TR-1. El Derecho Financiero y la Hacienda Pública en la Constitución

El Derecho Financiero es la rama del Derecho público que ordena la actividad financiera de los entes públicos: la obtención de ingresos y la realización del gasto. Su objeto es doble: los ingresos públicos (con el tributo como figura central) y el gasto público, articulado a través del presupuesto.

Se divide tradicionalmente en: Derecho Tributario (tributos), Derecho Presupuestario (programación, aprobación, ejecución y control del gasto), Derecho de la Deuda pública y Derecho patrimonial público. La Constitución recoge los principios de cada bloque: art. 31 (ingreso y gasto), arts. 133-136 (potestad tributaria, presupuestos, estabilidad, Tribunal de Cuentas) y arts. 142 y 156-158 (haciendas territoriales).

El tributo no es solo un medio de financiación: el art. 2.1 LGT admite que sirva como instrumento de la política económica general y para atender los principios y fines constitucionales (fines extrafiscales).

El art. 31.1 CE consagra el deber de contribuir de todos (nacionales y extranjeros) según su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo inspirado en la igualdad y la progresividad, que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio.

La progresividad se predica del sistema en su conjunto, no de cada tributo: caben impuestos proporcionales (por ejemplo, indirectos) dentro de un sistema progresivo.

El art. 31.3 CE establece la reserva de ley para las prestaciones personales o patrimoniales de carácter público. Es una reserva relativa: la ley debe regular los elementos esenciales y puede remitir al reglamento el resto. Basta ley ordinaria.

El gasto público debe realizar una asignación equitativa de los recursos públicos (justicia en el gasto) y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.

El art. 133.4 CE añade el principio de legalidad del gasto: las administraciones solo pueden contraer obligaciones financieras y realizar gastos de acuerdo con las leyes.

El art. 40.1 CE orienta la política económica hacia una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de la estabilidad económica.

Potestad originaria: exclusivamente del Estado, mediante ley (art. 133.1). Potestad derivada: comunidades autónomas y corporaciones locales establecen y exigen tributos de acuerdo con la Constitución y las leyes (art. 133.2).

Todo beneficio fiscal que afecte a tributos del Estado debe establecerse en virtud de ley (art. 133.3).

Límites de otras fuentes: los decretos-leyes no pueden afectar a los derechos, deberes y libertades del Título I (art. 86.1); la iniciativa popular no procede en materias tributarias (art. 87.3); la Ley de Presupuestos no puede crear tributos y solo puede modificarlos si una ley tributaria sustantiva lo prevé (art. 134.7).

Competencia: el Gobierno elabora; las Cortes Generales examinan, enmiendan y aprueban (art. 134.1; también art. 66.2). La aprobación no puede delegarse en comisiones (art. 75.3).

Principios: anualidad, universalidad (totalidad de gastos e ingresos del sector público estatal) y consignación del importe de los beneficios fiscales (art. 134.2).

Plazo: el Gobierno los presenta ante el Congreso al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior (art. 134.3). Si no se aprueban antes del 1 de enero, prórroga automática (art. 134.4).

Limitaciones posteriores: aprobados los presupuestos, el Gobierno puede presentar proyectos que aumenten gasto o reduzcan ingresos del mismo ejercicio (art. 134.5); las proposiciones o enmiendas que aumenten créditos o reduzcan ingresos necesitan la conformidad del Gobierno (art. 134.6).

Todas las Administraciones adecuan su actuación al principio de estabilidad presupuestaria. El Estado y las comunidades autónomas no pueden superar el déficit estructural fijado por la UE; una ley orgánica fija el máximo en relación con el PIB. Las entidades locales deben presentar equilibrio presupuestario.

Deuda: el Estado y las comunidades necesitan autorización por ley para emitir deuda o contraer crédito. Los créditos para intereses y capital se entienden siempre incluidos en el estado de gastos, su pago tiene prioridad absoluta y no pueden enmendarse mientras se ajusten a la ley de emisión. El volumen de deuda no puede superar el valor de referencia del TFUE.

Excepciones (art. 135.4): catástrofes naturales, recesión económica o emergencia extraordinaria, apreciadas por la mayoría absoluta del Congreso.

Es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público. Depende directamente de las Cortes Generales y actúa por delegación de ellas al examinar y comprobar la Cuenta General del Estado.

Las cuentas del Estado y del sector público estatal se le rinden y él las censura; remite a las Cortes un informe anual con las infracciones o responsabilidades apreciadas, sin perjuicio de su propia jurisdicción (contable).

Sus miembros tienen la misma independencia, inamovilidad e incompatibilidades que los Jueces. Su composición se regula por ley orgánica. También ejerce el control económico y presupuestario de los órganos de las comunidades autónomas (art. 153 d).

Comunidades autónomas: gozan de autonomía financiera con arreglo a la coordinación con la Hacienda estatal y la solidaridad (art. 156.1); pueden actuar como delegadas o colaboradoras del Estado en la gestión de sus tributos (art. 156.2).

Recursos (art. 157.1): impuestos cedidos total o parcialmente, recargos y participaciones; impuestos, tasas y contribuciones especiales propios; transferencias del Fondo de Compensación Interterritorial y asignaciones de los PGE; rendimientos patrimoniales e ingresos de derecho privado; operaciones de crédito. Límite (art. 157.2): no pueden gravar bienes fuera de su territorio ni obstaculizar la libre circulación. Una ley orgánica (LOFCA) regula estas competencias.

Solidaridad (arts. 138 y 158): asignación por servicios asumidos y nivel mínimo de servicios fundamentales; Fondo de Compensación para inversión, distribuido por las Cortes; prohibición de privilegios económicos o sociales; atención al hecho insular.

Haciendas locales (art. 142): principio de suficiencia; se nutren de tributos propios y participación en los del Estado y comunidades. El Estado tiene competencia exclusiva en Hacienda general y Deuda del Estado (art. 149.1.14.ª); la disposición adicional primera ampara los derechos históricos forales.