CM-18. El concurso de acreedores

Presupuesto subjetivo (art. 1 TRLC): el concurso procede respecto de cualquier deudor, persona natural o jurídica, sea o no empresario. No pueden ser declarados en concurso las entidades que integran la organización territorial del Estado, los organismos públicos y demás entes de derecho público. Los deudores incluidos en el libro tercero (procedimiento especial de microempresas) se rigen exclusivamente por él.

Presupuesto objetivo (art. 2): la insolvencia. Es actual la del deudor que no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles; es inminente la del que prevé que dentro de los tres meses siguientes no podrá cumplir regular y puntualmente. El deudor puede pedir su concurso por insolvencia actual o inminente.

El acreedor debe fundar su solicitud en hechos externos reveladores (art. 2.4): 1.º declaración judicial o administrativa de insolvencia firme; 2.º título con mandamiento de ejecución o apremio sin bienes libres bastantes; 3.º embargos generales por ejecuciones en curso; 4.º sobreseimiento generalizado en el pago corriente; 5.º sobreseimiento generalizado de obligaciones tributarias de los tres meses anteriores, de cuotas de la Seguridad Social del mismo período o de salarios de las tres últimas mensualidades; 6.º alzamiento o liquidación apresurada o ruinosa de bienes.

Legitimación (art. 3): el deudor y cualquier acreedor (si el deudor es persona jurídica, decide el órgano de administración o liquidación). No está legitimado el acreedor que adquirió el crédito en los seis meses anteriores, por actos inter vivos y a título singular, después de su vencimiento. También los socios personalmente responsables de las deudas de la sociedad.

Deber de solicitar (art. 5): dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que el deudor conoció o debió conocer la insolvencia actual (no la inminente). Se presume que la conoció si acaeció alguno de los hechos externos del art. 2.4.

Competencia: jueces de lo mercantil (art. 44), del lugar donde el deudor tenga el centro de sus intereses principales; en personas jurídicas se presume en el domicilio social, siendo ineficaz el cambio inscrito en los seis meses anteriores a la solicitud (art. 45).

Solicitud del deudor (arts. 6-11): por procurador y con firma de abogado; el juez la examina el mismo día o el siguiente hábil al reparto y, si concurren los presupuestos, declara el concurso el primer día hábil siguiente. Si hay defectos, concede un único plazo de subsanación de hasta tres días.

Solicitud de acreedor (arts. 13-24): si se funda en los tres primeros hechos externos (insolvencia declarada, ejecución infructuosa o embargos generales), el juez declara el concurso el primer día hábil siguiente; en los demás casos emplaza al deudor por cinco días para oponerse. La prueba testifical no basta por sí sola. El deudor puede oponerse alegando falta de legitimación, inexistencia del hecho o que no es o ya no es insolvente, y le incumbe probar su solvencia. Vista en los diez días siguientes a la oposición; el auto, en los tres días siguientes a la prueba. Si se declara el concurso, las costas del solicitante son créditos contra la masa.

Concurso voluntario y necesario (art. 29): es voluntario cuando la primera solicitud fue la del propio deudor; en los demás casos, necesario. Excepción: es necesario si en los tres meses anteriores a la solicitud del deudor se presentó y admitió a trámite otra solicitud de cualquier legitimado, aunque luego desistiera.

Contenido del auto (art. 28): carácter voluntario o necesario; efectos sobre las facultades del deudor; nombramiento de la administración concursal; llamamiento a los acreedores para que comuniquen sus créditos en el plazo de un mes desde el día siguiente a la publicación en el BOE; y publicidad. En el necesario, se requiere al concursado para que aporte en diez días los documentos de la solicitud. Puede adoptar medidas cautelares.

Eficacia (art. 32): el auto produce de inmediato sus efectos y tiene fuerza ejecutiva aunque no sea firme. Abre la fase común (art. 30) y se forman las secciones segunda, tercera y cuarta (y la primera si lo pidió el deudor) (art. 31). Se notifica a la AEAT y a la TGSS por medios electrónicos (art. 33) y se publica en el BOE el mismo día de la aceptación del administrador concursal, gratuitamente (art. 35).

Concurso sin masa (arts. 37 bis y ter): cuando el concursado carece de bienes embargables, el coste de realización es desproporcionado, los bienes libres valen menos que el coste del procedimiento o las cargas superan el valor de mercado. El juez declara el concurso sin más pronunciamientos y los acreedores que representen al menos el 5 % del pasivo pueden pedir en quince días el nombramiento de un administrador concursal que informe sobre acciones rescisorias, de responsabilidad o calificación culpable.

Facultades patrimoniales (art. 106): en el concurso voluntario, el deudor conserva sus facultades de administración y disposición, sometidas a la intervención de la administración concursal; en el necesario, quedan suspendidas y la administración concursal le sustituye. El juez puede invertir la regla motivadamente. El concursado conserva la facultad de testar (art. 107).

Los actos que infringen la intervención o suspensión solo pueden anularse a instancia de la administración concursal (art. 109). El pago al concursado solo libera a quien lo hace si desconocía el concurso; el conocimiento se presume desde la publicación en el BOE (art. 110). La declaración no interrumpe la actividad profesional o empresarial (art. 111).

Administración concursal: es única, persona natural o jurídica (art. 57); puede ser dual si concurre causa de interés público, con una Administración pública acreedora como segundo administrador (art. 58). Presenta su informe en los dos meses siguientes a su aceptación (art. 290).

Alimentos (art. 123): el concursado persona natural en estado de necesidad tiene derecho a alimentos con cargo a la masa si hay bienes bastantes; en caso de intervención los fija la administración concursal y en caso de suspensión el juez.

Personas jurídicas: corresponde exclusivamente a la administración concursal el ejercicio de la acción contra los socios personalmente responsables, la reclamación de dividendos pasivos (art. 131) y las acciones sociales de responsabilidad contra administradores, liquidadores y auditores (art. 132). Los administradores de los dos años anteriores tienen deber de colaboración e información (art. 135).

Juicios declarativos (arts. 136-141): desde la declaración, los jueces civiles y sociales no admiten demandas que sean competencia del juez del concurso; los juicios en tramitación continúan ante el mismo tribunal hasta la firmeza, salvo los que se acumulan (acciones de responsabilidad contra administradores y auditores en primera instancia) o se suspenden (reclamación de deudas sociales a administradores por no disolver y acción directa contra el dueño de la obra). Los convenios arbitrales y pactos de mediación siguen vigentes; las sentencias y laudos firmes vinculan al juez del concurso.

Ejecuciones (arts. 142-144): desde la declaración no pueden iniciarse ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni apremios administrativos, incluidos los tributarios; las en curso quedan en suspenso y son nulas las actuaciones posteriores. Excepción: pueden seguir las ejecuciones laborales y los procedimientos administrativos con embargo anterior a la declaración sobre bienes declarados no necesarios para la actividad.

Garantías reales (arts. 145-149): sobre bienes necesarios para la continuidad de la actividad no pueden iniciarse ejecuciones; las iniciadas sobre cualesquiera bienes se suspenden. Sobre bienes no necesarios pueden iniciarse o reanudarse aportando el testimonio de la resolución del juez del concurso. La prohibición termina desde la eficacia de un convenio que no lo impida o cuando pasa un año desde la declaración sin abrirse la liquidación. La apertura de la liquidación hace perder el derecho de ejecución separada a quien no la hubiera iniciado antes, que lo recupera si pasa un año desde la apertura sin enajenar el bien.

Estas reglas se extienden a las acciones resolutorias de compraventas de inmuebles por falta de pago del precio aplazado y a la recuperación de bienes vendidos a plazos con reserva de dominio o cedidos en arrendamiento financiero (art. 150). No afectan a la garantía real cuando el concursado es tercer poseedor (art. 151).

Intereses (art. 152): desde la declaración se suspende el devengo de los intereses, legales o convencionales. Excepciones: los créditos salariales, que devengan el interés legal, y los créditos con garantía real, que devengan los intereses remuneratorios pactados hasta donde alcance la garantía. Si tras pagar todos los créditos queda remanente, se pagan los intereses suspendidos (art. 440).

Compensación (art. 153): la compensación cuyos requisitos existían antes de la declaración produce plenos efectos aunque se alegue después. Declarado el concurso no procede compensar créditos y deudas del concursado, salvo que procedan de la misma relación jurídica. Las controversias se resuelven por el incidente concursal.

Derecho de retención (art. 154): queda suspendido sobre los bienes de la masa; si al concluir el concurso no se han enajenado, se restituyen al retenedor no pagado. No afecta a las retenciones administrativas, tributarias, laborales y de seguridad social.

Prescripción (art. 155): desde la declaración hasta la conclusión queda interrumpida la prescripción de las acciones contra el deudor por créditos anteriores, y la de las acciones contra socios, administradores, liquidadores y auditores. No produce efectos frente a deudores solidarios, fiadores y avalistas. El plazo se reinicia a la fecha de la conclusión del concurso.

Vigencia (art. 156): la declaración de concurso no es causa de resolución anticipada del contrato; se tienen por no puestas las cláusulas que permitan a la otra parte suspender, modificar, resolver o extinguir el contrato por el concurso o la liquidación de cualquiera de ellas (salvo los casos del art. 159).

Contratos con obligaciones recíprocas: si una parte ya cumplió íntegramente, el crédito o la deuda del concursado va a la masa activa o pasiva (art. 157); si están pendientes por ambas partes, siguen vigentes y las prestaciones del concursado son con cargo a la masa (art. 158).

Resolución por incumplimiento: por incumplimiento anterior al concurso solo cabe si el contrato es de tracto sucesivo (art. 160); por incumplimiento posterior, en cualquier contrato con obligaciones recíprocas pendientes (art. 161). Se ejercita ante el juez del concurso por el incidente concursal (art. 162). Si el incumplimiento del concursado es anterior, el crédito del contratante es concursal; si es posterior, contra la masa (art. 163). El concursado o la administración pueden pedir mantener el contrato en interés del concurso (art. 164).

Resolución en interés del concurso (art. 165): aunque no haya causa, el concursado (intervención) o la administración concursal (suspensión) pueden pedir la resolución de cualquier contrato con obligaciones recíprocas; la indemnización a la otra parte es crédito concursal.

Rehabilitación (arts. 166-168): de contratos de financiación vencidos anticipadamente por impago, y de adquisición de bienes con precio aplazado resueltos, en los tres meses anteriores a la declaración; y de arrendamientos urbanos, enervando el desahucio hasta el lanzamiento, pagando las rentas con cargo a la masa, aunque ya se hubiera enervado antes.

Universalidad (art. 192): la masa activa la forman todos los bienes y derechos del patrimonio del concursado a la fecha de la declaración y los que se reintegren o adquiera hasta la conclusión, salvo los legalmente inembargables.

Concursado casado (arts. 193-197): entran sus bienes privativos y, en gananciales, los comunes cuando deban responder de sus obligaciones; el cónyuge puede adquirir cada bien común pagando a la masa la mitad de su valor (vivienda habitual: el mayor entre tasación y mercado). En separación de bienes se presume donada al cónyuge la mitad de la contraprestación que pagó en el año anterior para adquirir bienes. En las cuentas indistintas se presume que todo el saldo es del concursado.

Conservación y enajenación (arts. 204-205): la administración concursal conserva los bienes; hasta la aprobación del convenio o la apertura de la liquidación no pueden enajenarse ni gravarse sin autorización del juez, salvo los actos inherentes a la actividad y otras excepciones.

Reintegración (arts. 226-236): son rescindibles los actos perjudiciales para la masa realizados en los dos años anteriores a la solicitud de concurso, aunque no haya intención fraudulenta. El perjuicio se presume sin prueba en contrario en los actos gratuitos (salvo liberalidades de uso) y en los pagos anticipados de obligaciones que vencían después de la declaración sin garantía real; salvo prueba en contrario, en los actos onerosos con personas especialmente relacionadas, la constitución de garantías reales para obligaciones preexistentes y los pagos anticipados con garantía real. No son rescindibles los actos ordinarios de la actividad en condiciones normales, las garantías a favor de créditos públicos y del FOGASA, entre otros. La legitimación es de la administración concursal.

Separación (arts. 239-240): los bienes de propiedad ajena en poder del concursado sin derecho de uso, garantía o retención se entregan a su titular; si se enajenaron a tercero irreivindicable, el titular puede pedir la contraprestación pendiente o un crédito ordinario por su valor.

No forman parte de la masa pasiva: se deducen de la masa activa antes de pagar a los concursales (art. 429) y se pagan a su vencimiento (art. 245), con cargo a bienes no afectos a privilegio especial (art. 244). Los salarios contra la masa se pagan de forma inmediata. La administración puede alterar el vencimiento si la masa es suficiente, pero nunca para alimentos, créditos laborales, tributarios o de seguridad social.

Principales supuestos (art. 242.1): responsabilidad civil extracontractual anterior por muerte o daños personales e indemnizaciones por accidente de trabajo; salarios de los últimos treinta días de trabajo efectivo anteriores a la declaración hasta el doble del SMI; alimentos; costas del concurso pedido por acreedor; publicidad; asistencia y representación; retribución de la administración concursal; obligaciones contraídas durante el procedimiento; créditos generados por la actividad tras la declaración; prestaciones del concursado en contratos recíprocos vigentes; 50 % de la financiación de un plan de reestructuración homologado, con requisitos.

Ejecuciones (art. 248): las ejecuciones por créditos contra la masa solo pueden iniciarse desde la eficacia del convenio; la prohibición no impide el devengo de intereses y recargos. El reconocimiento corresponde a la administración concursal y las controversias se ventilan por el incidente concursal (arts. 246-247).

Insuficiencia de masa (arts. 249-250): la administración lo comunica al juez; desde entonces se pagan primero los créditos imprescindibles para la liquidación (salarios tras la apertura de la liquidación, retribución de la administración en liquidación, rentas de inmuebles para conservar bienes) y luego los demás por el orden del art. 242.1, con prelación de salarios e indemnizaciones posteriores hasta el triple del SMI por días pendientes.

Universalidad (art. 251): todos los créditos contra el deudor a la fecha de la declaración, cualquiera que sea la nacionalidad o domicilio del acreedor, quedan de derecho integrados en la masa pasiva, salvo los créditos contra la masa. La administración comunica individualmente el concurso a los acreedores conocidos y, siempre, a la AEAT y la TGSS (arts. 252-253). Los acreedores comunican sus créditos en el plazo del auto (un mes desde la publicación en el BOE). La comunicación extemporánea reconocida se clasifica como subordinada, salvo que justifique no haber tenido noticia (art. 268).

Clases (art. 269): privilegiados (con privilegio especial, sobre bienes concretos, o general, sobre toda la masa), ordinarios (residuales) y subordinados. No se admite ningún privilegio no reconocido en la ley.

Privilegio especial (art. 270): hipoteca legal o voluntaria, inmobiliaria o mobiliaria, y prenda sin desplazamiento; anticresis; refaccionarios; arrendamiento financiero y compraventa con precio aplazado (reserva de dominio, prohibición de disponer o condición resolutoria); garantía de valores anotados; prenda en documento público; bonos garantizados. Se limita al valor razonable del bien a efectos del convenio (art. 272).

Privilegio general (art. 280, por este orden): 1.º salarios no contra la masa hasta el triple del SMI por días pendientes, indemnizaciones por extinción hasta el mínimo legal con base máxima del triple del SMI, capitales coste y recargos; 2.º retenciones tributarias y de seguridad social; 3.º trabajo personal no dependiente y derechos de autor de los seis meses anteriores; 4.º créditos tributarios y de seguridad social restantes, solo en el 50 %; 5.º responsabilidad civil extracontractual y delito contra la Hacienda Pública; 6.º 50 % de la nueva financiación de un plan de reestructuración; 7.º el acreedor instante del concurso, hasta el 50 % de sus créditos no subordinados.

Subordinados (art. 281): comunicados tarde; subordinados por pacto (incluidos los participativos); recargos e intereses (salvo los garantizados hasta el valor de la garantía); multas y sanciones; los de personas especialmente relacionadas; los del contratante de mala fe en el acto rescindido; y los del contratante que obstaculiza reiteradamente el contrato. Son personas especialmente relacionadas, entre otras, el cónyuge o pareja (actual o de los dos años anteriores), ascendientes, descendientes y hermanos; en las sociedades, los socios con al menos el 5 % (cotizadas) o 10 % (no cotizadas) y los administradores de derecho o de hecho de los dos años anteriores (arts. 282-283).

Legitimación (art. 315): el deudor y los acreedores cuyos créditos superen una quinta parte de la masa pasiva. No cabe convenio si el concursado pidió la liquidación. El concursado puede presentarla con la solicitud de concurso o después, hasta quince días desde la presentación del informe de la administración concursal (art. 337).

Contenido (art. 317): proposiciones de quita, de espera o de quita y espera; la espera no puede superar diez años. Puede incluir proposiciones adicionales (salvo para acreedores públicos), modificaciones estructurales de la persona jurídica (art. 317 bis), conversión de créditos, cesión en pago, etc., acompañadas en su caso de plan de pagos y plan de viabilidad.

Prohibiciones (art. 318): no puede alterar la cuantía de los créditos (salvo por las quitas) ni su clasificación, ni consistir en la liquidación de la masa activa. Para créditos públicos y laborales no cabe cambiar la ley aplicable, cambiar el deudor, modificar o extinguir sus garantías ni convertirlos en acciones o créditos participativos; y no cabe quita ni espera para determinadas cuotas de la Seguridad Social. La propuesta condicionada se tiene por no presentada (art. 319).

Tramitación: los acreedores se adhieren u oponen durante los dos meses siguientes a la admisión a trámite (art. 358). Sin propuestas o sin admitirlas, el juez abre de oficio la liquidación (arts. 339-340).

Mayorías (art. 376): 1) pago íntegro en no más de tres años o pago inmediato con quita inferior al 20 %: basta que el pasivo adherido supere al opuesto; 2) quitas iguales o inferiores a la mitad o esperas de hasta cinco años: más del 50 % del pasivo ordinario; 3) cualquier otro contenido: 65 % del pasivo ordinario. El trato singular exige además la adhesión, en la misma proporción, del pasivo no afectado (art. 378). Se verifica primero la propuesta del concursado (art. 379).

Oposición (arts. 382-385): pueden oponerse los no adheridos y la administración concursal, en diez días desde la proclamación del resultado, por motivos tasados (infracción de normas de contenido o de adhesiones decisivas, error en el resultado, falta de aceptación por el deudor de la propuesta de acreedores, o que el opositor obtendría más en la liquidación). Por inviabilidad objetiva pueden oponerse acreedores con al menos el 5 % de los créditos ordinarios y la administración concursal. El juez dicta sentencia aprobando o rechazando, y puede rechazar de oficio si aprecia motivo de oposición (art. 392).

Eficacia (arts. 393-395): desde la fecha de la sentencia que lo apruebe (el juez puede retrasarla a la firmeza). Desde entonces cesan los efectos de la declaración de concurso (subsisten los deberes de colaboración) y cesa la administración concursal, que rinde cuentas pero conserva legitimación para los incidentes en curso y la sección sexta.

Extensión (arts. 396-398): vincula al deudor y a los acreedores ordinarios y subordinados por créditos anteriores, aunque no se hayan adherido; a los subordinados, las mismas quitas y esperas, contando cada año de espera de los ordinarios como un trimestre desde el íntegro cumplimiento respecto de aquellos, con un máximo total de diez años. Los privilegiados solo quedan vinculados si propusieron, se adhirieron o se alcanzan en su clase el 60 % (contenidos más favorables) o el 75 % (otro contenido). Los créditos quedan extinguidos en la quita y aplazados por la espera.

Garantes (art. 399): el convenio no produce efectos frente a obligados solidarios, fiadores o avalistas, salvo para los acreedores que lo propusieron, se adhirieron sin revocar o votaron a favor.

Cumplimiento (arts. 400-401): el concursado informa semestralmente; cumplido, pide la declaración judicial y el juez, tras quince días de puesta de manifiesto, dicta auto. Pasados dos años de vigencia, el deudor puede pedir una sola modificación si hay riesgo de incumplimiento no culpable (art. 401 bis).

Incumplimiento (arts. 402-405): cualquier acreedor afectado puede pedir su declaración (acción que caduca a los dos meses de la última publicación del auto de cumplimiento); estimada, el juez resuelve el convenio y abre la liquidación. Firme, quedan sin efecto las quitas y esperas, pero no los actos realizados en ejecución del convenio.

Apertura: a solicitud del deudor en cualquier momento (auto en diez días) (art. 406); deber del concursado de pedirla si, vigente el convenio, conoce la imposibilidad de cumplirlo (art. 407); a solicitud de la administración concursal por cese de la actividad (art. 408); de oficio si no se presentan o admiten propuestas de convenio, si no se acepta ninguna, si se rechaza o anula por resolución firme o si se declara su incumplimiento (art. 409). Si el deudor pidió la liquidación con la solicitud de concurso, se abre en el propio auto de declaración (art. 30). Recibe la misma publicidad que la declaración (art. 410).

Efectos sobre el concursado (art. 413): si es persona natural, suspensión de sus facultades, extinción del derecho a alimentos salvo lo imprescindible, y derecho a pedir la exoneración del pasivo insatisfecho; si es persona jurídica, la resolución contiene su disolución (si no lo estaba) y el cese de administradores o liquidadores, sustituidos por la administración concursal. Si esta había cesado por el convenio, se repone o se nombra otra (art. 412).

Efectos sobre los créditos (art. 414): vencimiento anticipado de los créditos concursales aplazados y conversión en dinero de los que consistan en otras prestaciones. Los créditos contraídos durante el cumplimiento de un convenio incumplido son concursales (art. 414 bis).

Reglas especiales (art. 415): el juez puede fijarlas, pero no exigir autorización judicial previa para realizar bienes ni dilatar la liquidación más de un año; quedan sin efecto si lo piden acreedores con más del 50 % del pasivo ordinario o del total.

Orden de pagos (arts. 429-440): primero se deducen los bienes para los créditos contra la masa; los de privilegio especial, con cargo a los bienes afectos (el sobrante va a la masa y lo no cobrado se clasifica según corresponda); después los de privilegio general por su orden y a prorrata dentro de cada número; luego los ordinarios a prorrata (con cuotas no inferiores al 5 % del nominal); por último los subordinados, solo tras pagar íntegramente los ordinarios. El pago anticipado se hace con descuento al interés legal (art. 436) y, si sobra, se pagan los intereses suspendidos (art. 440).

Causas (art. 465): 1.ª firmeza del auto de la Audiencia Provincial que revoque la declaración; 2.ª que de la lista definitiva resulte un único acreedor; 3.ª terminada la fase común, firmeza del desistimiento o renuncia de los acreedores reconocidos; 4.ª cumplimiento del convenio una vez caducadas o rechazadas las acciones de incumplimiento; 5.ª pago o consignación de todos los créditos o íntegra satisfacción por otro medio; 6.ª finalización de la liquidación; 7.ª insuficiencia de la masa activa para pagar los créditos contra la masa; 8.ª fusión, absorción, escisión total o cesión global del activo y pasivo de la sociedad concursada.

En la revocación, la conclusión se acuerda por diligencia del Letrado de la Administración de Justicia (art. 466); en el cumplimiento del convenio, por auto del juez (art. 467). La administración concursal no puede pedir la conclusión por insuficiencia sobrevenida mientras estén en trámite acciones de rescisión o de responsabilidad o la sección de calificación (art. 474). La conclusión por pago no impide continuar la sección sexta (art. 477).

Efectos (arts. 483-485): cesan las limitaciones de las facultades del deudor (salvo las de la sentencia de calificación) y cesa la administración concursal. La persona natural sigue respondiendo de lo no pagado salvo exoneración del pasivo insatisfecho, y los acreedores pueden iniciar ejecuciones singulares (la inclusión en la lista definitiva equivale a sentencia firme de condena). En la persona jurídica concluida por liquidación o insuficiencia, se ordena el cierre provisional de su hoja registral y, transcurrido un año sin reapertura, la cancelación de su inscripción.

El concurso se califica como fortuito o culpable (art. 441). Es culpable cuando en la generación o agravación de la insolvencia ha mediado dolo o culpa grave del deudor, sus representantes legales o, en persona jurídica, sus administradores o liquidadores de derecho o de hecho, directores generales y quienes lo fueran en los dos años anteriores (art. 442).

Supuestos de culpabilidad en todo caso (art. 443): alzamiento de bienes o actos que dificulten un embargo; salida fraudulenta de bienes en los dos años anteriores; simulación de una situación patrimonial ficticia; inexactitud grave o documentos falsos en el procedimiento; incumplimiento sustancial de la contabilidad, doble contabilidad o irregularidad relevante; y apertura de oficio de la liquidación por incumplimiento del convenio imputable al concursado.

Presunciones de culpabilidad, salvo prueba en contrario (art. 444): incumplir el deber de solicitar el concurso; incumplir el deber de colaboración o no asistir a la junta cuando su participación fuera determinante; y, en alguno de los tres últimos ejercicios, no formular las cuentas, no auditarlas debiendo hacerlo o no depositarlas. Son cómplices quienes cooperaron con dolo o culpa grave (art. 445).

Sección sexta: se forma en el auto que pone fin a la fase común (art. 446); los acreedores pueden alegar durante el plazo de comunicación de créditos (art. 447) y la administración concursal presenta su informe en los quince días siguientes a la presentación del inventario y la lista provisionales (art. 448).

Sentencia culpable (art. 455): determina las personas afectadas y los cómplices; inhabilitación de las personas naturales afectadas para administrar bienes ajenos y representar de dos a quince años; pérdida de sus derechos como acreedores concursales o de la masa; devolución de lo indebidamente obtenido; indemnización de daños, con o sin solidaridad. Si se formó por la liquidación, puede condenar a la cobertura del déficit a administradores, liquidadores o directores generales en la medida en que su conducta generó o agravó la insolvencia (art. 456). Se inscribe en el Registro público concursal (art. 457) y las inhabilitaciones en varios concursos se suman (art. 458).