CA-1. La Constitución Española de 1978 y los órganos constitucionales

Aprobada por las Cortes y ratificada por el pueblo español en referéndum, se publicó en el BOE núm. 311, de 29 de diciembre de 1978 y, según su disposición final, entró en vigor el mismo día de su publicación. Se publica también en las demás lenguas de España.

Características que el tribunal da por sabidas: es escrita y extensa (169 artículos), de consenso, rígida (solo se reforma por los procedimientos agravados del Título X, arts. 166-169) y norma suprema: ciudadanos y poderes públicos están sujetos a ella (art. 9.1). Define el Estado como social y democrático de Derecho y la forma política como Monarquía parlamentaria (art. 1).

Estructura: Preámbulo; Título preliminar (arts. 1-9); Título I derechos y deberes fundamentales (10-55); II Corona (56-65); III Cortes Generales (66-96); IV Gobierno y Administración (97-107); V relaciones Gobierno-Cortes (108-116); VI Poder Judicial (117-127); VII Economía y Hacienda (128-136); VIII organización territorial (137-158); IX Tribunal Constitucional (159-165); X reforma constitucional (166-169).

Parte final: 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, 1 derogatoria (deroga, entre otras, la Ley 1/1977 para la Reforma Política y las Leyes Fundamentales del régimen anterior) y 1 final.

Art. 1: Estado social y democrático de Derecho; valores superiores: libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Forma política: Monarquía parlamentaria.

Art. 2: indisoluble unidad de la Nación española y derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones y solidaridad entre ellas. Art. 3: el castellano es la lengua oficial del Estado (deber de conocerla y derecho a usarla); las demás lenguas son cooficiales en sus CCAA según los Estatutos.

Art. 4: bandera roja, amarilla y roja, con la amarilla de doble anchura que cada roja. Art. 5: capital, la villa de Madrid. Arts. 6 y 7: partidos políticos, sindicatos y asociaciones empresariales: creación y actividad libres, estructura interna y funcionamiento democráticos. Art. 8: Fuerzas Armadas (Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire); sus bases de organización, por ley orgánica.

Art. 9.3 garantiza: legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Art. 10: la dignidad de la persona es fundamento del orden político y de la paz social; los derechos se interpretan conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados ratificados por España.

Capítulo I (11-13): ningún español de origen puede ser privado de la nacionalidad; mayoría de edad a los 18 años; los extranjeros solo pueden tener sufragio activo y pasivo en elecciones municipales (por tratado o ley y con reciprocidad); la extradición excluye los delitos políticos, pero el terrorismo no se considera delito político.

Capítulo II: el art. 14 (igualdad) va suelto, antes de las secciones. Sección 1.ª (15-29), derechos fundamentales y libertades públicas: vida (pena de muerte abolida salvo leyes penales militares en tiempo de guerra), libertad religiosa (ninguna confesión estatal), libertad personal (detención preventiva máx. 72 horas, habeas corpus), honor e intimidad (domicilio inviolable salvo consentimiento, resolución judicial o flagrante delito), residencia y circulación, expresión (sin censura previa; secuestro solo por resolución judicial), reunión (sin autorización previa; comunicación previa en lugares de tránsito público), asociación (registro a los solos efectos de publicidad; disolución solo por resolución judicial motivada; prohibidas las secretas y paramilitares), participación política, tutela judicial efectiva, legalidad penal (la Administración civil no puede imponer sanciones privativas de libertad), prohibición de Tribunales de Honor, educación, sindicación y huelga, y petición.

Sección 2.ª (30-38), derechos y deberes de los ciudadanos: defensa de España y objeción de conciencia, deber de contribuir (sistema tributario justo, igualdad, progresividad, no confiscatorio), matrimonio, propiedad y herencia, fundación, trabajo, colegios profesionales, negociación colectiva y libertad de empresa.

Capítulo III (39-52), principios rectores de la política social y económica: familia e hijos, pleno empleo, Seguridad Social pública, salud, cultura, medio ambiente, patrimonio histórico, vivienda, juventud, personas con discapacidad (art. 49, redacción vigente), tercera edad, consumidores. No son derechos directamente exigibles: informan la legislación, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos y solo se alegan ante la jurisdicción ordinaria según las leyes que los desarrollen (art. 53.3).

Art. 53: los derechos del Capítulo II vinculan a todos los poderes públicos y su ejercicio solo se regula por ley que respete su contenido esencial (control vía recurso de inconstitucionalidad). Para el art. 14 y la Sección 1.ª: procedimiento preferente y sumario ante los tribunales ordinarios y recurso de amparo ante el TC, aplicable también a la objeción de conciencia (art. 30).

Art. 54: el Defensor del Pueblo, regulado por ley orgánica, es alto comisionado de las Cortes Generales, designado por ellas para defender los derechos del Título I; puede supervisar la Administración dando cuenta a las Cortes.

Art. 55.1: en estado de excepción o sitio pueden suspenderse los arts. 17, 18.2 y 18.3, 19, 20.1 a) y d) y 20.5, 21, 28.2 y 37.2; en el estado de excepción no se suspende el art. 17.3 (derechos del detenido). Art. 55.2: suspensión individual de los arts. 17.2 y 18.2-3 por ley orgánica, con intervención judicial y control parlamentario, para investigaciones sobre bandas armadas o elementos terroristas. El estado de alarma no permite suspender derechos por esta vía.

Art. 56: el Rey es Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones y asume la más alta representación del Estado en las relaciones internacionales. Su persona es inviolable y no está sujeta a responsabilidad; sus actos se refrendan y sin refrendo carecen de validez, salvo lo previsto en el art. 65.2.

Sucesión (art. 57): Corona hereditaria en los sucesores de Don Juan Carlos I; orden de primogenitura y representación: línea anterior a las posteriores; en la misma línea, grado más próximo; en el mismo grado, el varón a la mujer; en el mismo sexo, la persona de más edad. El heredero es Príncipe de Asturias. Extinguidas las líneas, proveen las Cortes Generales. Quien se case contra la expresa prohibición del Rey y de las Cortes queda excluido con sus descendientes. Abdicaciones, renuncias y dudas de sucesión: ley orgánica.

Consorte (art. 58): no asume funciones constitucionales, salvo lo dispuesto para la Regencia.

Regencia (art. 59): por minoría de edad del Rey: padre o madre y, en su defecto, el pariente mayor de edad más próximo a suceder. Por inhabilitación reconocida por las Cortes: el Príncipe heredero si es mayor de edad. Si no hay nadie, la nombran las Cortes y se compone de una, tres o cinco personas. Requisitos: español y mayor de edad; se ejerce por mandato constitucional y siempre en nombre del Rey.

Tutela (art. 60): la persona nombrada en el testamento del Rey difunto (mayor de edad y español de nacimiento); si no, el padre o la madre mientras permanezcan viudos; en su defecto, las Cortes. Regente y tutor solo se acumulan en padre, madre o ascendientes directos. La tutela es incompatible con todo cargo o representación política.

Art. 61: el Rey jura ante las Cortes al ser proclamado; el Príncipe heredero jura al alcanzar la mayoría de edad y el Regente al asumir sus funciones (además, fidelidad al Rey).

Art. 62: sancionar y promulgar las leyes; convocar y disolver las Cortes y convocar elecciones; convocar referéndum; proponer el candidato a Presidente del Gobierno, nombrarlo y poner fin a sus funciones; nombrar y separar a los miembros del Gobierno a propuesta de su Presidente; expedir los decretos del Consejo de Ministros; ser informado de los asuntos de Estado y presidir el Consejo de Ministros cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente del Gobierno; mando supremo de las Fuerzas Armadas; derecho de gracia (la ley no puede autorizar indultos generales); el Alto Patronazgo de la letra j).

Art. 63: acredita a los embajadores; manifiesta el consentimiento del Estado para obligarse por tratados; declara la guerra y hace la paz previa autorización de las Cortes Generales.

Refrendo (art. 64): lo prestan el Presidente del Gobierno y, en su caso, los ministros competentes; pero la propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno y la disolución del art. 99 los refrenda el Presidente del Congreso. Responden de los actos del Rey quienes los refrendan.

Art. 65: el Rey recibe de los Presupuestos una cantidad global para su Familia y Casa y la distribuye libremente; nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su Casa (actos sin refrendo).

Art. 66: representan al pueblo español; formadas por Congreso y Senado (bicameralismo imperfecto); ejercen la potestad legislativa, aprueban los Presupuestos, controlan al Gobierno; son inviolables.

Congreso (art. 68): mínimo 300 y máximo 400 diputados; circunscripción: la provincia; Ceuta y Melilla, un diputado cada una; representación proporcional; mandato de 4 años. Elecciones entre 30 y 60 días desde la terminación del mandato; el Congreso electo se convoca dentro de los 25 días siguientes a las elecciones.

Senado (art. 69): Cámara de representación territorial. 4 senadores por provincia; islas mayores (Gran Canaria, Mallorca y Tenerife) 3; resto de islas con Cabildo o Consejo (Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma) 1; Ceuta y Melilla 2 cada una; y las CCAA designan 1 más otro por cada millón de habitantes (lo decide la Asamblea legislativa). Mandato de 4 años.

Estatuto (arts. 67, 70 y 71): nadie puede ser miembro de las dos Cámaras ni acumular el acta autonómica con la de diputado; no hay mandato imperativo. Causas de inelegibilidad e incompatibilidad mínimas: miembros del TC, altos cargos (salvo miembros del Gobierno), Defensor del Pueblo, jueces y fiscales en activo, militares y policías en activo, miembros de Juntas Electorales. Inviolabilidad por opiniones; inmunidad: solo detenidos en flagrante delito y no inculpados ni procesados sin autorización de la Cámara; aforamiento ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Autonomía (art. 72): cada Cámara aprueba su Reglamento (votación final de totalidad por mayoría absoluta) y su presupuesto; elige a su Presidente y Mesa. Las sesiones conjuntas las preside el Presidente del Congreso con un Reglamento de las Cortes aprobado por mayoría absoluta de cada Cámara.

Periodos de sesiones (art. 73): dos ordinarios, septiembre-diciembre y febrero-junio. Extraordinarias: a petición del Gobierno, la Diputación Permanente o la mayoría absoluta de los miembros de una Cámara, con orden del día cerrado.

Art. 74.2: las decisiones de los arts. 94.1 (tratados), 145.2 (convenios entre CCAA) y 158.2 (Fondo de Compensación) se adoptan por mayoría de cada Cámara; el procedimiento empieza en el Congreso en el primer caso y en el Senado en los otros dos; sin acuerdo, Comisión Mixta y, en último término, decide el Congreso por mayoría absoluta.

Comisiones: las Legislativas Permanentes pueden recibir delegación para aprobar leyes, salvo reforma constitucional, cuestiones internacionales, leyes orgánicas y de bases y Presupuestos (art. 75.3). Comisiones de investigación: conclusiones no vinculantes para los Tribunales; comparecer es obligatorio (art. 76).

Diputación Permanente (art. 78): en cada Cámara, mínimo 21 miembros, presidida por el Presidente de la Cámara; actúa cuando la Cámara está disuelta o con mandato expirado (decretos-leyes, estados excepcionales) y vela por sus poderes cuando no está reunida.

Quórum y mayorías (arts. 79-80): acuerdos con asistencia de la mayoría de los miembros y aprobados por mayoría de los presentes; voto personal e indelegable; plenos públicos salvo acuerdo en contrario por mayoría absoluta o según el Reglamento.

Leyes orgánicas (art. 81): desarrollo de derechos fundamentales y libertades públicas, Estatutos de Autonomía, régimen electoral general y demás previstas en la CE. Aprobación, modificación o derogación: mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto.

Legislación delegada (arts. 82-85): las Cortes delegan en el Gobierno (nunca en materias de ley orgánica). Ley de bases → textos articulados; ley ordinaria → textos refundidos. Delegación expresa, para materia concreta y con plazo; se agota con su uso; prohibida la delegación implícita, por tiempo indeterminado o la subdelegación. Las leyes de bases no pueden autorizar su propia modificación ni dictar normas retroactivas. Toman el nombre de Decretos Legislativos.

Decretos-leyes (art. 86): por extraordinaria y urgente necesidad; no pueden afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades del Título I, al régimen de las CCAA ni al Derecho electoral general. El Congreso debe convalidarlos o derogarlos en los 30 días siguientes a su promulgación; en ese plazo pueden tramitarse como proyecto de ley por urgencia.

Iniciativa (art. 87): Gobierno, Congreso y Senado; las Asambleas de las CCAA pueden pedir al Gobierno un proyecto o remitir a la Mesa del Congreso una proposición (con hasta 3 miembros para defenderla); iniciativa popular: no menos de 500.000 firmas, excluida en materias de ley orgánica, tributarias, de carácter internacional y prerrogativa de gracia. Los proyectos los aprueba el Consejo de Ministros; las proposiciones tomadas en consideración por el Senado se remiten al Congreso.

Fase senatorial (art. 90): el Senado tiene dos meses para vetar (mayoría absoluta) o enmendar; 20 días naturales si el proyecto es urgente. El Congreso levanta el veto por mayoría absoluta o, pasados dos meses, por mayoría simple; las enmiendas se aceptan o no por mayoría simple.

Sanción (art. 91): el Rey sanciona en 15 días, promulga y ordena la publicación. Referéndum consultivo (art. 92): lo convoca el Rey a propuesta del Presidente del Gobierno, previa autorización del Congreso.

Tratados: por ley orgánica se autorizan los que atribuyen competencias derivadas de la CE a organizaciones internacionales (art. 93). Autorización previa de las Cortes (art. 94.1): tratados políticos, militares, que afecten a la integridad territorial o a los derechos del Título I, que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública o que modifiquen leyes o exijan medidas legislativas. Los demás: información inmediata a las Cámaras. Si un tratado contradice la CE, exige revisión constitucional previa y el Gobierno o cualquiera de las Cámaras puede requerir al TC (art. 95). Los tratados publicados forman parte del ordenamiento interno (art. 96).

Funciones (art. 97 CE y art. 1 Ley 50/1997): dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado; ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria.

Composición: Presidente, Vicepresidentes en su caso, Ministros y demás miembros que establezca la ley (art. 98 CE); la Ley del Gobierno lo concreta en Presidente, Vicepresidente(s) y Ministros, que se reúnen en Consejo de Ministros y Comisiones Delegadas. Pueden existir ministros sin cartera. Las deliberaciones del Consejo de Ministros y de las Comisiones Delegadas son secretas; actúa como Secretario del Consejo el Ministro de la Presidencia.

Investidura (art. 99): tras cada renovación del Congreso, el Rey, previa consulta con los grupos y a través del Presidente del Congreso, propone candidato; este expone su programa; confianza por mayoría absoluta o, en nueva votación 48 horas después, por mayoría simple. Si en dos meses desde la primera votación nadie la obtiene, el Rey disuelve ambas Cámaras con refrendo del Presidente del Congreso.

Cese (art. 101): tras elecciones generales, por pérdida de confianza parlamentaria, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente; el Gobierno cesante sigue en funciones hasta la toma de posesión del nuevo. Responsabilidad criminal (art. 102): ante la Sala de lo Penal del TS; acusación por traición o delito contra la seguridad del Estado: iniciativa de 1/4 de los diputados y aprobación por mayoría absoluta del Congreso; no cabe indulto.

Ley 50/1997: requisitos de acceso: español, mayor de edad, sufragio activo y pasivo, no inhabilitado por sentencia firme e idoneidad de la Ley 3/2015. Suplencia del Presidente: Vicepresidentes por orden de prelación y, en su defecto, Ministros por orden de precedencia de los Departamentos. Paridad: cada sexo, mínimo 40 % de Vicepresidencias y Ministerios en su conjunto. Gobierno en funciones: se limita al despacho ordinario; su Presidente no puede proponer la disolución, plantear la cuestión de confianza ni proponer un referéndum consultivo; el Gobierno no puede aprobar el proyecto de Presupuestos ni presentar proyectos de ley; las delegaciones legislativas quedan en suspenso.

El Gobierno responde solidariamente de su gestión política ante el Congreso (art. 108). Las Cámaras pueden recabar información, reclamar la presencia de los ministros y someterlos a interpelaciones y preguntas (tiempo mínimo semanal); toda interpelación puede dar lugar a una moción (arts. 109-111).

Cuestión de confianza (art. 112): la plantea el Presidente, previa deliberación del Consejo de Ministros, sobre su programa o una declaración de política general; se otorga por mayoría simple. Si se niega, el Gobierno dimite y se abre el art. 99 (art. 114.1).

Moción de censura (art. 113): mayoría absoluta, propuesta por al menos 1/10 de los diputados e incluyendo candidato (constructiva); no se vota hasta pasados 5 días; en los 2 primeros caben mociones alternativas; si fracasa, sus firmantes no pueden presentar otra en el mismo periodo de sesiones. Si prospera, el candidato queda investido y el Rey lo nombra.

Disolución (art. 115): el Presidente, previa deliberación del Consejo de Ministros y bajo su exclusiva responsabilidad, propone la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes; el decreto fija la fecha de las elecciones. No cabe con una moción de censura en trámite ni antes de un año desde la anterior (salvo art. 99.5).

Estados (art. 116): alarma: el Gobierno por decreto en Consejo de Ministros, máximo 15 días, dando cuenta al Congreso, cuya autorización es necesaria para prorrogar. Excepción: el Gobierno previa autorización del Congreso, máximo 30 días prorrogables por otros 30. Sitio: lo declara la mayoría absoluta del Congreso a propuesta exclusiva del Gobierno. Mientras rigen, no puede disolverse el Congreso.

Art. 117: la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. La potestad jurisdiccional (juzgar y hacer ejecutar lo juzgado) corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales. Unidad jurisdiccional; jurisdicción militar solo en el ámbito estrictamente castrense y en estado de sitio; prohibidos los Tribunales de excepción.

Arts. 118-121: obligación de cumplir las resoluciones firmes; justicia gratuita cuando lo diga la ley y siempre para quien acredite insuficiencia de recursos; actuaciones públicas, procedimiento predominantemente oral, sobre todo en materia criminal, sentencias siempre motivadas y en audiencia pública; indemnización a cargo del Estado por error judicial o funcionamiento anormal.

CGPJ (art. 122 CE y arts. 566-568 LOPJ): órgano de gobierno del Poder Judicial; Presidente del TS (que lo preside) + 20 vocales nombrados por el Rey por 5 años: 12 entre jueces y magistrados, 4 a propuesta del Congreso y 4 del Senado (3/5) entre juristas con más de 15 años de ejercicio. La LOPJ atribuye a cada Cámara la elección de 10 vocales (6 del turno judicial y 4 juristas) por 3/5.

Tribunal Supremo (art. 123): jurisdicción en toda España, órgano superior en todos los órdenes salvo garantías constitucionales; su Presidente lo nombra el Rey a propuesta del CGPJ. Ministerio Fiscal (art. 124): unidad de actuación y dependencia jerárquica, con sujeción a legalidad e imparcialidad; el Fiscal General del Estado lo nombra el Rey a propuesta del Gobierno, oído el CGPJ.

Arts. 125-127: acción popular y Jurado; la policía judicial depende de Jueces, Tribunales y Ministerio Fiscal; jueces, magistrados y fiscales en activo no pueden pertenecer a partidos ni sindicatos (sí a asociaciones profesionales). En su redacción vigente, la LOPJ (art. 26) enumera como órganos: jueces de paz, Tribunales de Instancia, Audiencias Provinciales, TSJ, Tribunal Central de Instancia, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo.

Composición (art. 159 CE; arts. 5-18 LOTC): 12 magistrados nombrados por el Rey: 4 a propuesta del Congreso y 4 del Senado (3/5), 2 del Gobierno y 2 del CGPJ; juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio; mandato de 9 años, renovación por terceras partes cada 3; independientes e inamovibles. Incompatibles con todo mandato representativo, cargos políticos o administrativos, funciones directivas en partidos o sindicatos, carreras judicial y fiscal y actividad profesional o mercantil.

Presidente (art. 160 CE; art. 9 LOTC): elegido por el Pleno en votación secreta y nombrado por el Rey por 3 años, reelegible una sola vez. Hay un Vicepresidente que preside la Sala Segunda. El TC actúa en Pleno, dos Salas de seis magistrados y Secciones (Presidente y dos magistrados).

Competencias (art. 161): recurso de inconstitucionalidad, recurso de amparo, conflictos de competencia Estado-CCAA, impugnación por el Gobierno de disposiciones y resoluciones autonómicas (art. 161.2: suspensión automática que el TC ratifica o levanta en 5 meses) y las demás que le atribuyan la CE o leyes orgánicas (conflictos entre órganos constitucionales, autonomía local, control previo de tratados y de Estatutos...).

Legitimación (art. 162): recurso de inconstitucionalidad: Presidente del Gobierno, Defensor del Pueblo, 50 diputados, 50 senadores, órganos colegiados ejecutivos de las CCAA y sus Asambleas. Amparo: toda persona natural o jurídica con interés legítimo, Defensor del Pueblo y Ministerio Fiscal. La cuestión de inconstitucionalidad la plantea un órgano judicial y nunca tiene efectos suspensivos sobre la ley (art. 163).

Plazos LOTC: recurso de inconstitucionalidad, 3 meses desde la publicación (9 meses si se reúne la Comisión Bilateral); amparo contra actos parlamentarios sin valor de ley, 3 meses; contra el Gobierno o la Administración, 20 días tras agotar la vía judicial; contra actos judiciales, 30 días. La demanda de amparo debe justificar la especial trascendencia constitucional.

Sentencias (art. 164): se publican en el BOE con los votos particulares; cosa juzgada desde el día siguiente a su publicación; no cabe recurso alguno; las que declaran la inconstitucionalidad tienen plenos efectos frente a todos.

Iniciativa (art. 166): la del art. 87.1 y 2 (Gobierno, Congreso, Senado y Asambleas de las CCAA). No cabe iniciativa popular de reforma constitucional.

Procedimiento ordinario (art. 167): 3/5 de cada Cámara; sin acuerdo, Comisión paritaria de diputados y senadores; si aun así no se aprueba, basta la mayoría absoluta del Senado más 2/3 del Congreso. Referéndum solo si lo pide 1/10 de los miembros de cualquiera de las Cámaras dentro de los 15 días siguientes a la aprobación.

Procedimiento agravado (art. 168): para la revisión total o la parcial que afecte al Título preliminar, a la Sección 1.ª del Capítulo II del Título I o al Título II (Corona): aprobación del principio por 2/3 de cada Cámara, disolución inmediata de las Cortes, ratificación por las nuevas Cámaras, aprobación del nuevo texto por 2/3 de ambas y referéndum obligatorio.

Límite temporal (art. 169): no puede iniciarse la reforma en tiempo de guerra ni durante los estados de alarma, excepción o sitio.