TR-20. Aduana, deuda y regímenes aduaneros

El Reglamento (UE) 2026/2108 entró en vigor el día siguiente a su publicación de 19 de septiembre de 2026. Su aplicación general, incluida la derogación del CAU 952/2013, se fija para el 21 de septiembre de 2027, pero el artículo 287.3.f anticipa los artículos 175 y 179.4. Por eso las reglas generales de valoración descritas más adelante deben leerse con esta especialidad vigente al corte del 23 de octubre de 2026.

El artículo 175.1 determina el valor de transacción de las mercancías adquiridas mediante ventas a distancia sobre la base de tales ventas. Si el importador no disipa dudas razonables sobre si el valor declarado representa el precio total realmente pagado o por pagar, el artículo 179.4 permite a la aduana recurrir al método secundario adecuado para volver a determinarlo. Se conserva la posibilidad de que el importador aporte información en un plazo razonable para justificar la valoración por el orden del apartado 1. No se autoriza un valor arbitrario ni debe afirmarse que toda importación, incluidas estas ventas, sigue sin excepción una secuencia rígida. El artículo 180 contiene habilitaciones; por sí solo no fija un importe universal.

Toda persona puede nombrar representante. La representación directa se ejerce en nombre y por cuenta ajenos; la indirecta, en nombre propio y por cuenta ajena. La modalidad influye en quién es declarante y en la deuda del artículo 77: en representación indirecta son deudores el declarante y la persona por cuya cuenta declara. No debe trasladarse automáticamente a la deuda aduanera el régimen nacional de responsabilidad por IVA importado.

El representante debe declarar su condición y la modalidad. Si omite hacerlo o carece de poder, se considera que actúa por cuenta y nombre propios. El poder puede exigirse como prueba; al representante habitual no se le exige reiterarlo en cada ocasión si puede presentarlo cuando se le solicite. La regla de establecimiento es el territorio aduanero de la Unión, con las dispensas del artículo 18.2, no necesariamente el Estado de la aduana de entrada.

La deuda aduanera es obligación de pagar derechos de importación o exportación aplicables a mercancías específicas. No equivale a la suma de todos los impuestos nacionales que recaen sobre importar. En el artículo 77 nace al incluir mercancías no UE sujetas a derechos en libre práctica, incluido destino final, o importación temporal con exención parcial. El momento es la admisión de declaración, no la llegada física, el pago o el levante.

El artículo 79 contempla incumplimientos de obligaciones y condiciones. En obligaciones, importa cuándo se incumplen; en condiciones que faltaban al incluir la mercancía, puede retrotraerse a la admisión. Los deudores dependen del presupuesto: obligado a cumplir, participantes o poseedores con el conocimiento exigido, y suministradores de información falsa en las condiciones legales. No toda persona que interviene materialmente es deudor. Los derechos ya pagados por destino final o importación temporal se deducen conforme al artículo 80.

La deuda de exportación del artículo 81 requiere mercancías sujetas a derechos de exportación incluidas en exportación o perfeccionamiento pasivo. No se afirma que toda salida de mercancías devengue un arancel. Nace al admitir la declaración y, en representación indirecta, responde también la persona por cuya cuenta se declara. El artículo 82 regula incumplimientos de salida y de condiciones de exención; la salida efectiva sin declaración es uno de sus momentos de nacimiento.

Una prohibición o restricción no impide en general el nacimiento de deuda, con excepciones expresas para moneda falsa y determinados estupefacientes. La inexistencia de deuda no equivale a inexistencia de sanciones. Si hay varios deudores, la responsabilidad es conjunta y solidaria: el crédito no se duplica. La condonación tiene el efecto personal del artículo 124.5 y no libera indiscriminadamente a todos los demás obligados.

Las reglas de cálculo son las aplicables al nacer la deuda. Si el momento preciso no puede conocerse, se aplica la referencia subsidiaria del artículo 85, teniendo en cuenta la fecha anterior más temprana que pueda comprobarse. El lugar se determina conforme al artículo 87; en declaraciones importa su presentación, mientras los incumplimientos tienen reglas propias. Para ciertas deudas inferiores a 10.000 euros nacidas en otro Estado miembro opera la localización en el Estado de verificación.

El valor de transacción es la base principal: precio realmente pagado o por pagar para exportar a la Unión, ajustado y con condiciones. La vinculación no lo descarta si no influye en el precio. Las adiciones del artículo 71 exigen datos objetivos y cuantificables; transporte posterior a la entrada y otros elementos del artículo 72 quedan excluidos. Si falla el principal se pasa sucesivamente a idénticas, similares, método deductivo y calculado, con posibilidad de invertir estos dos últimos a solicitud. No se aplica un valor mínimo arbitrario ni se confunde valor en aduana con base del IVA importado.

Las garantías cubren deuda existente o potencial. Se exigen al deudor o potencial deudor, aunque pueda constituirlas un tercero. Su cobertura incluye los gravámenes que correspondan conforme al artículo 89, especialmente en tránsito o utilización en varios Estados. Cuando son obligatorias se fija el importe exacto determinable y, en otro caso, el más elevado estimado. La garantía global permite cubrir varias operaciones previa autorización; sus reducciones y dispensas tienen condiciones propias.

Son formas admisibles el depósito en metálico o equivalente, compromiso de fiador y otra seguridad equivalente. La elección puede rechazarse por incompatibilidad con el adecuado funcionamiento del régimen. El fiador es tercero establecido en la Unión y requiere aprobación, salvo entidades acreditadas comprendidas en la excepción. Si la garantía resulta insuficiente puede exigirse adicional o sustitución a elección del obligado. Garantizar no extingue la deuda y no obliga a la aduana a remunerar un depósito en metálico.

La autoridad competente determina los derechos y notifica la deuda. Si el importe exigible coincide con el declarado, el levante equivale a notificación. El plazo general para notificar es tres años desde el nacimiento, con ampliación entre cinco y diez años conforme al Derecho nacional en supuestos susceptibles de procedimiento penal y las suspensiones legales. No se equipara a una prescripción tributaria española genérica de cuatro años.

La contracción es la anotación correspondiente y tiene, en el supuesto ordinario del artículo 105.1, catorce días desde el levante; la acumulación garantizada no supera treinta y un días. El pago ordinario tiene el plazo fijado por aduana con máximo de diez días desde la notificación. El aplazamiento del artículo 110 utiliza treinta días con sus reglas de cómputo, mientras otras facilidades pueden generar interés de crédito. No se inventa el tipo BCE: se consulta el aplicable a la fecha relevante y se añade el diferencial legal.

Devolver supone reembolsar lo pagado; condonar, dispensar un importe pendiente. Los motivos generales son cobro excesivo, mercancías defectuosas o contrarias al contrato, error de autoridades y equidad, además de la devolución por invalidación en sus términos. El fraude del deudor impide esos beneficios. El error de la autoridad exige no haber podido detectarlo razonablemente y buena fe; la equidad requiere circunstancias especiales sin fraude ni negligencia manifiesta.

La solicitud por exceso, error o equidad tiene tres años desde notificación; por mercancía defectuosa, uno. No se cuenta siempre desde el nacimiento o el pago. El umbral ordinario de diez euros no impide devolver menos si lo pide el interesado. El pago extingue la deuda; prestar garantía o presentar un recurso no equivale a extinguirla. Una devolución concedida erróneamente puede restablecer la deuda inicial dentro de los límites del artículo 103.

La inclusión exige declaración apropiada salvo zona franca conforme al artículo 158. La normal contiene los datos necesarios para aplicar el régimen; los justificantes deben estar en posesión del declarante y disponibles al presentar, con la regla específica de ventanilla única del artículo 163. La declaración simplificada puede omitir algunos datos o justificantes, pero su uso habitual requiere autorización.

La complementaria completa los datos necesarios y puede ser global, periódica o recapitulativa; existen dispensas tasadas. La facultad de declarar exige poder aportar información y presentar o hacer presentar las mercancías. Si surgen obligaciones particulares para alguien, debe declarar él o su representante. La regla de establecimiento del declarante tiene excepciones legales, entre ellas tránsito e importación temporal. Las declaraciones deben autentificarse. Ni simplificar ni utilizar medios electrónicos elimina la responsabilidad por exactitud y cumplimiento.

Puede presentarse declaración antes de los bienes, pero si no se presentan en treinta días se tiene por no presentada. La admisión requiere cumplimiento de condiciones y presentación de las mercancías. Rectificar datos no permite sustituir las mercancías por otras. Tras el levante existe la posibilidad específica de rectificación solicitada en tres años para cumplir obligaciones del régimen; no debe confundirse con invalidación, cuya regla general después del levante admite solo excepciones previstas.

La aduana puede examinar documentos y mercancías y tomar muestras. Los resultados parciales se aplican a la declaración, considerando cada partida de orden como declaración separada y los derechos de nuevo examen. El levante puede concederse tras comprobación o aceptación sin comprobación cuando se cumplen las condiciones. Si nace deuda se supedita a pago o garantía con las salvedades legales. No se exige reconocimiento físico completo de todos los envíos ni se atribuye al levante el nacimiento ordinario de la deuda.

La libre práctica permite incorporar mercancías no UE al circuito de mercancías de la Unión tras cumplir las exigencias correspondientes. No es sinónimo de depósito temporal. Los regímenes especiales agrupan tránsito, depósito, destinos especiales y perfeccionamiento: cada uno responde a una finalidad distinta. El activo transforma mercancías no UE dentro del territorio; el pasivo exporta temporalmente mercancías de la Unión para transformación exterior. La importación temporal no equivale a una compra definitiva y el destino final vincula el beneficio al uso previsto.

El corte de este tema es el 23 de octubre de 2026. La comprobación oficial de la reforma 2026/2108 y sus artículos 284 y 287 consta en docs/avance-31-32.md. Su entrada en vigor no anticipa al corte la aplicación general prevista para el 21 de septiembre de 2027. Las reglas de representación, deuda e inclusión aquí citadas son las del CAU 952/2013 aplicables al corte; no se presentan sus disposiciones como inmutables. Las habilitaciones y materias de aplicación anticipada requieren su propio examen temporal y no autorizan inventar tasas o tipos.