CA-14. El dominio público, el patrimonio de los entes públicos y la AEAT

El art. 132 CE ordena regular por ley el régimen de los bienes de dominio público y comunales, inspirándose en la inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, y su desafectación. Son demaniales estatales en todo caso la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental. También por ley se regulan el Patrimonio del Estado y el Patrimonio Nacional.

La Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, establece las bases del régimen patrimonial de todas las Administraciones y regula la administración, defensa y conservación del Patrimonio del Estado (art. 1). A CCAA y entes locales solo se les aplican los preceptos que indica la disposición final segunda (art. 2).

Patrimonio (art. 3): conjunto de bienes y derechos de las Administraciones, cualquiera que sea su naturaleza y título de adquisición. No incluye el dinero, valores, créditos y demás recursos financieros de su hacienda.

Demaniales (art. 5): de titularidad pública y afectados al uso general o al servicio público, y los que una ley declare expresamente demaniales; en todo caso, los del art. 132.2 CE y los inmuebles de la AGE en que se alojen servicios, oficinas o dependencias de sus órganos o de los órganos constitucionales. Se rigen por sus leyes especiales, y en su defecto por la Ley 33/2003; supletoriamente, Derecho administrativo y, en su defecto, privado.

Patrimoniales (art. 7): los de titularidad pública que no sean demaniales. En todo caso: derechos de arrendamiento, acciones y participaciones en sociedades mercantiles, obligaciones, futuros y opciones sobre acciones y derechos de propiedad incorporal. Supletoriamente: Derecho administrativo para competencia y procedimiento; Derecho privado para lo demás.

Patrimonio del Estado (art. 9): el de la AGE y de sus organismos públicos; su gestión corresponde al Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General del Patrimonio del Estado.

Principios del dominio público (art. 6): inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad; adecuación y suficiencia; aplicación efectiva al uso o servicio; dedicación preferente al uso común frente al privativo; ejercicio diligente de prerrogativas; identificación mediante inventarios; cooperación entre Administraciones.

Principios de los patrimoniales (art. 8): eficiencia y economía; eficacia y rentabilidad; publicidad, transparencia, concurrencia y objetividad; inventarios; colaboración; y coadyuvar a las políticas públicas, en particular la de vivienda.

Disponibilidad (art. 30): los demaniales son inalienables, imprescriptibles e inembargables; los patrimoniales pueden enajenarse y adquirirse por prescripción por terceros, pero son inembargables cuando estén materialmente afectados a un servicio o función pública, sus rendimientos estén afectados a fines determinados o sean títulos de sociedades estatales que ejecuten políticas públicas.

Transacción y arbitraje (art. 31): solo mediante real decreto acordado en Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Hacienda, previo dictamen del Consejo de Estado en pleno.

Modos de adquirir (art. 15): por atribución de la ley, a título oneroso (con o sin expropiación), por herencia, legado o donación, por prescripción y por ocupación. Salvo disposición en contrario, se adquieren con carácter patrimonial (art. 16).

Inmuebles vacantes (art. 17): pertenecen a la AGE por ministerio de la ley, sin necesidad de acto alguno; si hay un poseedor a título de dueño, la AGE debe acudir al orden civil.

Saldos y depósitos abandonados (art. 18): corresponden a la AGE si no ha habido gestión alguna en veinte años; el efectivo se destina a programas para personas con discapacidad y accesibilidad universal.

Expropiación (art. 24): la afectación al fin se entiende implícita.

Inventario (art. 32): las Administraciones están obligadas a inventariar sus bienes y derechos con detalle suficiente; el Estado lleva el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado.

Art. 41: investigar, deslindar en vía administrativa, recuperar de oficio la posesión y desahuciar en vía administrativa a los poseedores de inmuebles demaniales. Las cuestiones civiles que se susciten corresponden al orden civil. Las entidades públicas empresariales solo pueden ejercerlas respecto de bienes demaniales.

Investigación (arts. 45-48): para determinar la titularidad cuando no conste con certeza; en la AGE la acuerda y resuelve el Director General del Patrimonio del Estado; premio del 10 % del valor al denunciante particular si los bienes se incorporan.

Deslinde (art. 50): cuando los límites sean imprecisos o haya indicios de usurpación; iniciado, no puede instarse procedimiento judicial con igual pretensión.

Recuperación posesoria (art. 55): demaniales en cualquier tiempo; patrimoniales solo si el inicio se notifica antes de un año desde el día siguiente a la usurpación (después, vía civil). Requerimiento con plazo no superior a ocho días; multas coercitivas de hasta el 5 % del valor, reiteradas cada ocho días (art. 56).

Desahucio administrativo (arts. 58-60): solo para demaniales cuando decae el título; exige la previa declaración de extinción o caducidad del título; plazo de desalojo no superior a ocho días; competente el ministro o el presidente o director del organismo.

Afectación (art. 65): vincula el bien a un uso general o servicio público y lo integra en el dominio público. Debe hacerse por acto expreso salvo que derive de norma con rango de ley (art. 66.1); producen el mismo efecto la utilización pública, notoria y continuada, la usucapión con actos posesorios vinculados al uso o servicio, la expropiación y la aprobación por el Consejo de Ministros de planes o proyectos (art. 66.2).

Desafectación (art. 69): los demaniales pasan a patrimoniales al dejar de destinarse al uso o servicio; debe ser siempre expresa salvo los supuestos legales. En los departamentos ministeriales la acuerda el Ministro de Hacienda (art. 70).

Mutación demanial (art. 71): desafectación con simultánea afectación a otro uso o servicio de la AGE o sus organismos; expresa, salvo reestructuración orgánica.

Adscripción (art. 73): bienes patrimoniales de la AGE adscritos a organismos públicos; lleva implícita la afectación y no altera la titularidad.

Nadie puede ocupar o usar el dominio público más allá del uso de todos sin título habilitante (art. 84).

Tipos de uso (art. 85): común (por igual e indistintamente a todos; el uso de unos no impide el de otros); aprovechamiento especial (sin impedir el uso común, hay peligrosidad, intensidad, preferencia por escasez o rentabilidad singular); privativo (ocupación de una porción que limita o excluye a otros).

Títulos (art. 86): uso común libre; aprovechamiento especial y uso privativo con instalaciones desmontables o bienes muebles: autorización, o concesión si excede de cuatro años; uso privativo con obras o instalaciones fijas: concesión.

Autorizaciones (art. 92): directas salvo número limitado (concurrencia o sorteo); intransmisibles si se otorgan por circunstancias personales o en número limitado; plazo máximo cuatro años con prórrogas; revocables sin indemnización por las causas del art. 92.4.

Concesiones (art. 93): en régimen de concurrencia (adjudicación directa excepcional); se formalizan en documento administrativo, título para el Registro de la Propiedad; plazo máximo 75 años incluidas prórrogas. Otorgan autorizaciones y concesiones los ministros o presidentes o directores de organismos (art. 95). Extinción (art. 100): muerte o extinción de la persona jurídica, caducidad, rescate previa indemnización, mutuo acuerdo, falta de pago del canon, desaparición del bien, desafectación…

Explotación (art. 106): mediante cualquier negocio típico o atípico; contratos de no más de 20 años con prórrogas, salvo causas excepcionales.

Enajenación (arts. 131-137): de los bienes no necesarios; por cualquier negocio oneroso (la gratuidad solo mediante cesión); aplazamiento de pago hasta 10 años con garantía e interés no inferior al legal. Inmuebles de la AGE: los enajena el Ministro de Hacienda (tramita la DGPE); si la tasación supera 20 millones de euros, autoriza el Consejo de Ministros. Formas: subasta, concurso o adjudicación directa (esta, entre otros casos, cuando el adquirente sea otra Administración o entidad del sector público).

Cesión gratuita (arts. 145-146): bienes cuya afectación o explotación no se juzgue previsible, para fines de utilidad pública o interés social, a CCAA, entidades locales, fundaciones públicas o asociaciones de utilidad pública (la propiedad, solo a CCAA, entes locales o fundaciones públicas). La acuerda el Ministro de Hacienda; a fundaciones públicas y asociaciones, el Consejo de Ministros.

Permuta (art. 153): cuando convenga al interés público y la diferencia de valor no supere el 50 % del de mayor valor; si es mayor, se tramita como enajenación con pago en especie.

Creada por el art. 103 de la Ley 31/1990, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, como ente de Derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, adscrito al Ministerio de Hacienda a través de la Secretaría de Estado de Hacienda.

Misión: es la organización responsable, en nombre y por cuenta del Estado, de la aplicación efectiva del sistema tributario estatal y del aduanero y de los recursos de otras Administraciones o de la UE que se le encomienden por ley o convenio. Gestiona los tributos cedidos cuando las leyes de cesión lo atribuyan al Estado, entregando la recaudación a la comunidad autónoma. Auxilia a jueces, tribunales y Ministerio Fiscal en la persecución de delitos públicos.

Régimen jurídico: en sus funciones públicas, Ley General Tributaria y Ley de Procedimiento; contratación con principios de publicidad y concurrencia en régimen de Derecho privado. Sus actos en materias reclamables van a la vía económico-administrativa (reposición potestativa); el resto agota la vía administrativa. Resuelve sus procedimientos de responsabilidad patrimonial. Mismo tratamiento fiscal que el Estado.

Los créditos y la recaudación de los tributos estatales gestionados forman parte del Tesoro Público y se ingresan en su cuenta en el Banco de España.

Órganos rectores: el Presidente (el Secretario de Estado de Hacienda o quien designe el Gobierno, con rango de Secretario de Estado) y el Director General (rango de Subsecretario, nombrado por el Gobierno). El Presidente ejerce la superior dirección y la representación legal, aprueba la RPT, la oferta de empleo, el Plan de Actuaciones y la estructura orgánica; el Director General dirige la ejecución del Plan y la jefatura superior del personal.

Organización: Departamentos centrales con rango de dirección general (Gestión Tributaria, Inspección Financiera y Tributaria, Recaudación, Aduanas e Impuestos Especiales, Informática Tributaria y Recursos Humanos); órganos territoriales: Delegaciones Especiales, Delegaciones, Administraciones, Administraciones de Aduanas e Impuestos Especiales y Administraciones de asistencia Digital Integral.

Personal: Derecho administrativo o laboral; sigilo riguroso, cuya infracción es falta grave; el personal de los grupos A y B adscrito no puede obtener compatibilidad salvo profesor universitario asociado e investigación o asesoramiento; la selección de A y B se hace a través de la Escuela de Hacienda Pública.

Financiación: transferencias de los PGE, un porcentaje de la recaudación derivada de sus actos de liquidación y gestión (fijado cada año en la Ley de Presupuestos), ingresos por servicios a otras Administraciones, rendimientos de su patrimonio, préstamos por desfases de tesorería y otros ingresos.

Presupuesto: limitativo por su importe global y estimativo en su distribución (salvo personal, subvenciones nominativas y atenciones protocolarias). Control: control financiero permanente exclusivo de la IGAE, sin fiscalización previa de los actos de gestión tributaria. Servicio jurídico propio de Abogados del Estado; servicio de auditoría interna; y una Unidad policial contra el fraude fiscal dependiente orgánicamente del Ministerio del Interior.