el domicilio. A solicitud del obligado puede alterarse el orden si los bienes señalados garantizan el cobro con igual eficacia y prontitud sin perjuicio de terceros. No se embargan los bienes inembargables por ley ni aquellos cuyo coste de realización pudiera exceder de lo que se obtendría (art. 169.4-5).

Diligencia de embargo (art. 170 LGT): cada actuación se documenta en diligencia; se notifica al obligado, al tercero titular, poseedor o depositario, al cónyuge si son bienes gananciales (y si es la vivienda habitual, art. 76.3 RGR) y a condueños o cotitulares. Si los bienes son inscribibles, la Administración tiene derecho a anotación preventiva mediante mandamiento con el mismo valor que el judicial; la anotación no altera la prelación del art. 77 si se ejercita la tercería de mejor derecho; si no, prevalece el orden registral.

Oposición a la diligencia (art. 170.3): a) extinción de la deuda o prescripción; b) falta de notificación de la providencia de apremio; c) incumplimiento de las normas reguladoras del embargo; d) suspensión del procedimiento.

Otras medidas: administrador o interventor en el embargo de empresas si la continuidad de los directivos puede perjudicar la solvencia (art. 170.5), y prohibición de disponer sobre inmuebles de una sociedad cuando se embargan acciones o participaciones y el obligado ejerce su control (art. 170.6), que se alza al extinguirse el embargo de las participaciones.

Entidades de crédito (art. 171 LGT; art. 79 RGR): se identifica el bien conocido, pero el embargo puede extenderse sin identificación previa al resto de bienes del obligado en esa entidad dentro del ámbito territorial de la Administración ordenante. En cuentas de varios titulares solo se embarga la parte del obligado; en titularidad indistinta o conjunta mancomunada el saldo se presume dividido en partes iguales, salvo prueba. Si en la cuenta se abonan habitualmente sueldos o pensiones se respetan los límites de la LEC sobre lo ingresado por ese concepto en el mes del embargo o, en su defecto, en el anterior. La retención en otra oficina no puede superar cinco días; lo retenido se ingresa en el Tesoro tras 20 días naturales sin comunicación en contrario.

Valores (art. 80 RGR): si cotizan en un mercado secundario oficial se venden a través de él; si no, subasta salvo adjudicación directa. Créditos realizables a corto plazo (art. 81): el pago al obligado deja de ser liberatorio desde la notificación. Sueldos, salarios y pensiones (art. 82): según la LEC; el pagador retiene e ingresa; si hay varias percepciones se acumulan para calcular la parte inembargable.

Inmuebles (arts. 83-88 RGR): diligencia con los datos de la finca e importe de responsabilidad; anotación preventiva mediante mandamiento por triplicado con solicitud de certificación de cargas. Establecimientos (art. 90): personación, inventario, anotación en el Registro de Bienes Muebles y posible precinto o administrador. Vehículos (art. 92.4): requerimiento para entregarlos con documentación y llaves en cinco días. Planes de pensiones (art. 93.2): se embargan los derechos, pero no se ejecutan hasta que se cause la prestación o concurran enfermedad grave o desempleo de larga duración.

Depósito (arts. 94-96 RGR): el órgano designa el lugar; el depositario custodia, conserva y devuelve con la diligencia debida; si incumple puede ser declarado responsable solidario del art. 42.2 LGT.

Formas (art. 172.1 LGT; art. 100 RGR): subasta, concurso o adjudicación directa. La subasta es el procedimiento ordinario, única y electrónica en el Portal de Subastas de la Agencia Estatal BOE (salvo encargo a empresas especializadas). El acuerdo de enajenación solo puede impugnarse si las diligencias de embargo se tuvieron por notificadas conforme al art. 112.3 LGT, y entonces únicamente por los motivos del art. 170.3.

Firmeza (art. 172.3): no se enajena hasta que la liquidación sea firme, salvo fuerza mayor, bienes perecederos, riesgo de pérdida inminente de valor o solicitud expresa del obligado. En cualquier momento anterior a la adjudicación se liberan los bienes si se paga la deuda y las costas (art. 172.4).

Valoración y tipo (art. 97 RGR): a precios de mercado; se notifica y cabe valoración contradictoria en 15 días; si la diferencia no excede del 20 % de la menor, se toma la más alta; si excede, se intenta acuerdo y, sin él, se pide nueva valoración en no más de 15 días, comprendida entre ambas. Tipo: sin cargas, la valoración; con cargas anteriores menores que la valoración, la diferencia; si las cargas la exceden, el importe de débitos y costas sin superar la valoración. Para bienes que quedaron sin adjudicar, coeficiente corrector 0,8 en segunda subasta y 0,6 en terceras y posteriores.

Lotes y orden (art. 99): lotes de bienes análogos o no; se enajena siguiendo el orden de embargo del art. 169.2.

Subasta (arts. 101-104 bis RGR): acuerdo de enajenación notificado al obligado, cónyuge, acreedores con derechos posteriores, depositario ajeno, copropietarios y terceros poseedores; 15 días como mínimo desde las notificaciones; anuncio en el BOE y apertura transcurridas al menos 24 horas; depósito del 10 % del tipo (solo muebles) o del 5 % (si hay al menos un inmueble); pujas electrónicas durante 20 días naturales; puja mínima del 10 % del tipo salvo cargas de al menos el 25 % de la valoración; cierre no antes de una hora desde la última puja (ampliación máxima 24 horas). La Mesa se reúne en 15 días naturales: adjudica si la mejor oferta es igual o superior al 50 % del tipo; si es inferior, decide sin precio mínimo atendiendo al interés público. El adjudicatario paga el resto en 15 días o pierde el depósito.

Concurso (art. 106): solo si la subasta pudiera perturbar el mercado o por otras razones de interés público; se adjudica a la oferta más ventajosa en cinco días. Adjudicación directa (art. 107): tras concurso desierto, bienes perecederos o urgencia, o cuando no convenga la concurrencia; gestiones en un mes; precio mínimo el tipo del concurso o el de mercado, pudiendo adjudicarse sin precio mínimo si no se alcanza.

El apremio puede concluir con la adjudicación a la Hacienda Pública de inmuebles o de muebles que le interesen y que no se hayan adjudicado en la enajenación, por el importe del débito perseguido, sin rebasar nunca el 75 % del tipo inicial (art. 172.2 LGT).

En inmuebles sin cargas, o con cargas inferiores al valor de adjudicación, el órgano competente la acuerda (puede no hacerlo si no tendrán utilidad, con informe del Delegado de Economía y Hacienda); si las cargas son superiores, se consulta a la Dirección General del Patrimonio del Estado, que contesta en tres meses; el silencio o la negativa impiden la adjudicación (art. 109 RGR).

Cubiertos débito, intereses y costas se levanta el embargo sobre los bienes no enajenados (art. 112 RGR). El adjudicatario de un inmueble puede pedir escritura pública en 5 días ingresando un 5 % adicional del remate (art. 111).

Costas (arts. 113-115 RGR): gastos originados durante el procedimiento, exigidos al obligado: honorarios de empresas o profesionales externos (valoraciones, deslindes, enajenación), honorarios de registradores, depósito y administración, pagos a acreedores por subrogación (art. 77.2), alquileres satisfechos del local cuyo arrendamiento se embargó y demás gastos de la ejecución. No son costas los gastos ordinarios de la Administración. Sin recibos o facturas no se exigen; si lo obtenido no las cubre, el resto es a cargo de la Administración.

El apremio termina (art. 173.1 LGT): a) con el pago de la cantidad del art. 169.1; b) con el acuerdo que declare el crédito total o parcialmente incobrable, una vez declarados fallidos todos los obligados al pago; c) con el acuerdo de haber quedado extinguida la deuda por otra causa. Declarado incobrable, se reanuda dentro del plazo de prescripción si se conoce la solvencia de algún obligado (art. 173.2).

Aplicación del producto (art. 116 RGR): si lo obtenido es insuficiente, primero a las costas y luego a las deudas según el art. 63 LGT (la más antigua); con varios débitos: primero lo afectado singularmente (garantía, derecho real), luego las preferencias genéricas legales y, del sobrante, por antigüedad.

Fallido: obligado del que se ignora la existencia de bienes embargables o realizables (o, parcialmente, cuyo patrimonio solo cubre parte); incobrable: crédito que no se ha podido cobrar por resultar fallidos los obligados. Fallido se predica de las personas; incobrable, de los créditos (art. 61 RGR). La declaración supone la baja provisional en cuentas y la deuda se extingue si vence la prescripción sin rehabilitación (art. 76 LGT; arts. 62-63 RGR). La declaración de fallido de inscritos en el Registro Mercantil se anota en él.

Cuando un tercero pretenda el levantamiento del embargo por ser dueño de los bienes (tercería de dominio) o por tener derecho a cobrar con preferencia a la Hacienda (tercería de mejor derecho), formulará reclamación de tercería ante el órgano administrativo (art. 165.3 LGT). Esa reclamación es requisito previo para la acción ante los tribunales civiles; no puede calificarse de tercería la formulada por el obligado al pago (art. 117 RGR).

Efectos: la de dominio suspende el apremio respecto de los bienes controvertidos una vez adoptadas las medidas de aseguramiento; la de mejor derecho deja seguir el procedimiento hasta la realización de los bienes y el producto se consigna a resultas (art. 165.4-5 LGT). En la de mejor derecho puede suspenderse la ejecución si el tercerista consigna la cantidad del 169.1 o el valor del bien si es inferior (art. 119.5 RGR).

Trámite (arts. 119-120 RGR): escrito con principio de prueba por escrito; subsanación en 10 días; admisión en 15 días; no se admite segunda tercería con títulos que ya se tenían. La de dominio no se admite tras la transmisión de los bienes; la de mejor derecho, tras percibirse el precio. El órgano tramitador remite el expediente en 15 días; informe jurídico en 15 días; resolución en seis meses, con silencio desestimatorio a efectos de la demanda; si en 10 días no se acredita la demanda judicial, continúa el apremio.

Estimación (art. 121 RGR): dominio, levantamiento del embargo (o entrega del producto si se vendió por riesgo de deterioro, con interés legal); mejor derecho, entrega del producto deducidos los costes de realización. La Hacienda también puede promover tercerías a su favor cuando los bienes ya estaban embargados en otro procedimiento (art. 122).

La responsabilidad puede declararse en cualquier momento posterior a la liquidación o a la presentación de la autoliquidación; la competencia para iniciar y resolver es del órgano de recaudación (art. 174.1-2 LGT). Requiere acto administrativo previa audiencia (art. 41.5); la audiencia es de 15 días y el plazo máximo para notificar la resolución, seis meses (art. 124 RGR).

Notificación con el texto íntegro del acuerdo (presupuesto de hecho y liquidaciones alcanzadas), medios de impugnación y lugar, plazo y forma de pago (art. 174.4). En el recurso puede impugnarse el presupuesto habilitante y las liquidaciones, sin revisar las firmes para otros obligados; en los supuestos del art. 42.2 solo se impugna el alcance global (art. 174.5). El responsable paga en el plazo del art. 62.2; si no, apremio con el recargo que proceda (art. 174.6).

Solidarios (art. 175): si la responsabilidad se declaró y notificó antes del vencimiento del período voluntario original, basta requerirle el pago al terminar ese período; en los demás casos, transcurrido dicho período se dicta y notifica el acto de declaración. Quien vaya a adquirir una explotación puede pedir, con conformidad del titular, certificación de deudas, que se expide en tres meses y limita su responsabilidad; si no menciona deudas o no se expide a tiempo, queda exento (art. 175.2; art. 125 RGR).

Subsidiarios (art. 176): declarados fallidos el deudor principal y los responsables solidarios, se dicta acto de declaración de responsabilidad y se notifica al subsidiario. La declaración de fallido puede apoyarse en una insolvencia parcial (art. 124.4-5 RGR).

Personas físicas (art. 177.1 LGT): fallecido el obligado, el procedimiento continúa con herederos y, en su caso, legatarios, sin más requisitos que la constancia del fallecimiento y la notificación con requerimiento de pago de la deuda y costas. Si el heredero alega el derecho a deliberar se suspende hasta que transcurra el plazo, pudiendo pedir una relación de deudas con efectos meramente informativos. Con herencia yacente, el procedimiento sigue contra sus bienes, entendiéndose con quien la administre. Las sanciones no se transmiten (art. 39.1).

Personas jurídicas (art. 177.2): disuelta y liquidada la sociedad, continúa con socios, partícipes o cotitulares una vez constatada la extinción de la personalidad; en fundaciones, con los destinatarios de los bienes. Puede dirigirse contra cualquiera o contra todos, simultánea o sucesivamente. En sociedades de responsabilidad limitada, los socios responden solidariamente hasta el valor de la cuota de liquidación y demás percepciones de los dos años anteriores a la disolución (art. 40.1).

Plazos y recargo según el momento (art. 127 RGR): fallecimiento o extinción en período voluntario: plazo del art. 62.2; antes de notificarse la providencia: se notifica la providencia al sucesor y, si paga antes, recargo ejecutivo; tras la providencia y antes de acabar el plazo del 62.5: deuda y recargo reducido del 10 % en ese plazo; después de ese plazo: deuda y recargo ordinario. El límite del art. 40.5 no se aplica a la disolución sin liquidación.

Con indicios de delito, la Administración sigue tramitando y liquida por separado lo vinculado y lo no vinculado al posible delito (art. 250 LGT; art. 305.5 CP), salvo que la liquidación pueda provocar la prescripción del delito, no pueda cuantificarse o atribuirse, o perjudique la investigación (art. 251).

Cobro (art. 255 LGT): el procedimiento penal no paraliza las actuaciones de cobro de la deuda liquidada, salvo que el juez acuerde la suspensión; se rigen por las normas generales de recaudación. Admitida la denuncia o querella, se notifica el inicio del período voluntario con los plazos del art. 62.2. Oposición (art. 256): solo los motivos de los arts. 167.3, 170.3 y 172.1 segundo párrafo. La suspensión se rige por los arts. 255, 256 y 258.3 (art. 73.3 RGR).

Ajuste a la sentencia (art. 257): misma cuota, sin cambios; cuota distinta, se rectifica el acto inicial sin afectar a las actuaciones recaudatorias sobre lo confirmado; inexistencia de la obligación, anulación y devoluciones; absolución por otro motivo, retroacción de actuaciones.

Responsables (art. 258): solidarios quienes causaron o colaboraron activamente y estén imputados o condenados; también los del art. 42.2; solo se impugna el alcance global; competencia del órgano de recaudación; el sobreseimiento o absolución anula su responsabilidad. Especialidades del art. 124 bis RGR: el acuerdo se dicta tras admitirse la denuncia o querella.

Responsabilidad civil y multa (DA 10.ª LGT; art. 305.7 CP; art. 128 RGR): la responsabilidad civil (deuda no liquidada por prescripción u otra causa legal, con intereses) y la multa se exigen por el procedimiento administrativo de apremio, una vez firme la sentencia y remitido testimonio por el juez; se acumulan al apremio seguido contra el deudor y no se incrementan con recargos del período ejecutivo, aunque sí devengan intereses desde la firmeza y costas. Si el juez fraccionó el pago (art. 125 CP), el apremio solo se inicia si se incumple.

Investigación patrimonial (DA 19.ª LGT): en los procesos por delito fiscal, los órganos de recaudación de la AEAT pueden investigar, bajo supervisión judicial, el patrimonio afecto al pago, con las facultades de los arts. 93, 94 y 162 y medidas cautelares, dando cuenta inmediata al juez. Sus actos admiten reposición o reclamación económico-administrativa, salvo que se discuta su adecuación al objeto del proceso penal, que se plantea ante el juez penal (art. 129 RGR).

En el delito de contrabando la responsabilidad civil comprende toda la deuda tributaria no ingresada que la Administración no haya podido liquidar por prescripción o por las causas del art. 251.1 LGT, con sus intereses de demora (art. 4 LO 12/1995).

Para ejecutar la multa y la responsabilidad civil, los jueces recaban el auxilio de la Administración Tributaria, que las exige por el procedimiento administrativo de apremio según la LGT (art. 4 bis).

Cuando sí puede liquidarse, la liquidación sigue el procedimiento administrativo y se ejecuta por apremio; liquidación y actos recaudatorios son impugnables por las vías ordinarias. La liquidación es provisional y se anula si la resolución penal declara la inexistencia del hecho imponible; si solo la modifica, subsiste el acto inicial rectificado, sin afectar a la recaudación sobre lo no afectado (DA 4.ª.1).

El pase del tanto de culpa no impide liquidar y recaudar la deuda aduanera por apremio: dentro del plazo de prescripción del delito si se dispone de todos los elementos; si no, en tres años desde la resolución judicial firme o desde que se incoe la causa sin secreto (DA 4.ª.2). Se aplican también las medidas cautelares y la investigación patrimonial de la DA 19.ª LGT (DA 4.ª.3).